En una carta dirigida a la presidenta del TSE, Katia Uriona, el presidente del Consejo de Administración de la cooperativa Ullukaya Condoriri, Francisco Eugenio, denunció el incumplimiento de procedimientos en el proceso de consulta en Inquisivi, que debió tener carácter de previo, pero que el mismo TED admitió que fue posterior a la actividad de explotación instalada en la zona.
Eugenio detalló en la nota, que las reuniones de deliberación fueron realizadas entre el 9 y 10 de enero, basadas sobre trámites ilegales de contratos administrativos mineros ante la AJAM, por parte de cinco cooperativas que operan sobre el río Chaquety las mismas que explotan oro de manera ilegal desde el 2014.
En la misiva, el representante de la cooperativa denunciante hizo notar que la consulta además de ser posterior, no se hizo en las comunidades afectadas y se limitaron a una pequeña reunión en la localidad Marancelani de la provincia Inquisivi a más de 50 kilómetros de las áreas mineras solicitadas ilegalmente.
“Hubo incumplimiento en lo establecido en los artículos 30 parágrafos I y II numeral 15, artículo 403 de la Constitución Política del Estado y el artículo 207 y siguientes de la Ley de Minería y Metalurgia ley 535 del 20 de mayo de 20142,cita.
Eugenio Aduviri no sólo alertó de los extremos a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, sino también al presidente del TED La Paz, Antonio Condori mediante cartas, y tras consumada la consulta invocó acceder al acta de consulta al SIFDE, así como a la AJAM, pero ambas instituciones le negaron la información.
Antecedentes del caso
La AJAM ejecutó con el acompañamiento del Sifde de La Paz, la consulta para la explotación del oro en el municipio de Inquisivi, pero el Tribunal Electoral Departamental (TED) observó que no fue previa, informada, ni concertada.
El proceso de consulta se realizó para formalizar la actividad minera en el cantón Arcopongo, donde se realiza explotación ilegal de oro a gran escala desde el 2014 a cargo de cinco cooperativas afiliadas a la Fedecomin, las que no cuentan con autorización para la explotación minera, tampoco licencia para comercializar oro, y menos, licencias ambientales.
Francisco Eugenio de la Cooperativa Ullakaya Condoriri, exigió su derecho preferente sobre 50 cuadrículas tal como lo certifica la Gaceta Oficial Minera 181 de 2013, y lamentó que la consulta se haya consumado a pesar del proceso contencioso administrativo admitido en el Tribunal Supremo de Justicia en contra de la AJAM.
El vocal electoral, Freddy Cayo en entrevista con ANF informó que a requerimiento de la AJAM nacional ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el TED se hizo cargo del acompañamiento y supervisión del proceso de consulta para la actividad minera. Negó sin embargo que eso signifique “avalar” la consulta.
“De acuerdo a la normativa vemos que la consulta debe ser de buena fe, previa, libre, concertada, informada, esa es la característica que tiene la consulta, y en base a esos elementos encontramos un acuerdo. Pero en el marco de nuestra competencia, cuando estamos evacuando nuestro informe decimos cuál de estas características se cumplió y cuál no se cumplió”, explicó.
¿Qué aspectos de la consulta no se cumplieron? se consultó al Vocal, quien respondió: “Sin decir cuál de las cooperativas ni de qué comunidades son, se ha verificado que no se han cumplido con los criterios de observancia de consulta previa, informada y de concertación, pero si se cumplieron los criterios de buena fe, libre y de acuerdo a sus usos y procedimientos propios”.
Se insistió conocer las razones por las que el SIFDE La Paz aceptó acompañar un proceso de consulta cuando la Cooperativa Ullakaya Condoriri II alertó el 7 de septiembre de 2017 y ratificó el 5 de enero de este año las denuncias ante el TSE y el TED sobre el avasallamiento de 50 cuadrículas inmovilizadas tras la aprobación de la Ley de Minería y Metalurgia 535 del 28 de mayo de 2014, pero Cayo aseguró que se cumplió la ley.
Eugenio Aduviri no sólo alertó de los extremos a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, sino también al presidente del TED La Paz, Antonio Condori mediante cartas, y tras consumada la consulta invocó acceder al acta de consulta al SIFDE, así como a la AJAM, pero ambas instituciones le negaron la información.
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