La autoprorroga de las principales autoridades judiciales puede convertirse en una medida indefinida y extenderse (contagiarse) a cualquier otro jerarca gubernamental (ya existe la jurisprudencia). La controvertida sentencia constitucional no sólo que se ha inventado una prórroga (porque nadie la pidió ni era parte de la pretensión), y ha reconocido interinatos que están prohibidos, sino también porque no establece límite alguno. La resolución dispone que las actuales autoridades de las Altas Cortes continúen hasta que se realicen las elecciones judiciales. Y, por supuesto, cuando la Asamblea Legislativa inicie el proceso legislativo, cualquier ciudadano puede volver a plantear la inconstitucionalidad de la normativa, y ahí entraremos en un círculo vicioso y no habrá preselección ni elección de nuevas autoridades.
La decisión del tribunal constitucional viene a confirmar que al gobierno de Luis Arce no le interesa la designación de nuevas autoridades judiciales, menos comenzar un verdadero proceso transformador del sistema de justicia, por la sencilla razón que los conflictos políticos al interior del MAS, le conviene que sean conocidos y resueltos por las autoridades prorrogadas. La legitimidad del congreso de Lauca Ñ, la sigla política del MAS, la inhabilitación y posible eliminación del liderazgo histórico, la candidatura presidencial en las elecciones generales de 2025, entre otros inminentes conflictos políticos, Luis Arce quiere que sean resueltos por las autoridades autoprorrogadas y en función de sus intereses partidarios. La angurria de poder está por encima de los valores y principios democráticos y del Estado Constitucional de Derecho.
El gobierno de Luis Arce Catacora no solo que no quiere reconocer que el modelo judicial del MAS ha fracasado sino también ha buscado (y conseguido) bloquear cualquier intento de transformación de este Órgano del Estado. Al margen de la visita del relator de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Diego García-Sayan, su lapidario informe definitivo, y el reiterado anuncio de realizar una “cumbre judicial”, no se ha avanzado (ni un milímetro) en el imprescindible proceso de la reforma judicial.
La reforma integral del sistema judicial (que incluye el propio poder judicial, el ministerio público, la policía y las cárceles) debe cambiar los procedimientos de designación de las principales autoridades para comenzar una verdadera reingeniería al interior del poder judicial. El problema central es la falta de independencia de los jueces que debe resolverse cambiando la modalidad de las designaciones de magistradas y magistrados.
Lo que está clarísimo es que un Órgano Judicial sin independencia no solo degrada la institucionalidad democrática y genera corrupción, pobreza, miseria y la ley de la selva, sino además pone en duda la viabilidad y sostenibilidad del Estado. Pero la solución no pasa sólo por cambiar a las principales autoridades judiciales. Hay que fortalecer al Órgano Judicial, al MP, a la policía y al sistema carcelario en su conjunto. Y este fortalecimiento pasa por reconocer la meritocracia, los cargos vitalicios, exámenes de competencia y oposición, el funcionamiento real de la “Escuela de Jueces del Estado” y la evaluación periódica de forma que se cualifique la formación y capacitación permanente de los jueces, fiscales, y policías. Se necesita institucionalizar la carrera judicial, para terminar con los jueces a carrera.
Sin embargo, hay reformas que se pueden hacer (siempre que haya voluntad política) en forma directa, sin necesidad de realizar grandes cambios. Así, por ejemplo, aumentar el presupuesto económico (que no debe estar por debajo del 3% del total del presupuesto general) resulta imprescindible para fortalecer el Órgano Judicial; incrementar el número de jueces, construir infraestructura, introducir tecnología de punta, realizar evaluaciones, ampliar la cobertura judicial y el acceso a los servicios judiciales. Es imprescindible introducir el “expediente electrónico”, la inteligencia artificial y el uso de la tecnología de punta en todas las materias.
La autonomía económica, corrupción generalizada, retardación de justicia, pérdida de confianza y credibilidad, falta de oralidad en todos los procesos, capacitación permanente y selección de los mejores profesionales, son algunos de los grandes desafíos que debe resolver el Estado para comenzar un verdadero proceso de reformas y tener a mediano plazo un sistema judicial independiente, fortalecido, confiable, imparcial y competente. ¿Será mucho pedir?
El autor es jurista y autor de varios libros
