La Paz, 19 de noviembre de 2025 (ANF).- En una entrevista con el programa Contrapunto de ANF, Javier Quisbert, miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP), analizó el escenario político tras los primeros anuncios del gobierno de transición, enfatizando la urgencia de reconstruir la institucionalidad estatal y restituir el funcionamiento de entidades que fueron afectadas en los últimos años.
El activista destacó que, pese a la expectativa social generada por las propuestas de austeridad y reducción del aparato estatal, estas medidas deben ir acompañadas de acciones profundas que permitan devolver el orden institucional y la confianza ciudadana en la administración pública. “No es solo reducir ministerios. La racionalización del personal y la mejora del funcionamiento institucional son clave, siempre considerando alternativas para que no se afecte a las familias”, sostuvo.
Sobre el anuncio de un Estado más transparente, Quisbert advirtió que la transparencia no puede ser únicamente discursiva: “Debe existir comunicación plena, acceso a información pública y respeto a los roles de control, sin convertir unidades de transparencia en mecanismos de persecución política”.
Restitución de la institucionalidad en la APDHLP
Quisbert recordó que la Asamblea fue objeto de un “asalto institucional”, con participación de actores vinculados al anterior gobierno, que derivó en el cierre y el resguardo policial prolongado de su infraestructura. “Se tomaron nuestras instalaciones para silenciar la defensa de los derechos humanos. Eso debe ser corregido”, afirmó, a tiempo de exigir al Estado el retiro total del cerco y la devolución plena de sus espacios de trabajo. Agregó que solicitarán auditorías sobre los gastos destinados al resguardo policial durante años: “Es dinero público que pudo destinarse a proteger los derechos de la ciudadanía”.
Derechos, ciudadanía y justicia
En cuanto a la propuesta legislativa para restituir derechos laborales a policías y militares dados de baja en 2019, señaló que debe ser analizada con rigurosidad y enfoque de derechos. Indicó que cualquier reparación debe evaluarse caso por caso.
Además, llamó a reconstruir una ciudadanía activa y vigilante: “Estamos acostumbrados a reclamar derechos, pero no a asumir nuestras responsabilidades. Debemos fiscalizar a quienes elegimos”.
Respecto al sistema judicial, sostuvo que la transformación no puede repetirse como una consigna de venganza de un gobierno contra otro. En ese sentido, pidió recuperar la iniciativa ciudadana que logró reunir más de 800 mil firmas para impulsar la reforma judicial: “Ese respaldo social no puede quedar en el olvido. Es un mandato que debe retomarse”.
Quisbert concluyó que el proceso de reconstitución institucional será complejo y demandará corresponsabilidad de autoridades y sociedad: “Necesitamos educación cívica, compromiso y recuperar el sentido de la política como servicio al bien común”.
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