ERICK R. TORRICO VILLANUEVA
Todos los gobiernos que se conformaron en el país desde el restablecimiento democrático de 1982 se basaron en alguna forma de pacto. El caso del Movimiento al Socialismo (MAS) no es una excepción.
La democracia no existe ni funciona sin la creación de consensos pre y pos-eleccionarios; la conciliación es una condición necesaria de su viabilidad, aunque no de su calidad.
Al margen de ese dato, algunos convinieron en hablar de “democracia pactada” para referirse en exclusiva al lapso 1985-2002 en que la agregación de votos por acuerdos inter-partidarios hacía vencedor en una suerte de “segunda vuelta electoral” efectuada en el Congreso Nacional a uno de los tres candidatos presidenciales con mayor apoyo en las urnas.
Los gobiernos así constituidos buscaban asegurar la gobernabilidad interna, o sea correlacionar a los poderes Ejecutivo y Legislativo y gozar de mayoría parlamentaria, obligándose a cambio a negociar la distribución de espacios (“cuotas”) de poder entre sus integrantes. En general, lo programático fue más bien un aspecto secundario en los convenios. Los males generados, aparte de pugnas intestinas, fueron clientelismo, prebendalismo, nepotismo, corrupción y cinismo.
Lo forzoso de esos entendimientos se derivaba del insuficiente respaldo electoral logrado por candidaturas que requerían del 50 por ciento más 1 de los votos para llegar a Palacio. Cabe recordar que entre 1980 y 2002 el mayor porcentaje de votación fue del Frente de la Unidad Democrática y Popular, de Hernán Siles, con 38,7% el primer año citado.
Recién en 1982, tras 2 años de nuevas dictaduras militares, el Parlamento convalidó la victoria de Siles, pero luego socavó su legitimidad y obstaculizó su desempeño en acción conjunta con la empresa privada, la Central Obrera Boliviana, los comités cívicos y el sindicalismo minero y campesino. Ese fuego cruzado acortó el mandato presidencial y adelantó las elecciones, decisión resultante de un acuerdo partidario mediado por la iglesia católica.
De ahí vino el tiempo de la llamada “democracia pactada”, asentada en convenios de los partidos con presencia parlamentaria. Así, se sucedieron el “Pacto por la Democracia” (1985-89), el “Acuerdo Patriótico” (1989-93), los acuerdos sin nombre de 1993, la denominada “Megacoalición” de 1997 y el “Acuerdo por Bolivia” de 2002, último antes de que el modelo hiciera agua por acumulación de males y ceguera y sordera políticas.
Otros acuerdos políticos en ese transcurso, los de 1991 y 1992, se orientaron a mejorar el sistema electoral y a tomar decisiones de política en educación, descentralización, reforma constitucional y otras áreas.
Los mismos gobiernos transitorios (2003-2006) fueron producto de consensos fácticos entre actores políticos y ciudadanía, hasta que se llegó al momento actual.
El MAS, primero en acceder a la Presidencia por mayoría directa en la democracia reciente (en 1964 Víctor Paz obtuvo el 97,9% de los votos), desarrolla una política de alianzas pos-electorales con corporaciones (cocaleros, gremiales, cooperativistas mineros, transportistas, etc.) y otra de cooptación (organizaciones sindicales, instituciones, órganos estatales) o colaboración (empresarios, agroindustriales) no apenas para asegurarse la gobernabilidad sino para reproducirse en el poder.
No hay, pues, gran diferencia. Esta “nueva democracia pactada” sigue las líneas del pasado y ha revivido el método de “cuotas” –aunque asignadas–, junto a sus perniciosas prácticas.
Erick R. Torrico Villanueva es especialista en Comunicación y análisis político.
