La dictadura de los esposos Ortega y Murillo ha decidido cargarse a la Iglesia Católica de Nicaragua y sus principales representantes. La persecución ha recrudecido con la detención del obispo Isidro Mora, el miércoles 20 de diciembre de 2023, cuando se dirigía a la parroquia Santa Cruz. La Iglesia nicaragüense ha sufrido al menos 740 ataques. El periodista Wilfredo Miranda informa que el destierro más reciente de sacerdotes ocurrió en octubre pasado, cuando el régimen sacó de sus prisiones a una docena de curas que mantenía como presos políticos y los envió en un avión a Roma.
Sin embargo, la expulsión de religiosos comienza 2018, cuando los Ortega-Murillo forzaron el exilio del obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, una de las voces pastorales más críticas contra la deriva autoritaria y las violaciones a los derechos humanos. También se exilió el padre Edwin Román, un párroco que fue clave protegiendo a los ciudadanos de la represión en la ciudad de Masaya durante las protestas de 2018.
El gobierno echó igualmente en marzo de 2022 al nuncio vaticano, Waldemar Stanislaw Sommertag. La Santa Sede calificó la expulsión de su representante en Nicaragua como sorpresiva y dolorosa. A partir de ese momento la relación entre Managua y El Vaticano fue en declive, hasta el punto que en marzo pasado los Ortega-Murillo decidieron “suspender las relaciones diplomáticas”. La persecución religiosa incluso obligó al Papa Francisco a romper su postura neutral con los países que tienen regímenes autoritarios y comparó el sandinismo actual con “una dictadura hitleriana”, y llegó a “pensar en un desequilibrio de la persona que dirige”, lo cual desató más la ira de la pareja presidencial.
El periódico EL PAÍS encuentra agresiones contra sacerdotes y obispos, profanaciones de iglesias, cierres de medios de comunicación y ONG administradas por las Diócesis, congelamiento de cuentas bancarias y una narrativa sostenida contra el catolicismo y sus jerarcas. Por ejemplo, el 24 de enero de 2022, la “copresidenta” Rosario Murillo arremetió contra los sacerdotes llamándolos “retrasados y atrasados” que se “disfrazan con máscaras y con vestuarios pretendidamente elegantes”.
En la Semana Santa de 2023, la policía del régimen desató una cacería de creyentes y sacerdotes. Lo más llamativo fue la prohibición expresa de celebrar procesiones en el país. La medida se ha replicado después, como ocurrió con las procesiones de la Concepción de María a principios de diciembre, cuando Nicaragua celebra a la madre de Jesús como patrona nacional. El objetivo de esta persecución siempre es el mismo: hacer desaparecer por completo a la Iglesia Católica de Nicaragua, porque los sacerdotes y obispos no se han arrodillado a la dictadura y tampoco se han convertido en cómplices y compinches como buscaban y esperaban los Ortega.
Los Ortega no quieren esas voces proféticas que les estén recordando a cada momento, a través de la promulgación de la palabra y del evangelio, todos los actos criminales que la dictadura ha venido cometiendo. Y como no han logrado arrodillar a los obispos y sacerdotes a su proyecto dictatorial, el objetivo es aniquilar el catolicismo para crear ellos mismos su propia religión, en la que los dioses sean Daniel Ortega y su esposa.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua trató de mediar en la crisis sociopolítica de 2018 y luego, tras el aumento de la brutalidad del Gobierno, decidió solidarizarse y ponerse de lado de las víctimas. El oficialismo no perdonó esa decisión y el 19 de julio de 2018, en plena “operación limpieza” —como se conocen las matanzas perpetradas por los paramilitares—, Ortega acusó a los obispos de “golpistas”.
Y aunque el sandinismo ha logrado imponer una cierta autocensura espiritual, las vocaciones religiosas continúan vigentes y siempre se están formando nuevos sacerdotes. Tampoco olvidan al sacerdote Rolando Álvarez, el primer obispo arrestado y condenado a 26 años de prisión por los Ortega. En cualquier caso, las persecuciones judiciales y las detenciones abusivas contra los representantes de la Iglesia, han tenido un efecto contrario: la población, pese a tener todo el aparato estatal en su contra, igual ha reforzado su fe y seguirá defendiendo y fortaleciendo su vocación espiritual.
El autor es jurista y autor de varios libros.
