La Paz, 5 de septiembre (ANF).- El
candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, asegura —que
en caso de llegar al gobierno— no retornará al país la Administración para el
Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés). Además, considera pertinente
abrir el debate de la despenalización de las drogas, sin que eso signifique que
esté a favor de esta, con los otros países de la región, tanto productores como consumidores de estupefacientes.
El también historiador y expresidente (2003-2005) recibió a la ANF en su oficina de la ciudad de La Paz, luego de su retorno de la Chiquitanía, para explicar la propuesta de gobierno de CC de cara a las Elecciones Generales de octubre de este año.
Uno de los temas que más le interesa es reestructurar la justicia, que considera que actualmente está corrompida. Dice que la independencia del Órgano Judicial y de los otros órganos es el único modo de garantizar el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.
ANF: ¿Cree que actualmente existen presos políticos en el país? ¿Qué hará para liberarlos?
CM: Lo que ahora existe —además de presos que podrían considerarse políticos y de centenares de compatriotas que han salido de Bolivia por persecución política—, lo que más dramático podemos establecer, como elemento clave, es la inexistencia de una justicia creíble. La justicia se ha convertido en un instrumento que no sirve para administrar adecuadamente una justicia para pobres, para gente promedio, para gente rica; una justicia para políticos. Y los miembros del Ministerio Público, los fiscales son equivalentes a los paramilitares en la época de las dictaduras, y eso es algo que va a cambiar radicalmente cuando nosotros seamos gobierno.
ANF: ¿Cómo va a garantizar el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos en el país?
CM: Primero, con los antecedentes que tengo como presidente cuando ocupé el cargo entre 2003 y 2005; respeté los Derechos Humanos (…), lo que marca nuestra voluntad democrática. Segundo, la independencia de poderes es fundamental: la independencia del Legislativo, pero sobre todo la independencia del Poder Judicial y del Tribunal Supremo Electoral, del Órgano Electoral Plurinacional, son claves para desarrollar un Estado de derecho adecuado. Y, finalmente, el cumplimiento y sometimiento a la Constitución que comienza por la alternancia en el poder y establecer con rigor el que no puedes ser Presidente por más de una vez consecutiva elegido en una elección sucesiva.
ANF: ¿Qué acciones inmediatas de fiscalización hará a los 14 años de administración del Estado, en materia de corrupción? ¿Evo Morales y Álvaro García tendrían que ser investigados?
CM: Primer elemento, para administrar cualquier tipo de investigación y cualquier tipo de administración de justicia hay que cambiar radicalmente el Poder Judicial, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional y Ministerio Público. Eso implica que inmediatamente lleguemos al gobierno, nosotros vamos a apelar a la ilegitimidad del mandato dado que la elección de 2017 el 40% votó nulo y el 20% votó blanco, frente a un total de apenas un 40% de votos válidos. Eso sin modificar la Constitución, porque no puedes establecer una investigación si previamente no has cambiado el Poder Judicial que va a administrar justicia.
Segundo, hay una tendencia a pensar —porque este gobierno ha manejado el poder judicial como si fuera suyo— como si este fuera un brazo ejecutor de las decisiones del presidente. La decisión del presidente es que debe hacerse una investigación en profundidad sobre las responsabilidades eventuales que puedan haberse dado. Y hay muchísimos ejemplos de casos de corrupción (…).
ANF: ¿Se impulsarán auditorías a las megaobras y a las empresas estatales, como la Empresa Azucarera San Buenaventura, Quipus, Lácteosbol, Boliviana de Aviación (BoA), entre otras?
CM: Hay que hacer una Investigación a fondo por una razón de principio: tenemos tal falta de transparencia (de las empresas), tales limitaciones en el acceso libre a la información, que por cierto es una ley imperativa en cuanto yo llegué al gobierno (…).
ANF: ¿Es necesario desmantelar la estructura que el MAS creó en el aparato estatal?
CM: En nuestro plan de gobierno no está la línea de pensar en privatizaciones. Lo que hay que hacer es: primero, un trabajo de investigación de puesta de análisis de en qué estado están esas empresas; segundo, de fortalecimiento; tercero, de eficiencia; cuarto, de productividad en el caso de las empresas productivas, o de buen manejo en el caso de empresas de servicios como es el caso de la empresa BoA (…).
