La Paz, 1 de julio de 2026 (ANF).- El Comité pro Santa Cruz presentó este miércoles una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz contra el expresidente Evo Morales, el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el ejecutivo de los Túpac Katari, Vicente Salazar, a quienes señala como los responsables de los bloqueos y movilizaciones que afectaron al país durante 53 días.
El presidente de la institución cívica, Stello Cochamanidis, informó que la acción legal comprende nueve presuntos delitos, entre ellos terrorismo, alzamiento armado y financiamiento al terrorismo. Además, indicó que la denuncia incorpora más de un centenar de elementos de prueba para respaldar las acusaciones y facilitar la investigación del Ministerio Público.
“La denuncia que hemos hecho hoy, como anunciamos, era contra los delincuentes, contra los que hicieron los 53 días de bloqueos políticos. Los que intentaron hacer un golpe de Estado terrorista. A la cabeza de Evo Morales, Mario Argollo y Vicente Salazar”, informó el presidente del Comité pro Santa Cruz.
Según Cochamanidis, las movilizaciones registradas entre mayo y junio vulneraron derechos fundamentales de la población, como la vida, la integridad física, la libre locomoción, el trabajo, la industria y la producción. Sostuvo que los hechos ocurridos durante los 53 días de conflicto "deben tener responsables" y afirmó que el Comité hará seguimiento permanente al desarrollo del proceso judicial.
El dirigente cívico aseguró que la denuncia no responde a un ánimo de persecución política, sino a la búsqueda de justicia. "No es persecución, no es revanchismo, es justicia lo que queremos para que se acabe la cultura del deshacer Bolivia y quedar impune", manifestó, al señalar que las personas identificadas como promotoras de los bloqueos deberán responder ante la justicia.
Por su parte, el abogado del Comité pro Santa Cruz, Diego Coimbra, afirmó que la denuncia expone una “vulneración” de los derechos fundamentales de la población y los perjuicios económicos y sociales.
El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Dino Franco, sostuvo que la institución busca evitar que los hechos queden en la impunidad y atribuyó a los bloqueos un fuerte impacto sobre el aparato productivo y el empleo. En ese sentido, expresó su expectativa de que la Fiscalía admita la denuncia y siente un precedente para impedir que hechos similares vuelvan a afectar la libre transitabilidad y la actividad económica del país.
Según el Gobierno, al menos veinte personas fallecieron por causa de los bloqueos, la mayoría por no haber recibido atención médica oportuna, mientras que las cámaras empresariales han calculado pérdidas por al menos 3.000 millones de dólares.
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