El mundo cada vez acumula más conflictos y los grupos regionales no terminan de entender que la civilización demanda paz y libertad.
En la región americana no es casual que los altos cargos no siempre recaen en personas respetables, con carisma, popularidad y vocación de servicio público. Los integrantes del llamado Grupo de Puebla liderizado por Luis Ignacio Lula da Silva presidente de Brasil, Andrés Manuel López Obrador presidente de México, Gustavo Petro presidente de Colombia, Nicolas Maduro presidente de Venezuela, Daniel Ortega presidente de Nicaragua, Luís Arce Catacora presidente de Bolivia, Miguel Díaz-Canel presidente de Cuba, entre otros, son el ejemplo del deterioro del sistema democrático en sus países, tanto es así que no necesitan renunciar para volver a hacerse del poder (con excepción de México) rompiendo el principio democrático de alternabilidad.
El irrespeto de la Constitución, la inhabilitación de opositores, persecución y aprehensión política, y fraude electoral son signos del populismo de dos décadas. La crisis en Venezuela antes y poselección presidencial, del 28 de julio, está demostrando que Maduro no respeta ni los acuerdos que firma, y parece que no va reconocer su derrota, si cuenta con el salvavidas del Tribunal Supremo de Justicia y de los mediadores los presidentes de Brasil, Colombia y México aunque este último se bajó de las negociaciones.
El panel de expertos de la ONU compuesto por cuatro profesionales especialistas en procesos electorales, durante su estadía de una semana antes del 28 de julio y días después de las elecciones presidenciales en Venezuela, concluyó en su Informe Preliminar que la CNE no cumplió con las medidas básicas de Integridad y Transparencia.
Las actas cuentan con varios elementos de seguridad como códigos QR, y físicas de funcionarios y agentes y que, parecen ser muy difíciles de falsificar. Es responsabilidad de la CNE la publicación de las actas. Esa prueba fundamental es parte de los protocolos de salvaguardia de la transparencia del proceso electoral.
Apuntan que revisaron una pequeña muestra de las actas presentadas por la oposición, que son de dominio público, y encontraron que exhiben todos los dispositivos de seguridad de los protocolos originales de los resultados.
Sobre la denuncia que el sistema de transmisión electrónica de resultados sufrió un ataque informático, la CNE no ha proporcionado información alguna ni pruebas a los candidatos en ese momento del corte, ni al panel. Dejando entrever que la interrupción de resultados se mantiene sin explicación.
Advierten que el contexto preelectoral estuvo marcado por continuas restricciones al espacio cívico y político. El acceso de la oposición a los medios de comunicación estatal fue muy limitado con dominio del partido de gobierno. Así como restricciones de postularse a cargos públicos, verbigracia la inhabilitación judicial a Maria Corina Machado cediendo la candidatura escogida en primarias a Edmundo Gonzáles.
La descalificación al informe preliminar ha surgido de la cancillería tildando a los enviados de la ONU de agentes y falsos expertos. En esa misma línea el presidente del Parlamento de Venezuela Jorge Rodríguez, reprochó a Farhan Haq portavoz de Antonio Gutiérrez incluso antes de la publicación del informe, y propuso prohibir la observación internacional.
En el tema relacionado con la mediación en un problema de alto voltaje y que afecta al sistema democrático constitucional y a los derechos humanos, el presidente de Colombia Gustavo Petro, que en principio exhortó a Maduro aceptar el resultado transparente con conteo de votos y actas con observación internacional y profesional, cualquiera que haya sido el resultado para una transición pacífica, resulta que cambia de mensaje y sugirió que se cree un Frente Nacional como el que hubo en Colombia en el siglo XX entre liberales y conservadores en la que se alternaban el poder (1958 a 1974), como paso transitorio a una solución definitiva.
El presidente de Brasil Luíz Inácio Lula da Silva, el 29 de julio exhortó a las autoridades de Venezuela a publicar las actas de los comicios. Sin embargo, en fecha 15 de agosto sorprende a la comunidad internacional y por ende a la oposición que según el Centro Carter ganó Edmundo Gonzáles las elecciones presidenciales con el 60%, proponiendo dos vías: la conformación de un gobierno de coalición o la celebración de nuevas elecciones.
El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, anunció que no continuará en las acciones de negociación sobre la crisis política en Venezuela hasta que el TSJ emita un dictamen sobre los resultados del 28 de julio, y lo llamativo es que está en desacuerdo con la repetición de elecciones presidenciales propuesta por el presidente de Brasil, pero no oculta su inclinación de respaldar el mecanismo judicial elegido por Maduro que siempre le ha sido complaciente en situaciones de crisis, sobre cuyo órgano tiene control el gobierno chavista.
Como era de esperar María Corina Machado ha expresado que no está contemplada la repetición de elecciones presidenciales y cree que la sociedad venezolana no la apoyará, y señaló que se debe hacer valer los resultados, la victoria está allí.
La mediación parece estar despojada de la independencia y equilibrio que debe primar en quienes han asumido esta responsabilidad internacional, porque el pueblo les puede cobrar facturas en jornadas democráticas posteriores.
El pueblo venezolano victorioso en las urnas, por supuesto con actas en mano no debe soportar fórmulas alternas que representen desconocimiento a los resultados del 28 de julio, tal si fuesen los promotores del fraude monumental. De darse esta situación al menos como se vislumbra por las propuestas poco serias de los mediadores, la crisis podría extenderse y profundizarse. La mejor alternativa sería que sean países democráticos, con solidez constitucional y tradición neutral en solución de conflictos de esta embargadura con signos paranoicos de poder dictatorial.
En la resolución de la crisis en Venezuela se necesita de un tercer país imparcial cuyo gobernante o gobernantes no hayan tenido denuncias de financiamiento ilegal en sus campañas o hubiesen afrontado casos de corrupción en la gestión pública, y menos formar parte de organizaciones paralelas a la OEA que bloquean resoluciones del Consejo Permanente del organismo regional encaminadas a reconducir la democracia allí donde la dictadura destruye el sistema de transparencia eleccionaria, y se perpetua en el poder político.
La historia no parece dar muchas esperanzas por la dirección que marcan los mediadores para un logro cercano de una gobernabilidad democrática constitucional. Lo cierto es que estamos en un momento crucial de transición y protestas sociales con fortísima presión policial, porque se ha secuestrado el voto del ganador legítimo presidencial en Venezuela -Edmundo González- y la CNE trama con la CSJ una anticipada decisión ortopédica que avale la proclamación de Maduro, a sabiendas que la comunidad internacional y los observadores internacionales están convencidos por las actas que el perdedor de las elecciones es el mismo que perdió en las primarias - Nicolas Maduro-. Así las cosas, es difícil decir hacia dónde vamos, y quién proteja a la sociedad venezolana y sus líderes que por el pecado de enarbolar las banderas de la libertad se encuentran en la clandestinidad.
Si la OEA no reforma la Carta Democrática en que se proscriba o ilegitime a las organizaciones políticas que, llegando al poder de un Estado, han impuesto un programa contra el orden democrático establecido que ponen en riesgo la CADH y la Carta Democrática en la región, la destrucción de los derechos humanos será cruel para las generaciones.
El pensador italiano Gramsci en sus cartas desde la cárcel decía: “cuando se pasa por una época de transición se van a ver muchos monstruos antes de llegar a tierra firme”.
El autor es abogado constitucionalista y defensor de DDHH
