La Paz, 9 de julio de 2025 (ANF).- En Bolivia, la protección de la niñez y adolescencia frente a la violencia sigue siendo una asignatura pendiente. Pese a los compromisos legales y éticos asumidos por el Estado, los gobiernos municipales destinaron, en promedio, apenas el 0,92% de sus presupuestos en 2021; 1,07% en 2022; y, 0,87% en 2023 para este fin. Estos datos provienen del estudio realizado por Save the Children, “Análisis de la inversión en protección de la niñez y adolescencia frente a la violencia”, que analizó la inversión de 335 municipios del país.
El informe abarca tres gestiones (2021-2023) y pone en evidencia la insuficiente y desigual inversión que se destina a prevenir, atender y garantizar acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes (NNA) víctimas de violencia. A pesar de un marco legal robusto, los recursos municipales no reflejan la urgencia del problema.
Entre las conclusiones más alarmantes está el hecho de que el gasto en prevención representa menos del 15% del total destinado a la protección de la niñez. La mayor parte se concentra en atención, principalmente a través de las Defensorías de la Niñez y el SLIM, dejando rezagadas las políticas estructurales que podrían evitar la violencia.
El análisis revela también una preocupante caída de la inversión específica en 2023, a pesar de que los recursos municipales ese año fueron los más altos del trienio. Las cifras muestran que se ejecutaron más de 58 mil millones de bolivianos entre los tres años, pero la asignación a programas específicos para NNA fue marginal.
Las 10 principales ciudades del país, incluyendo las nueve capitales y El Alto, ejecutaron menos del 1% de su presupuesto en esta materia. La Paz, por ejemplo, apenas destinó un 0,17% entre 2021 y 2023, siendo la ciudad con la inversión más baja. En contraste, Cobija lideró con un promedio de 0,79%.
El caso de Cochabamba refleja la tendencia nacional: aunque su presupuesto municipal creció, la inversión en protección disminuyó año tras año. En 2021 destinó 0,62%, en 2022 bajó a 0,54% y en 2023 cayó al 0,39%. Esto se tradujo en una reducción de más de un millón de bolivianos en servicios clave como las defensorías y los refugios temporales.
Las ciudades intermedias —municipios de Categoría D— también muestran retrocesos. En 2021, la inversión promedio fue del 0,81%; en 2022 bajó al 0,70% y en 2023 cayó al 0,62%. Esto contrasta con el crecimiento de sus presupuestos, lo que revela una falta de priorización política.
Otro dato preocupante es la baja inversión en acceso a justicia, que representó apenas entre el 5% y el 6% de los recursos invertidos en protección. A pesar del rol clave de la FELCV y las casas de acogida, estas instancias siguen recibiendo financiamiento insuficiente.
La Observación General N° 19 del Comité de Derechos del Niño establece que los Estados deben demostrar no solo la existencia de leyes y políticas, sino también de presupuestos concretos y progresivos. El estudio evidencia que Bolivia no cumple con este estándar.
Asimismo, la Ley 548 y la Constitución Política del Estado obligan a los gobiernos municipales a destinar recursos suficientes para la protección de la niñez. Sin embargo, el estudio demuestra que esta obligación no se traduce en asignaciones sostenidas ni proporcionales.
Los municipios con mayores niveles de inversión, como Sucre y Potosí, muestran que es posible priorizar la protección, incluso en contextos de recursos limitados. En Sucre, por ejemplo, el 1,14% del presupuesto en 2021 fue asignado a la niñez, el porcentaje más alto del país ese año.
Save the Children remarca que mientras no se destinen fondos suficientes a la prevención, los sistemas seguirán actuando de forma reactiva. Es decir, atendiendo las consecuencias de la violencia en lugar de eliminar sus causas estructurales.
El estudio también evidencia que muchos municipios ni siquiera alcanzan a ejecutar lo poco que presupuestan. Las subejecuciones superan en algunos casos el 50%, reflejando debilidades institucionales y falta de voluntad política.
La presión que enfrentan las grandes ciudades es otro factor a considerar. Al tener mayor disponibilidad de servicios, muchas veces deben atender a NNA provenientes de municipios vecinos, lo que sobrecarga sus sistemas sin un aumento proporcional de recursos.
En 2023, el promedio de inversión en prevención alcanzó su punto más alto del trienio (14,13%), pero fue aún muy bajo. La atención acaparó el 77,47% y el acceso a justicia el 6,38%. Esto refleja un modelo asistencialista que no aborda las raíces del problema.
Save the Children concluye que, para avanzar hacia una protección real y sostenible de la niñez, es urgente un cambio de paradigma en la planificación presupuestaria municipal. La niñez debe dejar de ser vista como un gasto residual y convertirse en el centro de las políticas públicas locales.
El informe propone fortalecer capacidades técnicas en los municipios, institucionalizar programas de prevención, mejorar la articulación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y garantizar transparencia en la ejecución del gasto.
Agrega, si Bolivia aspira a una sociedad libre de violencia, debe empezar por sus niñas, niños y adolescentes; y ello implica invertir en su protección no como un acto voluntario, sino como un deber impostergable del Estado.
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