La Paz, 5 de febrero (ANF).- Cinco cooperativas mineras afiliadas a la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin) explotan de manera ilegal oro en una superficie de 50 cuadrículas, ubicadas en el cantón Arcopongo del municipio de Inquisivi, sin que hasta la fecha el Estado retome el control sobre esta área, inmovilizada poco antes de la aprobación de la Ley 535 de Minería y Metalurgia.
De acuerdo a la denuncia a ANF del representante de la Cooperativa Minera Ullakaya Condoriri II, Francisco Eugenio, las cooperativas Villa Santiago Creston, Chaquety Plaza, Chaquety la Plaza, Elena Pampa Río Chaquety y Palma Flor, no sólo explotan en un área sobre la que tenían derecho preferente para explotar antes de que se declararán inmovilizadas a las 50 cuadrículas, sino que también comercializan el oro que extraen a gran escala.
Los extremos denunciados no fueron desmentidos por la Autoridad Jurisdiccional de la Administración Minera (AJAM) que ante el requerimiento de información por parte de ANF se limitó a señalar que “las denuncias de explotación minera se encuentran en etapa de investigación por parte del Ministerio Público”.
Sin embargo la AJAM en otras ocasiones realizó de oficio varios operativos en coordinación con las Fuerzas Armadas y efectivos policiales bajo su tuición. Sólo el 2017 aprehendió a 127 personas que realizaban explotación ilegal minera.
De acuerdo al informe de Catastro y Cuadriculado Minero de AJAM fechado 27 de octubre de 2017, se concluye que: “no se identificó ningún derecho minero a favor de César Evan Silvestre Castillo y Paulino Cachi Mamani”, representantes de las cooperativas Palma Flor y Elena Pampa, respectivamente.
Por su parte, el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), en octubre de 2017 respondió al fiscal, Richard José Ávalos: “según los registros declarados en la base de datos del Sistema Nacional de Información sobre Comercialización y Exportaciones Mineras (Sinacom) no existe registros de comercialización de las personas antes mencionadas”.
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) también respondió a la Fiscalía el 3 de noviembre del año pasado con una nota en la que da cuenta que “de acuerdo a los antecedentes del Centro de Documentación de Calidad Ambiental (CEDOCA) y el Sistema Nacional de Información Ambiental (SNIA), los señores César Evan Silvestre Castillo y Paulino Mamani no cuentan con licencia ambiental para explotación de oro y otros minerales”.
Ante el uso masivo de combustible y sustancias controladas por parte de las cooperativas, la Unidad de Registro y Sistema del Ministerio de Gobierno en su informe establece que: “César Evan Silvestre Castillo y Paulino Cachi Mamani no se encuentran registrados en la Dirección General de Sustancias Controladas, y por tanto, no están autorizados para el transporte de diesel y gasolina”.
Sin embargo, dicha Unidad aclara que el uso de explosivos u otros para la explotación de oro u otro mineral no son de competencia de la Dirección de Sustancias Controladas.
Las cooperativas en cuestión no sólo abrieron caminos, sino también que internaron maquinaria pesada como retroexcavadoras y tractores para la explotación a gran escala. Los efectos ambientales son inminentes sobre el río Chaquety y sus alrededores para extraer en promedio día entre 28 y 40 kilos de oro.
Fedecomin: ya sacarán su autorización
El presidente de Fedecomin, Simón Condori, confirmó a ANF que las mencionadas cooperativas que explotan en Arcopongo en el municipio de Inquisivi son sus afiliadas. “Tengo informe de que los contratos ya van a salir a mucho tardar hasta marzo”, dijo.
Entonces, al ser consultado de por qué explotan las cooperativas sin autorización, respondió que no es el único caso en Bolivia, pues hay empresas unipersonales “vestidas de cooperativas” que también lo hacen.
“Si vemos y hablamos de cooperativas, en Cochabamba hay empresas unipersonales, más de 70, hemos visto y en muchos lugares nadie dice nada ni la prensa ni la AJAM, en la adecuación quiénes son los titulares, vestidos de cooperativas esposas, hijos nietos y demás ‘tucuimas’”, aseveró.
La Cooperativa Ullakaya Condoriri teme que ante las denuncias realizadas, las autoridades mineras aceleren el proceso de “legalización” de lo ilegal.
Denuncias a autoridades
La denuncia fue formalizada por Eugenio Ayuviri a varias autoridades gubernamentales; el 2016, envió nota a la ex Ministra de Transparencia, Lenny Valdivia; al ex procurador Héctor Arce; a la ex ministra de Justicia, Virginia Velasco; al presidente de la Asamblea Legislativa y Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera e incluso al presidente Evo Morales. Sin embargo lamentó no haber obtenido ninguna respuesta.
La denuncia que también llegó a manos del defensor del Pueblo, David Tezanos con el rótulo: “graves hechos de corrupción e injusticias en instituciones públicas del área minera” se apunta al propio Ministerio de Minería y Metalurgia, al viceministro de Cooperativas, José Luis Chorolque y otras autoridades de presuntos delitos de penales y ambientales.
El denunciante señaló que es evidente que existe complicidad entre autoridades del Estado y las cooperativistas que explotan oro y comercializan de manera ilegal.
Según Eugenio Ayuviri, las autoridades mineras a cargos del control de la explotación y comercialización de minerales presuntamente “cometieron actos de corrupción como el uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, incumplimiento de deberes, omisión de denuncia, asociación delictuosa, delitos ambientales, contribuciones y ventajas ilegítimas, agravantes para el tráfico de tierras y avasallamiento”.
Antecedentes del caso
Durante la gestión 2012 la Cooperativa Minera Ullakaya Condoriri hizo una solicitud al Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin) para la explotación minera autorizada en una superficie de 50 cuadrículas que se extiende a lo largo del río Chaquety en el municipio de Inquisivi de La Paz.
El representante de la Ullakaya Condoriri, Francisco Eugenio mostró que la Gaceta Oficial Minera 181 de Sergeotecmin del 15 de enero de 2013 publicó que dicha cooperativa cumplió con todos los requisitos que exigía la normativa para tramitar su autorización la explotación minera en 50 cuadrículas solicitadas porque no presentaban ninguna sobreposición.
Sin embargo los comunarios del lugar anoticiados por la veta minera generaron conflictos y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) determinó inmovilizar el área.
El informe técnico circunstancial de la intervención. El acta de secuestro firmado por el suboficial Telésforo Chura señala que en la localidad de Quime de la provincia Inquisivi a las 15.20 horas del 4 de diciembre de 2014 se secuestró un arma de fuego calibre 22, decomisado a Amacías Mamani de la subcentral de la comunidad de Patohoco.
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