A escasos diez días de la posesión del presidente electo Donald Trump, el juez penal de Manhattan Juan Merchan ha rechazado la petición de inmunidad que determinó la Corte Suprema de Justicia Federal de los Estados Unidos de América el 2024, concluyendo que el caso de dinero por guardar silencio la actriz de cine Stormy Daniels involucraba una conducta no oficial que no tiene derecho a protección.
Por lo que se refiere, a que se considere que sus derechos como presidente electo, son a este tema, similares a los de un mandatario en ejercicio, el juez al parecer está convencido que a Trump no le alcanza la inmunidad, postura que puede generar una controversia de dimensiones, si la Corte Suprema de Justicia Federal se la ha concedido, no como simple recomendación, sino como un derecho incuestionable proveniente de Alta Corte.
En la decisión el juez señaló que sentenciará al ex y futuro presidente, a lo que se conoce como descarga incondicional, en el que se mantiene una declaración de culpabilidad, pero el proceso se cierra un tiempo, sea de prisión, multa o libertad condicional.
Se deduce, que el juez no aplicará pena de prisión contra Trump, situación que se considera como una manera de no poner trabas a la gestión presidencial que por segundo periodo discontinuo Donald Trump asumirá el cargo el 20 de enero de 2025.
Merchan caracterizó su decisión como una forma equilibrada de servir a los intereses de la justicia, proteger la importancia del veredicto del jurado, la inmunidad presidencial de la Corte Suprema de Justicia Federal de julio de 2024, y la expectativa pública de que “todos son iguales ante la ley y nadie está por encima de la ley”.
La audiencia de lectura de sentencia fijada para el 10 de enero a horas 09:30 de la mañana hora local (14:30 GMT), el juez ha ordenado a que el acusado comparezca “en persona o virtualmente”. Al día siguiente de la notificación los abogados de Donald Trump apelaron la decisión del juez Merchan y la Corte de apelaciones de Nueva York negó el jueves pasado bloquear la imposición de sentencia, y un juez se negó a dar audiencia al equipo de abogados de Trump. Los fiscales que intervienen en el caso, consideran que los argumentos de Trump no son lo suficientemente fuertes como para anular su condena y su apelación no debería congelar el caso porque se trata de evidencias personales en lugar de cargos centrales.
Donald Trump, frente a la negativa de sus peticiones, por intermedio de la jueza Sonia Sotomayor, quien escucha las apelaciones de emergencia de Nueva York, recurre ante la Corte Suprema de Justicia Federal, y apoyado en la controvertida amplia inmunidad, le pidió al Tribunal que haga una pausa y retrase su sentencia. Respalda la moción de emergencia, en que se retrase la sentencia mientras se resuelvan las apelaciones sobre el tema de la inmunidad. La Corte Suprema rechazó la petición de Trump.
El diario Washington Post escribe que esta sentencia hará historia porque será la primera vez que un presidente condenado por un delito grave asume la más alta magistratura de la nación.
El escenario político es extraordinario y sensible, como lo es la responsabilidad de la independencia de la justicia y la separación de poderes, en cuyos ámbitos el bloqueo de desarrollos judiciales podría contradecir la imprescindible maximización de la justicia. Pero, tampoco es permisible que se pueda desbancar a un presidente para el ejercicio del cargo, sabiendo que por delante hay un mandato democrático de la ciudadanía por cumplir o, minar la moral en la gestión pública como presidente -activando una culpabilidad- que podría afectar en la imagen de los Estados Unidos.
Se confirmó lo que se anticipó en semanas pasadas, el Juez Juan M. Merchan de Nueva York, hoy viernes 10 de enero ha sentenciado al ex y futuro presidente electo Donald Trump como autor de 34 delitos de falsificación de facturas, cheques y registros contables, con el propósito de ocultar los pagos a la actriz de cine porno Stormy Daniels de 130.000 dólares para guardar silencio y no perjudicare en los días previos a la elección presidencial de EE.UU., de 2016. Dicho pago lo hizo el otrora abogado personal de Trump, Michael D. Cohen a la referida actriz por orden de Trump, y que luego lo había encubierto mediante una serie de reembolsos clasificados falsamente como gastos legales ordinarios.
La sentencia emitida por Merchan en la que no estuvo Trump, pero sí su abogado Emil Bove, por ser una sentencia a una “exención incondicional” a “libertad sin cargos”. El juez describe que, la exención incondicional es “la única sentencia legal, sin invadir el más alto cargo del país”, esto significa que el exmandatario no se enfrentará a ninguna muta, libertad condicional o pena de cárcel.
Sobre las protecciones legales del cargo de presidente, Merchan consideró que “un poder que no proporcionan es el poder de borrar el veredicto de un jurado”, dejando sentado que es la ciudadanía de esta nación la que ha decidido recientemente que usted debe recibir de nuevo los beneficios de esas protecciones.
Cuando el juez Merchan le dio la palabra a Trump en la audiencia, éste expresó: “El hecho es que soy totalmente inocente. No hice nada malo”.
Es muy probable que algunas preocupaciones de Trump podrían ser objeto de una futura apelación ordinaria por los abogados de Donald Trump. El caso podría conocer primero la División de Apelaciones de Manhattan y si no le es favorable, los abogados de Trump pedirán la revisión al Tribunal de Apelaciones de Albany, cuyas decisiones podrían durar meses y años. Las apelaciones están dentro del procedimiento legal, pero si algo le está prohibido a Trump es que use el indulto a su favor, porque la acusación fue presentada por el Estado de Nueva York y no por el gobierno federal.
En este momento tan crucial, es la primera vez en la historia de EE.UU., que un sentenciado por delitos graves asuma el cargo de presidente de los Estados Unidos el 20 de enero, como es significativo y trascendental que la ciudadanía por voluntad en las elecciones le haya conferido la confianza por segundo periodo para gobernar los intereses de los Estados Unidos. Consideramos que será una posesión con condena con “exención incondicional” para no perturbar la gestión de gobierno de Trump, pero a su vez, con el derecho del recurso de apelación para tratar de revertir la culpabilidad por 34 delitos.
Norberto Bobbio dice: “El ejercicio del poder político debe estar sometido a la obligación democrática de la publicidad”. Es decir, a la transparencia, escrutinio de la opinión pública, y en su caso responder ante la justicia.
El autor es abogado constitucionalista y defensor de DDHH