ANF: En materia de política exterior, el Gobierno alejó a Bolivia de Estados Unidos y se acercó a China ¿cómo planteará estas relaciones internacionales?
CM: Esto tiene que ver con una lógica totalmente equivocada y totalmente miope; la lógica de amigo-enemigo, la lógica de ‘estás con mi ideología o contra mí ideología’. En las relaciones exteriores lo que se debe plantear fundamentalmente es el interés de Bolivia (…).
El segundo criterio es un objeto básico de Bolivia como país de contacto con todo el mundo. No hay ninguna razón para tener restricciones en nuestras relaciones exteriores (…) tomando en consideración apertura de mercados, intereses para nuestros connacionales, protección a nuestros migrantes y definición de espacios que tienen que ver con una bonanza comercial para Bolivia.
ANF: ¿Qué posición asumirá con relación a Venezuela?
CM: Creo que el señor (Nicolás) Maduro es un dictador y creo que Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, es el representante legítimo del Estado venezolano y es quien puede llevarnos hacia una transición democrática. En ese país nosotros promoveremos la construcción de una democracia en Venezuela y el fin de una dictadura que está en el poder de manera ilegítima.
ANF: ¿Se sumará al Grupo de Lima?
CM: Creemos que el Grupo de Lima es una estructura de países que tiene mucho sentido de defensa de los valores fundamentales de la Carta Democrática Interamericana. Pero a mí me gusta que volviéramos a los momentos 2001-2002 en que la Carta Democrática Interamericana era respetada por los 34 países que la conforman (…).
ANF: En el tema del Silala ¿cree que tiene que continuar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia o más bien plantea una negociación bilateral con Chile?
CM: Ya es un tema consumado, no se puede uno echar atrás (…). Este es un proceso que correrá hasta su fallo definitivo y lamentablemente a nosotros solo nos tocará recibir ese fallo, porque hay que hacer los alegatos orales. Si nosotros somos gobierno se tratará de que esos alegatos sean lo más consistentes posibles y lo más serios posibles dentro de la mecánica (…).
ANF: ¿Potenciaría otros puertos alternativos a los de Chile o más bien profundizará esa relación?
CM: (…) Primero, la realidad es que Chile tiene Antofagasta, Iquique y Arica como puertos importantes de diversa naturaleza (…). Nos parece fundamental el potenciamiento —no el desplazamiento total del comercio exterior porque no es realista— de nuestra relación con Perú a través de un puerto que ya funciona que es Matarani, y, finalmente, convertir ahí lo que desde 1992 debería ser un puerto alternativo muy significativo para ir desplazando progresivamente el comercio exterior.
Pero algo muy importante, Bolivia tiene una vocación atlántica incuestionable (…) Tenemos que desarrollar la lógica de que Puerto Bush sea nuestra salida natural, aunque tiene dificultades de carácter medioambientales, está en una zona del Pantanal (…).
ANF: ¿Cuáles deberían ser los procesos de integración regional en que Bolivia tendría que participar?
CM: Primera realidad, el Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) es ya un cadáver insepulto, no tiene ninguna proyección. Segundo, hay que analizar el destino de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que atraviesa una crisis. Tercero, hay que ver si se fortalece o no el liderazgo en el Mercosur (Mercado Común del Sur), ahí le toca más por razones de peso a Brasil y Argentina.
Pero lo que creemos es que hay que trabajar en una dimensión nueva: sustituir Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), que era un mecanismo sudamericano de carácter estrictamente ideológico; recuperar la idea de IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) (….), que en el 2000 estaba estableciendo una vinculación de infraestructura, de bienes, servicios. Pero no en base a qué ideología tienes, si eres neoliberal, socialista, mixto. Eso es irrelevante (…).
