La institucionalización permanente de diálogo social instalado en el Estado resulta importante cuando hay problemas políticos y económicos en la antesala del bipartidismo, tripartidismo, y sobre todo de división interna del sistema con dimensión nacional, que hoy inauguró su Congreso en el bastión del MAS IPSP.
Toda institución como la propuesta puede ser muy valiosa en fases de fortísima incertidumbre, tanto en el debate sobre quién será el candidato presidencial, así como para el proceso de preselección de magistrados “judicializado hasta la médula”, y quien diría que cualquiera sea la decisión de constitucionalidad o inconformidad con la Constitución la línea de favorabilidad propia no destiñe su color.
La mentalidad política en estos tres últimos quinquenios claramente se sesgó a favor de la idea de que el Estado y sus movimientos sociales son omnisciente y omnipotente y piensan que el único que puede crear empresas y conseguir riquezas son ellos; empero, ese sesgo o discurso amplificado operó en perjuicio del mismo Estado, las instituciones y las comunidades indígenas que no salen de su estado de carestía, hoy fuertemente afectadas por el fenómeno de la sequía y falta de agua potable y para sus animales en varias zonas del país.
La culpa no es de las políticas que ejecuta el gobierno con más de 500.00 empleados públicos, sino de la globalización que con un predominio fundamentalista fantasioso del poder del Estado y la nueva élite de burócratas de dudosa fortunas, abandonan a esas comunidades y grupos étnicos a partir del momento en que la deslocalización afectó de una forma profunda, al extremo que los préstamos al BID, BM y otras organizaciones financieras hacen espera en la agenda de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Y ahora nos preguntamos ¿qué se les dice a esos pueblos y comunidades? Que, o se resignaban al silencio o emigran al extranjero, así es una barbaridad¡¡¡
Lo que hoy se precisa con urgencia y desde luego que no será fácil, es intentar un reequilibrio de los cuatro poderes u órganos del Estado, otrora (2006-2014) de prosperidad.
Este reequilibrio entre el Estado, las autonomías departamentales, las empresas productivas y las comunidades indígenas, seguro que en las próximas décadas operará en favor de los dos últimos pilares señalados.
Desde luego, que no será fácil decir que necesitamos más y mejores empleos para más personas y en más espacios de los departamentos, ciudades y provincias, que llevarlo a cabo. Lo mismo, podríamos decir de la justicia independiente soñada y del proceso de preselección y elección de magistrados, que sean más imparciales, idóneos y apegados a la Constitución, pero eso se desvirtúa y hasta se ignora.
Sobre este último tema, López Gonzales, José Luís, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid dice: “La clave de la separación de poderes reside en el poder judicial, sometido exclusivamente a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Porque son ellos los que controlan las eventuales desviaciones de los otros poderes”.
El autor es abogado constitucionalista y defensor de DDHH
