Anuario 2022

La Paz, 27 de diciembre de 2022 (ANF).- A casi dos años del anuncio de la mentada reforma judicial en Bolivia, organizaciones de víctimas del sistema penal y activistas no advierten cambios en favor de la población litigante, por el contrario, observan falta de capacidad de los funcionarios y el aumento generalizado de la impunidad y la corrupción.

En el Anuario 2022 de la ANF se destaca la crisis del sistema de administración de justicia como uno de los asuntos de Estado que siguen pendientes de una reforma profunda, que pese a los anuncios gubernamentales no se ha concretado.

David Inca Apaza, activista de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto, dijo a ANF que la crisis de la justicia es un tema institucional y nada se está haciendo para que exista un cambio de paradigma.

Cuestionó el proceso de adaptación que han tenido los funcionarios de la administración de justicia para superar los controles implementados y seguir con los cobros y exacciones.

“Hay letreros contra la corrupción, pero resulta que ahora la corrupción es más sutil, ya no es tan evidente, buscan maneras de cómo encubrir esos actos ya sea por parte de investigadores, fiscalía o jueces”, dijo a ANF.

En enero de esta gestión se conoció con la liberación de varios sentenciados por asesinato y feminicidio una especie de ‘justicia a la carta’, donde funcionarios judiciales a disposición de prontuariados ofrecían sus servicios a cambio de libertad por dinero. El caso más emblemático es el de Richard Choque, quien pese a tener una sentencia de 30 años de cárcel fue favorecido con libertad, tiempo en el que cometió más asesinatos.

Los casos de corrupción que salen a la luz son los más emblemáticos pero son pocos, dijo Inca, y hay muchos otros que se quedan en la denuncia y no se sabe más, “pero siguen ahí, es decir no sacan a los corruptos, más bien los suben de un puesto inferior a uno superior, y el resultado es que tenemos gente que sigue sufriendo por los actos de corrupción”.

Para la presidenta de la Asociación de Familias de Víctimas en busca de Justicia Bolivia, Estela Quintana, existen muchos casos de corrupción en la justicia y eso se puede evidenciar en cada etapa procesal en las que se “negocia” la investigación, la acusación y hasta la sentencia. 

“Dentro de nuestra organización hemos podido evidenciar muchos casos de corrupción, desde el momento en que iniciamos la denuncia, con la desaparición de la víctima”, refirió a ANF.

Indicó que en el proceso de investigación se pierden prendas de las víctimas que contienen pruebas de los agresores, “es decir que hacen desaparecer la evidencia para encubrir a los cómplices que han participado, porque en la mayoría de esos hechos de sangre no solamente actúa una persona, sino actúan en complicidad”.

“En presencia del cadáver están transando el investigador y el médico forense con la familia del agresor, se va acordando para que se vaya perdiendo evidencia y no se note lo que realmente se está viendo en la víctima, de qué murió, con qué prenda fue encontrada, aprovechan la consternación de la familia”, aseveró.

La corrupción también se evidencia en sentencias que no corresponden a la Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. “Las sentencias van desde los 20 años, pero se dan desde 6 a 8 años, entonces es lamentable, por eso nosotras contundentemente decimos que toda esta estructura policial judicial responde a un poder económico y no a la población”.

Melania Torrico, activista por los  derechos Humanos y presidenta del Movimiento Blanco o Negro, aseveró que “jamás se ha visto en décadas una mejoría en la administración de justicia”, y por el contrario, agregó, que en Bolivia se ve cada vez una justicia “más cruel” que ya no debería ser digna de ese término.

Como activista de los derechos de los hombres frente a la violencia, dijo que el principal obstáculo es que los varones son invisibilizados frente a las mujeres y muchos son víctimas de denuncias sin fundamentos. Cuestionó la investigación precaria que realiza la policía bajo la dirección del Ministerio Público que tiene como consecuencias escasos elementos de prueba para el dictamen de los jueces.

La formación de las autoridades en la cadena de justicia es muy precaria y pese a los anunciados cursos y talleres de formación de los funcionarios, la justicia no experimenta mejoras, agregó.

David Inca coincidió con esta apreciación al advertir que “constantemente hay información de que el Ministerio de Gobierno y la Policía están haciendo capacitación y formación en tema de leyes y procedimientos, como también los jueces y fiscales, pero al parecer todavía no digieren lo que han aprendido porque no lo llevan a la práctica, los resultados no se observan”.

Para el activista la solución no es la formación y capacitación de funcionarios, sino la empatía que deberían tener las autoridades, es decir, ponerse en el lugar de la víctimas, pero “muchos operadores de justicia ven a las víctimas como un estorbo y siempre le echan la culpa de lo que le pasa y donde el victimario resulta ser el ofendido”.

Estela Quintana agregó que si bien en esta gestión se ha visto la promulgación de la Ley de protección a las Víctimas de Violencia por el Ejecutivo, sólo constituye un parche momentáneo debido a que ninguna ley toma en cuenta la participación de las familias afectadas, que podrían aportar mucho, pero el Gobierno prefiere trabajarlas con sus organizaciones sociales afines que desconocen la realidad de las víctimas.