VERÓNICA ORMACHEA G.
Un año después de que a la periodista Casimira Lema le incendiaron la casa y le robaron todo lo que pudieron, la revictimizaron en una audiencia pública.
Ella -a quien apenas dejaron hablar- pidió que se haga justicia, pero los asistentes la acosaron gritándole: “golpista, mentirosa, asesina” y de haber quemado su propia casa.
También fustigaron a la estudiante Yareth García, que tras una herida en el cráneo, fue hospitalizada.
Durante aquellos lamentables hechos, también incendiaron la casa del ex Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín.
Casimira Lema fue expuesta a esta injusta situación a raíz de una convocatoria del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH que realiza investigaciones sobre la violencia y muertes ocurridas entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del 2019 en Senkata, Sacaba y Montero.
El 10 de octubre del 2019, tras que Evo Morales renunció a la presidencia y huyó de Bolivia, cerca a 40 forajidos del MAS allanaron su casa, destrozaron todo lo que encontraron en su camino, tiraron los muebles por la ventana encima del carro que incendiaron, le robaron los televisores, computadoras, objetos personales y le incendiaron la casa. Lo que es más; las hordas enardecidas pedían la cabeza de Casimira Lema que trabaja como presentadora de noticias en el Canal Universitario y ejerce la profesión de
periodista hace 30 años con profesionalismo, independencia y seriedad.
Su casa quedó en llamas y los vecinos ayudaron a apagar el incendio porque nadie se encontraba allí. La dejaron en la calle y desde entonces vive con su marido e hijos en un departamento pagando alquiler. Y -valiente como pocas y con vocación de periodista- sigue trabajando en su profesión.
¿Que hizo la fiscalía? Nada. ¿La Defensora del Pueblo? Nada.
“Lo sucedido a Casimira Lema es un escarnio a la verdad de la mujer periodista”, me dijo Olga Flores Coordinadora del Movimiento Mujeres por Justicia.
Es una vergüenza que una comisión de alto nivel, no haya definido una metodología para investigar ni escuchar las declaraciones de las víctimas y de los testigos. Hay principios y protocolos para la denuncia a violaciones de los derechos humanos que garantizan la seguridad jurídica de las personas.
El realizar una audiencia pública sobre temas tan sensibles en un colegio, no es el escenario ideal ya que expuso a los damnificados a situaciones de vulnerabilidad.
A la CIEI le faltó profesionalismo y seriedad para manejar la situación. Recibieron su testimonio con informalidad, algo que no corresponde. En cualquier sala de audiencia se tiene más respeto y seriedad.
Cuando Casimira Lema fue fustigada, ni siquiera echaron a los agresores del recinto.
¿Cómo puede permitir un equipo de defensores de derechos humanos que se agreda a una víctima de esa manera? Los insultos son considerados agravios.
Es más. Durante la sesión, circuló una lista que priorizaba que ciertas personas tomen la palabra. Y lo grave fue que el CIEI la consideró. Aquella lista no llegó a manos de Casimira Lema ni de Yareth García.
Todos estamos de acuerdo que se escuche el testimonio de personas que han perdido a seres queridos, que han sido heridas y afectadas, pero que no priorice a nadie. Debieron hacer listas por orden alfabético y definir horas para citar a las víctimas. La sesión fue totalmente politizada.
La CIEI permanecerá en Bolivia durante 6 meses para realizar las investigaciones. Esta debería actuar con profesionalismo, justicia, e igualdad con todos los damnificados.
Verónica Ormachea es periodista y escritora
