El proceso constituyente, que elaboró la Constitución boliviana, concluyó con el referéndum aprobatorio de fecha 25 de enero de 2009, y su promulgación el 7 de febrero del mismo año. Fue un proceso político traumático, complejo, violento, y que, contra todo pronóstico y previsión legal y administrativa, duró tres años. La Asamblea Constituyente proclamaba tener poderes absolutos e ilimitados cuando, en realidad, sólo podía ejercer una potestad delegada con una función determinada como era la de redactar un proyecto de Constitución. Los legisladores utilizaban indistintamente Poder Constituyente y Asamblea Constituyente, confundiendo así al titular de la soberanía con sus representantes.
Los oficialistas calificaban a la Asamblea Constituyente de “originaria, plenipotenciaria”, y otros términos parecidos, que siempre fueron contrarios a su naturaleza jurídica. La Ley especial 3464 de 6 de marzo de 2006, reguló el proceso constituyente y sufrió varias modificaciones. Y como una evidencia de que esta Asamblea Constituyente no era soberana, originaria ni plenipotenciaria, ni podía suplantar al soberano, la normativa tenía previsto que, en caso de no aprobarse por mayoría absoluta el nuevo texto de la Constitución, continuaba en vigencia la Constitución ordenada mediante Ley N° 2650 de fecha 13 de abril de 2004 y la Ley de 6 de julio de 2005.
En realidad, este extremo estuvo a punto de ocurrir ya que los asambleístas no sólo llegaron a polarizar entre los movimientos sociales aglutinados en el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, y la oposición política representada por PODEMOS (Poder Demócrata y Social) del ex presidente Jorge Quiroga y otras fuerzas menores, sino que pretendían que la Asamblea Constituyente de 2006-2009, fuera soberana, originaria y plenipotenciaria. Por tanto, el oficialismo buscaba ejercer un poder absoluto por encima de los tres poderes del Estado y la propia Ley de convocatoria o ente convocante.
El original proyecto hegemónico del gobierno del MAS se facilitó en la medida en que no sólo se había liquidado militarmente a la oposición y concentrado el poder en el Órgano Ejecutivo, sino además porque había que terminar (o profundizar) la división política y territorial entre la “media luna” (ubicada en el oriente boliviano) y el gobierno de Evo Morales.
Pero los problemas de la Asamblea no sólo fueron “domésticos” sino que implosionaron cuando Sucre reclamó la capitalía plena, con el regreso de los Poderes Ejecutivo y Legislativo que funcionan en La Paz. Este pedido causó un verdadero terremoto político y un estallido de violencia, que obligó a cambiar de sede y prácticamente los asambleístas huyeron del centro de la ciudad y se refugiaron en la Glorieta. Y después terminaron escapando a Oruro, donde fueron suficientes alrededor de 16 horas continuas para aprobar los 411 artículos del texto constitucional. Y lo más curioso no fue la aprobación del texto en tiempo récord, sino que no se sabe qué texto finalmente se aprobó: si el redactado por las comisiones y los propios asambleístas, o un texto introducido en la oscuridad de la noche y en medio de bayonetas y fusiles.
En realidad, varios asambleístas sostienen que el texto constitucional difundido entre finales de diciembre de 2007 y febrero de 2008, es un documento apócrifo si se lo compara con los informes originales de mayoría y minoría redactado por las 21 comisiones hasta julio de 2007. En concreto, los asambleístas del MAS Marcela Revollo y Santos Ramírez sostienen que el texto sancionado en Oruro era diferente al aprobado el 24 de noviembre en el Liceo militar Edmundo Andrade de Sucre.
Sin embargo, lo más aberrante fue que la Asamblea Constituyente terminó subordinada al entonces Congreso Nacional (que tanto criticaban y denostaban los asambleístas del MAS) donde un reducido número de constituyentes y parlamentarios (no llegaban a 10), terminaron el 21 de octubre de 2008 firmando un Pacto que permitió realizar “ajustes” al texto constitucional, según la Ley N° 3942 de 21 de octubre de 2008. De ahí que la actual Constitución Política del Estado concluyó siendo sancionada en el ex Congreso Nacional, que hizo de “partero” constitucional, previo pacto político de por medio.
El autor es jurista y autor de varios libros.
