La Paz, 17 de diciembre (ANF).- La Fundación Tierra ha alertado que si el Gobierno niega la dotación de tierras a las comunidades indígenas tsimanes los estaría condenando a su extinción, por la presión de asentamientos de comunidades campesinas e interculturales.
Para el Estado Plurinacional las poblaciones tsimanes prácticamente “no existen”, no han sido integradas a la nación y en consecuencia sus derechos no son reconocidos, es decir, su derecho al territorio, a la identidad, a la educación, entre otros.
“Este es el punto de partida, la invisibilidad de esta población que es pequeña y que no son integrados al conjunto de la nación boliviana y el Estado en vez de buscar su protección lo que hacen es ignorarlos y al negarles tierra los está condenando a desaparecer. Este es el gran problema”, dijo el director regional Oriente de Fundación Tierra, Alcides Vadillo a ANF.
De 12 comunidades tsimanes ubicadas al noreste de la carretera Rurrenabaque-Yucumo, siete no tienen tierras y su solicitud de dotación está en trámite (San Julián, Jatatal, San Gabriel, Flor de Mapajo, Palmira, Río Grande y Vainilla), Aguas Negras está a punto de conseguir el título y cuatro comunidades ya tienen la autorización de asentamiento (San Antonio, 10 de Junio, Bajo Tacuaral y Palmito).
Aunque los tsimanes son los habitantes históricos en esos territorios, no tienen el “documento de titulación” que los hace dueños, por lo tanto su situación es de vulnerabilidad frente a los asentamientos de comunidades campesinas y de interculturales que sí tienen autorizaciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria.
Los indígenas contaron a este medio de comunicación, que visitó la zona, los problemas que tienen porque las tierras donde ellos habitan ahora son colonias de interculturales que aprovechando su condición de “dueños” los acosan y les exigen que abandonen la zona.
Vadillo asegura que el Estado originó el problema, por lo tanto, debe resolverlo garantizando y protegiendo los derechos de estas poblaciones altamente vulnerables.
Precisó que cuando el INRA hizo el saneamiento de tierras “no los ha visto (a los tsimanes), no los ha identificado, no los ha considerado poseedores de esa tierra y ha declarado esa tierra fiscal, ahí se origina el problema”, y empezó a otorgar tierras a otras poblaciones ajenas al bosque amazónico.
Hace unos años los indígenas preocupados por la presencia de personas “ajenas”, iniciaron sus trámites para que el INRA les dote de tierras como individuos y colectividades, pero hasta ahora lo nos escucha.
“Estamos esperando una respuesta del INRA, esperemos que actúe con la responsabilidad para garantizar los territorios a estas poblaciones”, manifestó Vadillo.
Hasta ahora el Estado está actuando de manera contraria a la Constitución Política del Estado, al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y a la Declaración de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas que prevén que los Estados deben garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas.
En consecuencia, dijo que si el Estado no garantiza sus territorios, denunciarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ya hay antecedentes de casos en los que los Estados han vulnerado los derechos de los pueblos indígenas, al no garantizar un pedazo de territorio que para ellos es su “condición de vida”.
Según Vadillo el tema ya se ha conversado con los indígenas, que al ser una población minoritaria, no tiene una organización, no tienen capacidad de ejercer o exigir el cumplimiento de un derecho a través de una marcha o un bloqueo, porque son poblaciones “débiles y vulnerables”, por eso plantean el mecanismo legal para conseguir sus objetivos
Los indígenas no solo enfrentan el problema de lo que denominan la “sobreposición” de asentamientos, sino la extracción de madera. Como las comunidades de interculturales tienen el título, también realizan los desmontes y chaqueos.
Vadillo explica que en el caso de campesinos e indígenas que viven en la zona el “simple hecho de vivir y que la tierra es parte de su condición para seguir viviendo ya es una función social”; sin embargo cuando la dotación es a otra población que no es de la zona “tienen que trasladarse al lugar a vivir, a ocuparla y trabajarla, si no lo hacen no cumplen la función social.
Los indígenas denuncian que esas poblaciones ajenas al bosque solo tienen las resoluciones de asentamiento para extraer la madera, muestran que los interculturales construyen unas precarias casas de cuatro columnas de madera y un techo de calamina que nadie las habita, solo para sentar presencia.
“Lo que verificamos en la región es un proceso en que el Estado solo les entrega tierra a comunidades interculturales y lo que hacen es pedir solicitudes de desmonte pero lo que hay es una autorización para aprovechar la madera que encuentran y comercializar de forma irregular”, según el experto en tierras.
Acota que efectivamente no todos entran a vivir porque muchos tienen tierra y tienen otras ocupaciones y oficios, en consecuencia lo que hacen es pagar a los que no tienen tierra para que ocupen las tierras y las trabajen. Situaciones que las instituciones del Estado debieran verificar y corregir.
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