Hace pocos días el experto en hidrocarburos Álvaro Ríos afirmó que el país ha tenido una política energética fallida y una política fallida en exploración, y que en Bolivia no se ha repuesto las reservas que se descubrieron hace 25 o 30 años. Esta es la razón por la cual Bolivia ahora no tiene energía y tampoco tiene con que importarla. Efectivamente, ha puesto el dedo sobre la llaga, porque no hay dólares, las reservas en oro y en efectivo al no actualizar el gobierno la información, alejan a cualquier inversionista que exige seguridad jurídica de sus capitales de financiamiento y operación.
Esta situación insostenible nace del embrión del modelo del Estado Plurinacional y Comunitario de Bolivia que en 20 años de carnaval administrativo, económico, social y jurídico, con sus figuras multicolor expresadas en Evo Morales y el actual presidente Arce Catacora, han destruido la mejor empresa del país YPFB, convirtiéndola en fuente de empleos para centenares de trabajadores sin el perfil técnico adecuado en energía. Agregada a la burocratización política han beneficiado a dirigentes afines al MAS IPSP con declaraciones en comisión con una sangría económica mantenida en “reversa” por política de lealtad ideológica.
Al asumir el gobierno y el presidente de YPFB que estarán en capacidad de cubrir la demanda de diésel y gasolina entre un 45 a 50 % con preferencia al sector minero y de guiño al agropecuario ganadero del oriente boliviano, que es el sector sacrificado que aporta con más del 30 % a la seguridad alimentaria de toda la población boliviana sorteando la cascada de trabas en impuestos y veto a la exportación, queda claro que el gobierno con su plan de parches no solucionan las verdaderas causas del problema de las largas filas de autos, camiones y cisternas en los surtidores del país; por el contrario, la prolongan, huyen como liebres en el desierto y predican el verbo “culpar”, como condenó Poncio Pilato gobernador romano en Judea a Jesucristo ordenando su crucifixión.
El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, echa la culpa al “bloqueo” de créditos externos que se hallan en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y que el Estado no tiene la liquidez suficiente en dólares para la importación de gasolina y diésel. Además, calificó de “boicot” político el retraso en la aprobación de los créditos. Parece un despropósito mayúsculo la postura del presidente y del ministro de YPFB, por cuando los créditos que están en la ALP que ronda por los 1.600 millones de dólares, ninguno tiene como finalidad cubrir facturas de importación de hidrocarburos, y creo que nadie se atrevería a malversar recursos que están justificados o no para otros proyectos, salvo que los intrépidos del carnaval interminable se inventen otra entrada de “corrupción”.
Un especialista en energía ha manifestado tiempo atrás en un programa de radio que los 1.600 millones de dólares en créditos, apenas alcanzarían para cubrir las facturas de importación de hidrocarburos para seis meses y el problema continuaría, hasta por supuesto con efectos directos en la subida de precios de los alimentos de la canasta familiar, insumos para las empresas productoras de alimentos, para la cosecha de la soya, caña de azúcar, arroz y el traslado de los productos a los mercados del país.
Ahora bien, las instituciones y la organizaciones de la sociedad civil, saben que el modelo fallido del MAS IPSP tiene sus artífices del descalabro al estar conduciendo a la hambruna a la población boliviana con la inflación y cerca de la deflación, al extremo de forzar a los niños y jóvenes a pasar clases virtuales, tanto en establecimientos educativos públicos y privados, y en algunas universidades, como si estuviéramos en época de pandemia de Covid-19 o bloqueos indefinidos en ciudades capitales, provincias y municipios. Para los gobernantes mantener la crisis parece ser su arma para “repetir” el poder, porque hasta ahora no han ganado nada, solo el “trofeo” de la destrucción institucional.
Tampoco cabe soslayar otra faceta importante del problema que es subyacente al modelo fallido, las elecciones generales están fijadas por el pleno del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para el 17 de agosto con una segunda vuelta el 19 de octubre de 2025 y la posesión del presidente y vicepresidente por el periodo 2025-2030 el 8 de noviembre. Como nadie desea que los intereses fallidos continúen siendo la amenaza a la pobreza y a la extrema pobreza y además que los problemas se vertebren en la estructura de todo el Estado que quiere condiciones mejores para trabajar y producir con las garantías esenciales que la democracia de valores influye en el Estado de derecho, planteamos lo siguiente: a) La segunda vuelta se reduzca en 34 días, verificándose este acto eleccionario para el 21 de septiembre y b) El acto de posesión para presidente y vicepresidente el 10 de octubre.
Mutatis mutandi, como nada está escrito en piedra, la magnitud de los problemas exige el efecto mutante para que los delegados de organizaciones políticas reconocidas legalmente por el OEP tomen la iniciativa de gestionar y aplicar la modificación en los tiempos de los actos electorales, exigiendo además que el órgano máximo del control electoral se pronuncie sobre el petitorio presentado por Amparo Ballivián del “Bloque de unidad”, sobre auditoría al padrón biométrico, distribución equitativa de circunscripciones uninominales, voto igualitario, uso del TREP, seguridad y garantías para delegados políticos de oposición en el control del escrutinio electoral con derecho de acceso a una copia del acta en todas las meses de las Cortes Departamentales Electorales y otros.
Aunque aquí no se trata de reformar la Constitución, por ahora, pero sí el calendario, por la situación de descomposición y caos que vivimos los bolivianos, recuerdo la tajante expresión del profesor de Derecho Constitucional Pérez Royo: “Las constituciones que no se reforman, se mueren”.
El autor es abogado constitucionalista y defensor de DDHH