ANF: Sin embargo, IIRSA ha sido cuestionado por sus afectaciones medioambientales y a los pueblos indígenas…
CM: Entiendo perfectamente que la lógica del 2000, cuando se planteó el IIRSA, tenía que ver con un modelo de desarrollo al estilo tradicional que tiene que ver con vinculación, comunicación, infraestructura y con bienes. Eso no ha cambiado en la lógica de cómo nos vinculamos. Cuando se habla, por ejemplo, en Bolivia de la Interoceánica, la Interoceánica no deja de ser una propuesta válida, tiene que considerar impacto ambiental, consulta a los pueblos indígenas, mitigación de sus daños ambientales (…).
ANF: En relación a los derechos de los pueblos indígenas ¿qué piensa de la consulta previa libre e informada? ¿En qué temas se deberían aplicar?
CM: Lo que uno tiene que hacer es regirse a dos conceptos, la Constitución Política del Estado y lo que esta establece con relación a la pregunta, y la ley específica vinculada al tema medio ambiental, al tema minero, al tema hidrocarburífero. La consulta previa tiene que estar en ese contexto. Y algo más, en ese sentido nosotros creemos que hay áreas tradicionales de exploración y explotación petrolífera y gasífera, y áreas de explotación minera que tienen todavía una gran potencialidad. Creemos que no es un mecanismo adecuado, ni aún con consulta indígena, el que uno como Estado imponga la exploración y la explotación de recursos naturales no renovables en áreas indígenas y sobretodo en áreas protegidas.
ANF: Las organizaciones sociales que son la base política del MAS ¿cómo va a vincularse a estos sectores para que garanticen estabilidad a su gobierno?
CM: Hay que tomar en consideración que una cosa es el MAS en el gobierno y otra cosa es el MAS fuera del gobierno, democráticamente hablando, por supuesto. El impacto que tiene esto en su relación con los llamados movimientos sociales, que lamentablemente el MAS ha cooptado por el mecanismo del prebendalismo y en muchos casos la corrupción. Lo que hay que recomponer es la relación entre el Estado y la sociedad, que tiene legítima representación corporativa, pero que tiene que darle respuestas completas (…).
ANF: Entrando al área de seguridad ¿qué medidas propone para frenar el narcotráfico y qué institución debería comandar esta lucha?
CM: Aquí la primera respuesta es si creen que la respuesta está en la DEA, la respuesta no está en la DEA. No hay ninguna idea de que la DEA vuelva, por una razón muy simple, porque, durante los cuarenta años anteriores, la guerra contra las drogas en el mundo lleva más de 50 años, medio siglo, que ha resultado un absoluto fracaso. Y eso es una realidad que nos demuestra que los mecanismos tradicionales no funcionan. Eso implica que tenemos que tener una institución propia.
Pero dónde está el problema de fondo, es en la Policía en su conjunto; la Policía vinculada a la corrupción. Parte de esa corrupción está también en la Fuerza de Lucha Contra el Narcotráfico (…).
Para hablar del tema del narcotráfico hay que hablar de un doble problema, el problema de la exportación de droga fuera de Bolivia, vía avionetas o cualquier otro mecanismo, y del incremento del consumo interno de drogas: drogas baratas, drogas de fácil acceso, que están contaminando no solamente a niños que pasan a la adolescencia, a jóvenes, sino a personas de mediana edad y de la tercera edad (…).
La solución de fondo en la lucha contra el narcotráfico: hay que abrir el debate sobre descriminalización, despenalización o legalización de las drogas. Yo no estoy diciendo que lo respalde el último término de legalización, pero sí creo que hay que debatirlo. Y debatirlo, y aquí entro el tema de fondo, no es Bolivia la que va a dar una respuesta unilateral, diciendo nosotros hacemos esto y lo tomamos así. (…) Tenemos que establecer una estrategia común entre los países productores, una estrategia común entre los países consumidores de América del Sur (…).
ANF: ¿Mantendrá, reducirá o ampliará los volúmenes de la producción de hoja de coca?
CM: La primera pregunta que tenemos que hacer es ¿cuánta coca legal necesita Bolivia? Hemos tenido un amago de medición que la Unión Europea dio una cifra, el gobierno la relativizó. Se ha aumentado a 22.000 hectáreas lo que era 12.000 hectáreas de un proceso teóricamente de transición. Es en este momento un descontrol completo (…).
