La Paz, 14 de marzo (ANF).- La cuenca del Amazonas registra un permanente incremento de actividades extractivas que afectan de manera directa a sus habitantes. En el caso de Bolivia, los pueblos indígenas denunciaron la vulneración a sus derechos y un riesgo a su supervivencia por el impacto de la minería descontrolada y el uso irracional de mercurio para la extracción del oro en los ríos.
Los países que conforman la región amazónica presentan panoramas similares en relación a los daños ambientales generados por las actividades extractivas como la minería. Y esta realidad fue socializada hoy una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en el marco de su 183 periodo de sesiones con el tema puntual de la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el contexto de las actividades extractivas en Bolivia
“Yo creo que ha sido una audiencia positiva porque se ha visto algo muy evidente y hay un consenso que no se ha podido negar, que este es un problema muy grande, particularmente sobre las importaciones de mercurio y no solo es para Bolivia, sino para la región y el continente. Eso es muy positivo y eso se han manifestado como una preocupación latente”, manifestó a ANF Oscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), quien participó en esta audiencia ante la CIDH con una ponencia sobre el uso alarmante me mercurio para la minería aurífera en zonas amazónicas.
El experto estableció que al tratarse de una de las sustancias más toxicas en el mundo, el mercurio su uso para la actividad minera tiene impactos graves sobre la salud humana y medio ambiente y además vulnera de manera directa los derechos de pueblos indígenas.
“En Bolivia, el 2019, las importaciones de mercurio se incrementaron 20 veces más que en años anteriores (192 toneladas). Todo esto convierte a Bolivia en el segundo mayor importador global de mercurio”, detalló Campanini.
En esta audiencia también estuvo presente el relator de Naciones Unidas, Marcos Orellana (sustancias toxicas y derechos humanos), quien junto a su colega José Francisco Cali Tzay (derechos de los Pueblos Indígenas), en diciembre de 2021 hicieron llegar una “Carta de Alegaciones” al Estado boliviano sobre la situación de vulneración de derechos humanos por el uso irregular de mercurio en país.
Este documento hacía referencia a los estudios que demuestran los niveles elevados de contaminación por mercurio en mujeres indígenas entre 18 y 44 años del grupo indígena Esse Ejja, asentadas a lo largo de la cuenca del Río Beni, en zonas afectadas por la actividad minera aurífera.
Las consecuencias en la salud de las mujeres indígenas son extremadamente graves ya que pueden provocar daños cerebrales, ceguera, entre otras afectaciones al cuerpo. Asimismo, los relatores señalaron que tienen información sobre las implicancias de la contaminación en mujeres embarazadas, cuyos efectos en el feto pueden provocar discapacidad neurológica, perdida de coeficiente intelectual, daño en los riñones y al sistema cardiovascular.
“La pequeña minería aurífera es la fuente de emisiones de mercurio más grande y son liberadas en territorios indígenas y estas situación genera graves injusticias en términos de derechos humanos, en particular sobre pueblos indígenas y comunidades locales que viven de acuerdo a sus tradiciones y están siendo contaminados”, dijo Orellana hoy durante su intervención ante la CIDH.
El relator recalcó que el mercurio es un mineral sumamente peligroso, la exposición a éste “genera discapacidades graves, “particularmente en personas en situación de vulnerabilidad. Esto afecta a la vida, la salud y el derecho a un medio ambiente sano”.
Por ello, Orellana instó al Estado boliviano a presentar hasta dentro de dos meses y medio, su plan de acción destinado a reducir el uso y comercialización del mercurio en el país, con el fin de minimizar los impactos sobre los pueblos indígenas.
Por su parte, Ruth Alipaz, líder indígena uchupiamona y portavoz de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP), denunció durante su intervención ante la CIDH que en los últimos 16 años hubo un incremento acelerado de exploraciones petroleras, infraestructuras, agronegocio y minería que ponen en riesgo la existencia de los pueblos indígenas.
“La ley de minería 535 del 2014 desde su tratamiento ha excluido a los pueblos indígenas y favorece únicamente a grupos de interés políticos y económicos, permitiendo que terceros ajenos a nuestros territorios, obtengan derechos propietarios privados o cooperativos mediante concesiones mineras sobre nuestras tierras comunitarias de origen”, dijo Alipaz.
Además, recalcó la evidencia de una intervención de actividades y operaciones mineras dentro de territorios indígenas comunitarios y áreas protegidas con daños alarmantes en sus habitantes.
Frente a este escenario, desde la organización civil y pueblos indígenas se solicitó en esta audiencia, que una comisión de la CIDH llegue hasta los territorios indígenas para verificar la contaminación de mercurio y emitir un informe técnico que en un futuro sea vinculante.
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