La Paz, 17 de marzo de 2026 (ANF).- La Defensoría del Pueblo y la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) exigieron a las instituciones del Estado actuar con firmeza frente al acoso y la violencia política que enfrentan candidatas en el proceso electoral de 2026, al advertir que estos hechos vulneran derechos fundamentales y ponen en riesgo la democracia.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó este martes que estas agresiones no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de un patrón estructural que atenta contra el sistema democrático. “Se vulneran derechos esenciales como la dignidad, la integridad personal, la libertad y el ejercicio de los derechos políticos”, sostuvo en rueda de prensa organizada por la Coordinadora de la Mujer.
Callisaya advirtió que la violencia política refuerza prácticas de discriminación que obstaculizan la paridad y alternancia establecidas en la Constitución Política del Estado. En ese marco, recordó que Bolivia cuenta con un marco normativo que obliga a prevenir y sancionar estos actos, como la Ley 243 contra el acoso y la violencia política, además de compromisos internacionales como la Convención de Belém do Pará.
El Defensor exhortó al Estado a cumplir cuatro tareas fundamentales: prevenir la violencia política, proteger a las víctimas, investigar y sancionar a los responsables, y garantizar una reparación integral a las mujeres afectadas.
Asimismo, pidió a los partidos políticos asegurar condiciones seguras para las candidaturas y llamó a la ciudadanía a no naturalizar estas prácticas y denunciarlas.
“Garantizar una participación política libre de violencia no es una opción, es un derecho”, remarcó, al tiempo de comprometer el seguimiento de casos de persecución institucional y ataques digitales contra candidatas.
En la misma línea, el representante de Acobol, Grover Sinca, calificó estas agresiones como actos “infames” que buscan restringir la participación política de las mujeres. “Se está invalidando el derecho político de la mitad de la población boliviana”, advirtió.
Sinca señaló que la violencia política opera como un mecanismo sistemático para desgastar y silenciar liderazgos femeninos en espacios de poder. Por ello, instó al Tribunal Supremo Electoral, al Ministerio Público y a otras instancias del Estado a intervenir de manera urgente y sancionar a los responsables.
Además, enfatizó la necesidad de garantizar que tanto las actuales como futuras autoridades puedan ejercer sus funciones sin presiones ni restricciones derivadas de la violencia.
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