La Paz, 18 de junio de 2026 (ANF). - El Ministerio Público identificó un daño económico de más de 3,7 millones de dólares por la compra de crudo con supuesto sobreprecio a la empresa Trafigura por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“Conforme la denuncia que ha sido presentada, se puede advertir un presunto daño económico en la suma total mensual de 3.785.000 dólares americanos”, señaló el fiscal del caso Omar Quisbert a la consulta que realizó la ANF.
La investigación fue abierta en abril de este año a raíz de una denuncia que presentó el vicepresidente Edmand Lara y un grupo de parlamentarios, donde señalaron presuntos hechos de corrupción en la firma de convenios para la importación de crudo.
De acuerdo con la investigación, en diciembre de 2025 la empresa Trafigura se adjudicó un contrato para el suministro de crudo que establece un premio (comisión) de 20,88 dólares por barril puesto en Pocitos y 22,88 dólares por barril en Arica.
Los demandantes indicaron que el costo era más alto del que se pagó a la subsidiaria Botrading, ya que en el contrato de crudo que se suscribió en 2024 el premio era de 9,10 dólares por barril entregado en Pocitos y de 18,41 dólares por barril en el puerto de Arica.
Por otra parte, el fiscal dijo que existe una persona con detención preventiva por este caso. Se trata de uno de los integrantes de la comisión de calificación de contratos de la estatal petrolera, fue identificado como José A.
Agregó que el entonces funcionario se presentó a declarar de forma voluntaria y luego se decidió aprehenderlo ya que se encontraron indicios en su contra. Posteriormente, fue trasladado a dependencias policiales.
Según la Fiscalía, el funcionario fue designado para verificar la documentación presentada por las empresas interesadas en la adjudicación del contrato y evaluar las condiciones económicas antes de la firma del convenio.
Entre sus responsabilidades figuraba la revisión de los precios ofertados y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso de contratación.
El Ministerio Público lo imputó por el delito de contratos lesivos al Estado y, en la audiencia de medidas cautelares, el juez determinó su detención preventiva en la cárcel de San Pedro por el lapso de seis meses.
A mediados de mayo, el exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli; y el expresidente de YPFB, Yussef Akly, comparecieron en calidad de testigos. El primero evitó referirse al tema, mientras que Akly dijo que entregó toda la información sobre el caso y afirmó que está dispuesto a colaborar con la investigación.
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