La Paz, 1 de enero de 2023 (ANF).- Las diversas fuentes de contaminación
que se producen por el extractivismo del oro en la Amazonia, así como con
la quema de bosques, ponen a la población en general en un peligro alto de
envenenamiento con consecuencias incalculables. Así lo afirmó Pablo Villegas,
investigador del Centro de Documentación e Investigación Bolivia (Cedib).
“Bolivia está ante una tragedia
masiva de envenenamiento de la población, el mercurio no es el único metal
pesado que está contaminando, hay plomo y otra serie de contaminantes, por
ejemplo, en las aguas de la ciudad de La Paz porque sus represas están rodeadas
de minas. A eso habría que sumarle que Bolivia en la época de incendios de
bosques se convierte en el país más contaminado del planeta”, aseguró.
Además, indicó Villegas, la
contaminación comprobada por estudios del Cedib y publicados este año se
concentran en datos extraídos de los ríos Madre de Dios y Beni, al norte del
país. Aún no se tienen datos de Guarayos, río Pilcomayo y de otros sectores
auríferos.
Si bien la constatación científica
resalta que las poblaciones indígenas de tierras bajas son afectadas a nivel de
salud, economía y derechos humanos, los pueblos originarios no serán los
únicos que sufran en un futuro cercano los efectos de la minería, sino que
también los centros urbanos se estarían viendo afectados ante la “mirada ciega
de autoridades y de todos los bolivianos”.
“Nosotros hemos visto que los mayores índices de
contaminación se dan en los pueblos indígenas, pero también se dan en las áreas
urbanas de la Amazonía como Riberalta, Rurrenabaque y Guayaramerín que
estarían siendo contaminadas por las aguas que vienen del Madre de Dios,
río Beni y Mamoré”, dijo Villegas.
Pueblos indígenas
Para el investigador, los pueblos
indígenas se caracterizan por ser “extremadamente” pacíficos y su forma de
actuar se expresa a través de sus movilizaciones, pero de retomar esta medida, “las
poblaciones indígenas contarían con un respaldo muy fuerte de
poblaciones urbanas de la Amazonía y del país”.
En cuanto a una proyección de la
contaminación por mercurio, Villegas afirmó que sus efectos en la salud
preocupan, como lo recientemente revelado por los estudios, pero no solo a
nivel de enfermedades de motricidad, sino que preocupan los impactos en
el intelecto de las personas como lo que se está viendo en jóvenes menores de
19 años donde las investigaciones han detectado promedios de 6,5 de nivel
de mercurio, cuando debía ser como
máximo de 1, como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“Cómo una juventud mañana va a tomar el
control del país, va a ingresar a las universidades, si tenemos este problema que
ya es un impacto muy serio. No estamos hablando de algo que puede
producirse, hemos comprobado que se ha producido”, aseguró Villegas.
En este punto, Lidia Guaya, directora
de la Organización Comunal de la Mujer Amazónica con sede en Guayaramerín,
resaltó la preocupación de las poblaciones no solo indígenas, sino campesinas debido
a la contaminación por extracción del oro y por otros residuos sólidos que
afectan a los ríos de la zona.
“Todas las poblaciones de la Amazonía
están preocupadas por esa contaminación que existe, además el consumo de agua
ya no es viable por los residuos sólidos que se encuentran”, afirmó.
Las organizaciones de la Amazonia se
encuentran esperando los resultados de una nueva investigación a cargo del
Cedib en la región de Cachuela Esperanza, donde poblaciones indígenas y
pescadores verán qué acciones tomar tras conocer los resultados.
“Nosotros estamos esperando la
respuesta del CEDIB para ver cuánta contaminación existe en los peces de los
ríos Mamoré y Beni y cuánto ha afectado a la población”, acotó.
Villegas indicó que hace falta un
estudio de salud pública epidemiológica para detectar los efectos y
consecuencias de esta contaminación por actividad extractiva en la Amazonia, ya
que el Cedib con sus investigaciones solo constató que existe la contaminación,
pero para profundizar y buscar soluciones a los problemas es necesario un estudio
especializado por parte del Estado.
Lavado de dinero
Para comprender el problema de la
contaminación extractiva en los pueblos indígenas, en la población en general y
el medio ambiente, Villegas dijo que primero se debe entender la economía del
oro que tiene un alto valor comercial y por el que se paga una insignificante regalía
y ningún impuesto.
El Proyecto de la Ley del Oro ha
revelado en su fundamentación que la mitad del oro producido en Bolivia proviene
del Perú, sin embargo, al Gobierno solo le preocupa el flujo de dólares para
engordar las reservas internacionales, pero, desde el punto de vista de
Villegas, “no se está viendo el problema del posible y muy
probable origen ilegal de los capitales que manejan este 50 por ciento del
oro que hay en Bolivia”.
En este escenario, Villegas consideró
que el sector aurífero estaría siendo controlado por capitales ilícitos,
lo que conlleva a un problema más grave, es decir, no solo se trataría de
avasallamientos y contaminación ambiental en áreas protegidas y tierras
indígenas.
“Si esto se está produciendo es porque
alguien o un sector muy poderoso tiene la capacidad de perder dinero haciendo ese
movimiento y la única razón posible de que se haga ese movimiento de meter oro
peruano a Bolivia para sacarlo otra vez es para blanquear algo”, dijo.
Recientemente el gobierno junto a los mineros del Norte de La Paz firmó
un acta para eliminar el ingreso a las áreas protegidas y a territorios
indígenas, como resultado de una movilización en el Parque Nacional Madidi.
Villegas cree que esta acción no resuelve
el problema de avasallamiento y contaminación de fondo porque no existen
políticas y/o programas para reducir los efectos del uso del mercurio en la
minería, a pesar de los llamados de atención que ha hecho Naciones Unidas.
“Los mineros siguen ahí, siguen con todas las actividades, o sea, esta
anulación fue solamente un acto de publicidad para que quede bien el que anula,
pero la situación no ha cambiado en nada”, indicó.
Villegas concluyó que para revertir el
daño de la contaminación a mediano y largo plazo es necesario contar con
instituciones que asuman la defensa de los pueblos indígenas y de las ciudades.
Atribuyó toda la problemática a la característica de la política del Estado
actual.
“No hay instituciones que se ocupen
de defender a los ciudadanos, hay leyes que no se cumplen, pero,
además, en el aspecto legal han hecho modificaciones que violan la Constitución
Política del Estado, como en la Ley de Minería que prácticamente ha eliminado
la consulta previa ¿qué le queda por hacer al pueblo? No hay otra que
luchar porque se respeten las leyes y para eso la Constitución claramente
reconoce el derecho a la movilización”, apuntó.
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