La Paz, 24 de mayo de 2023 (ANF).- En un comunicado surgido ante declaraciones que cuestionan a los colegios de convenio de la Compañía de Jesús, vinculando a las escuelas Fe y Alegría con las recientes denuncias de abusos sexuales contra menores de edad por parte de algunos jesuitas, esta institución expresa su mayor solidaridad con las víctimas y espera que las autoridades legalmente competentes investiguen los hechos y ejerzan justicia.
La institución enfatiza que “ratifica su compromiso de trabajar por una educación de calidad para las personas menos favorecidas”. Actualmente, Fe y Alegría atiende a 174.985 estudiantes en 400 centros educativos de los 9 departamentos del país.
“Fe y Alegría manifiesta su predisposición y prontitud para aportar a las autoridades legalmente competentes con cuanta información le sea requerida; reiterando, al mismo tiempo, que nuestras unidades educativas son espacios protegidos contra todo tipo de violencias”, menciona el comunicado.
La institución detalla que en lo que refiere a la protección de los estudiantes contra todo tipo de violencias, las escuelas de Fe y Alegría aplican el principio de “tolerancia cero” y otros protocolos e instrumentos especializados como el “Protocolo de prevención, actuación y denuncia en casos de violencia física, psicológica y sexual en unidades educativas y centros de educación especial” del Ministerio de Educación y la “Política de Protección” de Keeping Children Safe, institución internacional certificadora en el tema.
Así también se cuenta con un “Protocolo de acción en casos de violencia sexual a menores en unidades y centros educativos”; y un “Protocolo de Entornos seguros y protectores para institutos de Educación Superior”, elaborados por Fe y Alegría.
Fe y Alegría resalta que las denuncias por abusos cometidos en el Colegio Particular Juan XXIII corresponden a las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, cuando esta Unidad Educativa aún no pertenecía al sistema de Fe y Alegría. Dicho colegio comenzó a funcionar como Unidad Educativa de Convenio recién el año 2007 mediante el decreto administrativo 3080/2006 de fecha 24/11/2006 del entonces Servicio Departamental de Educación SEDUCA de Cochabamba; ocupando además una sede distinta (zona de Cocaraya, municipio de Sipe Sipe) al lugar de los hechos denunciados.
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