La Paz, 20 de enero de 2026 (ANF).- Mientras Juan Bascopé Cari permanece privado de libertad por un caso que su defensa califica de plagado de irregularidades, su familia denuncia una cadena de violencia, hostigamiento y despojo que, lejos de cesar con la detención del apicultor, se intensificó con el paso de los años. Así lo advirtieron el abogado Eusebio Vera y Donato Avelino Cari, hermano del acusado.
Bascopé fue condenado a 30 años de cárcel por las muertes de cuatro miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta en un enfrentamiento con cocaleros en 2013. Su defensa sostiene que no hay pruebas claras y que fue declarado culpable tras un proceso irregular.
El abogado Vera sostuvo que la familia de Bascopé ha sido víctima de ataques sistemáticos por parte de comunarios de la zona de Apolo, motivados, según afirma, por la envidia y el resentimiento. “Mientras muchos cocaleros del sector tenían conflictos permanentes con el Estado, Juan era un emprendedor exitoso en la apicultura. Esa prosperidad generó odio y persecución”, explicó en el programa Sin Concesiones de radio Fides.
Vera remarcó que los hechos ocurridos durante el encarcelamiento de Bascopé son de extrema gravedad y nunca fueron investigados de manera seria por las autoridades.
Entre ellos, el jurista denunció la muerte violenta de la esposa de Bascopé, ocurrida tras una agresión física sufrida a finales de 2021 en La Paz. “No fue una muerte natural. Fue golpeada por personas de su propia comunidad y falleció después de un proceso largo y doloroso”, afirmó.
Añadió que uno de los hijos también fue agredido y que un nieto murió en circunstancias “trágicas y extrañas”, en un contexto de permanente amedrentamiento para forzar a la familia a abandonar sus bienes.
Donato Avelino relató un escenario de despojo total en Apolo. “Han querido quitarnos nuestras tierras, metían su ganado a la fuerza y quemaron la casa con todo lo que había dentro”, denunció. Según su testimonio, más de 200 colmenas, principal sustento económico de Juan, desaparecieron por robo o abandono forzado, mientras las cajas y herramientas de trabajo fueron apropiadas por comunarios. Donato también denunció agresiones físicas directas: “Nos huasqueaban delante de los niños para meternos miedo”.
La detención de Juan y la posterior muerte de su esposa dejaron a los hijos en una situación de abandono. “Se fueron a vivir con familiares lejanos y tuvieron que empezar a trabajar siendo muy jóvenes porque no había recursos”, relató el hermano.
Desde una mirada clínica, Andrés Gautier, del ITEI, señaló que la injusticia no se limitó al proceso judicial. “Hubo tortura física y violencia psicológica grave. Durante los interrogatorios, amenazaron con violar a la esposa y a la hija de Juan, que también estaban detenidas ilegalmente, para obligarlo a firmar confesiones falsas”, afirmó.
Gautier coincidió con el abogado en que Juan Bascopé fue utilizado como un “chivo expiatorio” para cerrar rápidamente el caso de las muertes en Apolo, sin una investigación científica ni rigurosa.
A más de una década de los hechos, la familia insiste en que el encarcelamiento de Juan no solo destruyó su vida, sino que abrió una espiral de violencia e impunidad que aún no encuentra respuesta en la justicia boliviana.
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