La Paz, 22 de mayo de 2026 (ANF).- La violencia obstétrica continúa siendo una práctica extendida y normalizada en Bolivia, según los resultados del estudio “Recuperar el Parto”, realizado por el Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO). La investigación revela que cerca del 60% de las mujeres bolivianas sufrieron algún tipo de maltrato durante la gestación, el parto o el posparto, una situación que impulsó la presentación del Proyecto de Ley de Parto Respetado ante la Cámara de Diputados.
La cofundadora del OVO en Bolivia, Anita Bertoldi, señaló que el sistema de salud materno opera bajo un modelo “deshumanizado”, donde prácticas contrarias a los derechos humanos y a la evidencia científica siguen siendo habituales en hospitales y centros médicos.
“En Bolivia la violencia obstétrica está naturalizada e invisibilizada”, afirmó Bertoldi a ANF al cuestionar que la Ley 348, que reconoce 16 formas de violencia contra las mujeres, no incluya de manera explícita esta problemática. A su juicio, esa ausencia legal contribuye a que las agresiones cometidas durante la atención médica no sean reconocidas ni denunciadas adecuadamente.
La activista recordó que desde 2001 existe la Resolución Ministerial 0496, que prohíbe las episiotomías rutinarias y garantiza derechos básicos durante el trabajo de parto, como la libertad de movimiento y la posibilidad de ingerir líquidos. Sin embargo, sostuvo que la normativa “no se cumple” en gran parte de los establecimientos de salud del país.
Frente a este panorama, el OVO impulsa el Proyecto de Ley de Parto Respetado con un enfoque integral basado en derechos humanos, interculturalidad y atención humanizada. La propuesta plantea incorporar saberes de parteras y médicos tradicionales, además de proteger el vínculo temprano entre la madre y el recién nacido.
Formas de violencia obstétrica
El estudio identifica tres principales formas de violencia obstétrica. La más frecuente es la psicológica, que afecta al 50% de las mujeres encuestadas y se expresa mediante gritos, humillaciones, insultos y comentarios despectivos relacionados con la sexualidad, la edad o la maternidad de las pacientes.
También se registraron casos de violencia física, que incluyen empujones, cachetadas e inmovilización forzada. Bertoldi denunció que alrededor del 16% de las mujeres son amarradas a la camilla durante el trabajo de parto, una práctica que contradice las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que promueve la libertad de movimiento como parte de una atención segura y respetuosa.
En cuanto a la violencia sexual, el informe reporta que un 3% de las mujeres sufrió insinuaciones, toques no consentidos o procedimientos innecesarios durante controles y partos. Aunque el porcentaje parece reducido, Bertoldi advirtió que representa “a miles de mujeres” afectadas por este tipo de agresiones.
El observatorio también alertó sobre el elevado número de intervenciones médicas consideradas innecesarias. Según los datos del estudio, el 50% de los nacimientos en Bolivia ocurre mediante cesárea, pese a que la OMS recomienda que este procedimiento no supere entre el 10% y el 15% de los partos.
Bertoldi sostuvo que muchas cesáreas responden a criterios económicos o de comodidad institucional antes que a razones médicas. “Se privilegia una cirugía programada de menos de una hora frente a un parto natural que puede tomar varias horas”, cuestionó.
Otro dato preocupante es la práctica rutinaria de episiotomías, aplicada en el 50% de los casos, cuando los estándares internacionales recomiendan un máximo del 20%. A ello se suma la restricción de agua, alimentos y movimiento durante largas horas de trabajo de parto, una situación que Bertoldi calificó como “una forma de tortura”.
El informe además advierte que en el 30% de los casos se interrumpe el contacto piel con piel entre la madre y el recién nacido durante la denominada “primera hora de oro”, afectando el apego inicial y el inicio de la lactancia materna.
Desde el OVO consideran que la aprobación del Proyecto de Ley de Parto Respetado podría convertirse en un paso decisivo para transformar la atención materna en Bolivia y garantizar que el nacimiento deje de ser una experiencia marcada por el miedo, la violencia y la vulneración de derechos.
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