El intento que hizo el Gobierno de (Hugo) Banzer (1997-2001) de coca cero en el Chapare logró dos cosas: una reducción muy importante en un tiempo muy corto, que luego volvió a subir muy rápidamente, y segundo una generación de violencia muy dramática para quienes eran reprimidos, y para el propio gobierno que terminó siendo ilegítimo de cara a la opinión pública nacional bajo presión de uno de los países interesados. Esa lógica no puede continuar, uno tiene que trabajar primero con una medición correcta y segundo con un tratamiento adecuado internacional e interno sobre el tema.
ANF: La Policía es una de las instituciones que ha sido muy golpeada por escándalos de corrupción, narcotráfico, pugnas internas, politización y otros aspectos ¿qué soluciones dará al problema policial?
CM: Primero, una nueva estructura de formación de policías; lo que ahora es la Universidad Policial (Unipol) tiene que reestructurarse de cero. Tiene que establecerse una estructura descentralizada específica, lo que no quiere decir que cada gobernación tenga su propia policía, sino en el sentido de que una cosa es la lucha contra el crimen, otra la policía forense, otra la policía de Tránsito.
Pero lo más importante es el vínculo directo del policía de a pie que está en la calle y que tiene una interlocución con cualquiera de nosotros (…). Creemos que es perfectamente viable la cámara en el uniforme (…). Por supuesto que el policía no va a poder interferir la transmisión ni va a poder cortar la transmisión, ni tapar la cámara sin una sanción directa (…).
ANF: En el caso de las Fuerzas Armadas ¿seguirán los militares apoyando tareas diversificadas como administración de empresas militares, temas de licitaciones, apoyos en tareas sociales, en la lucha contra el contrabando?
CM: Primero, despolitizar las Fuerzas Armadas. El Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas no es un empleado del presidente del Estado; el presidente del Estado es el Capitán General de las FFAA, cuya tarea es la protección de la seguridad y la integridad y soberanía del país. Que las Fuerzas Armadas estén en discursos políticos, en adhesiones al presidente, en adhesiones al partido de gobierno es una vergüenza. Una vergüenza que debería eliminarse completamente.
Segundo, el trabajo social de las Fuerzas Armadas y el trabajo en control de desastres, el trabajo en el aporte a lo que representan dificultades en fronteras, en lo que las FFAA pueden actuar, no tengo ninguna dificultad (…). Y finalmente, el tema de que las Fuerzas Armadas estén en el área productiva o en empresas. (...) Esa no es su tarea (…).
ANF: ¿Considera conveniente que las FFAA se hagan cargo de la lucha contra el narcotráfico?
CM: Creo que tiene que ver con una política general. Las Fuerzas Armadas han estado actuando de manera complementaria, no son los protagonistas centrales y en términos generales yo no tengo observación a ello. Aunque hay que hacer una evaluación concreta de la lucha general que vamos a desarrollar contra el narcotráfico.
ANF: El problema carcelario tiene raíz en la crisis judicial, pero también cuenta con otros problemas como el hacinamiento a falta de infraestructura, corrupción y vulneración de derechos ¿qué medidas tomará sobre este punto?
CM: El tema de infraestructura es complicado, es complejo, requiere de una inversión específica para definir un tipo de cárcel que sea correcta en su diseño y humana en el tratamiento a los presos, a la vez que segura y donde haya el cumplimiento de normas. No es fácil la respuesta porque son inversiones muy significativas pero hay que encararlas.
El problema de fondo sigue siendo la justicia porque la retardación de Justicia es un tema dramático y el tema de la prisión preventiva se ha convertido en una norma (…).
ANF: ¿Cuál es su propuesta para acelerar la justicia?
CM: Nosotros vamos a construir los centros de justicia ciudadana o centros ciudadanos de justicia que van a tener lo que es la justicia de paz y lo que es la justicia de conciliación para evitar que tener que entrar en ese perverso mecanismo de la penalización de todo (…). Si tú tienes esos centros ciudadanos de justicia en las ciudades más importantes, algunos en barrios significativos, algunos en zonas rurales, tú puedes resolver el 60% o 70% de los problemas de una manera mucho más racional y no entrar en esa máquina trituradora que es el sistema penal.
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