La Paz, 21 de noviembre de 2025 (ANF).- La Fiscalía Departamental de Chuquisaca admitió una denuncia penal contra cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), señalados de haber aprobado a finales del mes pasado una resolución que posibilitó la continuidad “inconstitucional” de sus mandatos, los cuales debían concluir en 2023.
La acción fue presentada por las magistradas electas Paola Prudencio Candia y Amalia Laura Villca, quienes sostienen que la prórroga vulnera la Constitución Política del Estado y se ejecutó sin participación de los nuevos miembros elegidos en los comicios judiciales de 2024.
La fiscal de materia Jenny Esther Torrico Delgadillo informó oficialmente el inicio de la investigación preliminar mediante una comunicación remitida al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer de Chuquisaca.
Los denunciados son Gonzalo Miguel Hurtado Zambrano, René Iván Espada Navia, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, quienes firmaron el Auto Constitucional Plurinacional 070/2025-O, emitido el 31 de octubre. Según la denuncia, dicha resolución fue aprobada en un ambiente de “hermetismo” y sin participación de los cuatro magistrados electos.
El Ministerio Público abrió el caso por los presuntos delitos de acoso político contra mujeres y falsedad ideológica, tipificados en los artículos 148 Bis y 199 del Código Penal.
El fiscal de materia Mario Durán explicó que la denuncia fue admitida tras el test de admisibilidad realizado por la Unidad de Análisis, determinando que se trata de delitos ordinarios y no de hechos cometidos en el ejercicio de funciones, por lo que el proceso se desarrollará por la vía penal ordinaria.
“La Fiscalía busca esclarecer la verdad histórica y material de los hechos denunciados”, señala la resolución fiscal.
La denuncia fue interpuesta el 12 de noviembre de 2025, y se suma a los cuestionamientos que enfrenta el TCP, actualmente dividido en bloques y con crecientes observaciones sobre la legitimidad de sus autoridades prorrogadas.
La investigación estará a cargo de la Policía Boliviana y se encuentra en fase preliminar.
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