ANF B8815 16:43:00 01-05-2004JUD JUSTICIA-CRIMINALIDAD. La gente desconfía de la justicia: Crece "cifra negra" de criminalidad.La Paz, May 01 (ANF).- La corrupción y la injerencia política sobre el sistema de justicia ha determinado un constante crecimiento de la "cifra negra de la criminalidad en Bolivia", afirmó el analista jurídico, Carlos Jaime Villarroel Ferrer, al aseverar que cada vez menos gente confía en la administración de justicia.En opinión del experto, con más de 40 años de ejercicio de la abogacía, esta es una peligrosa tendencia para el Estado de Derecho puesto que cada vez más gente prefiere sufrir el costo de una victimización y asumir en silencio sus consecuencias o tranzar soluciones poco equitativas porque desconfía de policías, fiscales, jueces y carceleros."Cuando se dice que no se confía en los policías, fiscales y jueces es porque las víctimas de la delincuencia, si quieren recibir justicia, deben pagarla", advirtió Villarroel al explicar que este antecedente constituye un acto de inmoralidad institucional que condice el Estado de Derecho y la Seguridad Jurídica.El año 1998, el 70% de más de 6.500 hogares encuestados calificaba a la corrupción pública como un fenómeno grave o muy grave, el 31% de ese universo consideraba apremiante realizar urgentes correcciones a todos los componentes del sistema de justicia penal, según se expuso en el proceso de Diálogo Nacional con asistencia internacional.Diversas encuestas de opinión y otros estudios especializados si bien demuestran que la inseguridad ciudadana es una de las preocupaciones más sentidas por la población, también muestran una tendencia creciente por la cual la gente prefiere desechar la intervención de los operadores y órganos jurisdiccionales cuando sufrió un delito.Según un análisis estadístico relevado por la empresa Encuestas y Estudios, el año 2001, un 82% de la población encuestada en las principales ciudades aseveró que no denunció su condición de víctima ante ninguna autoridad estatal y organismo jurisdiccional, porque, tiene miedo a sufrir represalías o sabe que no prosperará la investigación, por lo cual prefiere acudir al apoyo y ayuda de familiares y amigos.Una reciente encuesta realizada por la empresa Apoyo, Opinión y Mercado de Bolivia refleja que la preocupación por la inseguridad y la delincuencia se incrementó de 64% en 2003 a 70% en 2004, en una investigación relevada el mes de febrero en los principales centros urbanos del país.La desconfianza la población en los operadores de justicia y los responsables de los órganos jurisdiccionales se hace patente en las grandes urbes del eje troncal del país, conformada por las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde se han registrado los mayores índices delictivos en relación a los restantes departamentos del país.Según la explicación en cierta medida los responsables de la justicia penal están frustrando los deseos de justicia de las víctimas bajo la premisa generalizada de que "el delincuente tarda más en ser capturado que en salir en libertad y en cierto medida impune de los ilícitos graves o no que pudo haber cometido.En criterio del experto, la falta de efectividad en las investigaciones dirigidas por la fiscalía e llevadas adelante por la PTJ, han cansado a las víctimas al extremo de "propiciar un mal arreglo transaccional que hacer un buen juicio, o en su defecto, optar por la justicia por mano propia y ejercer linchamientos, como viene ocurriendo en el país en los últimos años."El descreimiento en los jueces y magistrados se debe también a que existe corrupción y retardación de justicia", dijo al exponer que la opinión pública mira azorada como puede quedar libre e impune un ex dignatario de Estado que se lleva maletas de dinero del erario público."Con estos antecedentes, como no va a haber una desconfianza y escepticismo total en los órganos que el Estado tiene la obligación de manejar con eficiencia, la PTJ, el Ministerio Público y el Poder Judicial", explicó al indicar que la problemática es de alto riesgo en ausencia de medidas correctivas, más aún cuando existe un constante incremento delictivo.En su criterio, la solución a este complejo problema pasa por medidas inmediatas el préstamo de la tutela jurídica a través de instituciones despolitizadas de justicia, a partir de la reforma policial, un Ministerio Público, responsable de la defensa de los intereses del Estado y la sociedad; el Consejo de la Judicatura, encargado de seleccionar buenos operadores de justicia y la Corte Suprema que designa jueces y magistrados sin partido político, asimismo del propio Congreso Nacional responsable de designar a las autoridades del máximo tribunal del país y el Tribunal Constitucional.Asimismo, sugirió, el establecimiento de verdaderas políticas criminales que transversalicen el sistema de justicia penal.//JLZ//
