Los acontecimientos políticos en los últimos años han supuesto una amenaza existencial para nuestras democracias en todos los rincones del mundo.
El descontento económico, el pesimismo social y el creciente sentimiento antipolítico propician las condiciones para un desorden en las administraciones públicas, que está poniendo al descubierto las fragilidades del sistema sobre todo en materia de seguridad.
La clase política pragmática carente de programas económico sociales a largo plazo son en cierta parte responsables de esta situación, obviamente no la única al existir otros actores que han puesto en apuros hasta los sistemas electorales.
Hay gobiernos que están dispuestos a recuperarse de los efectos del tsunami y toman políticas públicas para mejorar las condiciones de salud, educación, captar inversiones y cuidar que las reservas internacionales sean fortalecidas. Pero, tengo mis dudas que con la Ley del Oro 1503 promulgada el 5 de mayo cumpla con ese objeto de comprar oro del mercado interno para incrementar las reservas, si el de la cartera de economía no sabe que movimientos se han producido en el Banco Central de Bolivia (BCB), siendo que su atribución es la de coordinar las políticas económicas del Ejecutivo con el BCB (Artículo 328 CPE).
De otro lado, tengo la impresión de que debe ser el Estado el que debe ayudar que los rentistas y los funcionarios activos se sientan alentados porque su fondo de pensiones que asciende a poco más de 23.000 millones de dólares, sea administrado, invertido y fiscalizado por el control social del sector en instancias donde se deben tomar las políticas públicas relativas a la inversión y rentabilidad de los recursos en porcentajes que oscilen entre el 5 a 8% que sería lo más espectable para el sector, lo que permitiría incrementar cada año el monto de la renta y de ese modo compensar la pérdida del poder adquisitivo.
Un aspecto saludable para los jubilados sería la devolución inmediata de sus ahorros que están comprendidos por las AFP en “la proyección de vida hasta más de 100 años”, ese monto corresponde por derecho sea devuelto a los rentistas al no representar la proyección real de vida en nuestro país que alcanza a 74 años, según afirma el presidente del Estado Plurinacional Luís Arce Catacora, dato que corresponde con la CEPAL o, en su defecto inyectar esos montos mediante “una recalificación de la renta individual” del jubilado, que sería lo más justo
Por tanto, es posible adoptar que esa devolución se efectúe con la misma prioridad y diligencia que ha decidido la Gestora devolver hasta el 1 de junio el 1,3 % que descontaba la AFP a los rentistas, que representa 73 millones del total de 200.600 mil jubilados en el país.
Se impone también recordar que el gobierno de Evo Morales el 14 de enero de 2015 aprobó el Decreto Supremo 2248 que definió la constitución de la Gestora Pública, que debía iniciar operaciones en un plazo no mayor a 18 meses a partir de su publicación que culminaba el traspaso de fondo de pensiones el 15 de julio de 2016; sin embargo el gobierno fue ampliando ese plazo que se cumple el 16 de mayo de 2023, aplazamientos que han sido considerado por BBVA Previsión de injustificados y violatorio al estándar de trato justo y equitativo y la prohibición de arbitrariedad. Este problema es preocupante para la población de jubilados, al no haber sido partícipe de esa política equivocada del gobierno que está en el escrutinio severo del sector para defender su patrimonio.
En este sentido, se necesita saber cómo va enfrentar la Gestora de Fondo de Pensiones si el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) condenó a Bolivia a indemnizar al Banco Bilbao Vizcaya Argentara (BBVA) con 105 millones dólares por los perjuicios derivados de la demora en el traspaso del servicio a la Gestora Pública. La respuesta no puede ser otra distinta a la defensa de Fondo de Pensiones, así se vende seguridad y estabilidad.
El referido laudo en su argumentación de 16 de julio de 2022, desarrolla que lo que se ha cuestionado y demostrado es la “implementación anárquica de la nacionalización y del proceso de traspaso del servicio a la Gestora Pública, que ha perjudicado las operaciones de BBVA Previsión y consumido sus recursos”.
Tampoco es un tema marginal los procesos en mora que deben recuperar las AFP desde la vigencia de la Ley 065 de Pensiones de 2010. El plazo de cinco años que da la Gestora para la recuperación de 860 millones es razonable. Esa misma rigurosidad debía aplicarse con los plazos de recuperación de más de 7.000 mil millones de dólares invertidos en bonos que han caído en su valor en porcentajes de hasta el 30 % por las variables del mercado y la crisis económica mundial (guerra rusa, el Covid-19 entre otros fenómenos), principalmente por el gobierno que no ha considerado que en este momento ya no es negocio invertir en bonos. Así como lanzar la operación de recuperación de 1.200 millones de dólares depositados en el Banco Fassil antes que aparezca el fantasma de su iliquidez.
Un buen punto de llegada hacia los objetivos descritos es “una buena rendición de cuentas”, para despejar también los préstamos que las AFP ha facilitado al gobierno sea por resoluciones o decretos que según la información que circula en redes sociales y medios de comunicación social alcanzan a 7.000 mil millones ¿En qué fueron invertidos? Y si al presente hubo devolución del capital e intereses. Por eso es importante que los jubilados tengan representación en las APS y en el ministerio de Economía para fiscalizar y controlar las políticas públicas que se apliquen sobre inversiones del Fondo de Pensiones, tal como ha afirmado el experto en temas de administración y seguridad social Gustavo Rodríguez.
En su vertiente de derechos sociales y reflexiones acerca del cuidado de uno de los segmentos más vulnerables como son los jubilados Bosch Marco, B. (2019: 137) dice: “La solidaridad que está en la base de la ética del cuidado del jubilado requiere que se desarrolle en una sociedad justa”.
Pedro Gareca Perales es defensor de DDHH
