Anuario 2022

La Paz, 30 de diciembre de 2022 (ANF).- Dos conflictos sociales que dejaron muertos y heridos en Bolivia pusieron en jaque al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), a la cabeza del presidente Luis Arce, durante esta gestión que termina.

El primero, fue el paro cívico en Santa Cruz de la Sierra por la realización del Censo de Población y Vivienda el 2024 y no como pedían los cruceños el 2023. Y el segundo, fue el pedido de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz para el cierre del mercado “ilegal” dirigido por Arnold Alanes, aliado del oficialismo.

El paro indefinido en Santa Cruz duró 36 días y exigió la abrogación del Decreto Supremo 4760, que establecía la realización del censo; las movilizaciones de los cocaleros de los Yungas duraron semanas.

El politólogo Wim Kamerbeek Romero consideró que estas movilizaciones, principalmente en relación al paro en Santa Cruz, son un reflejo de que existe descontento de la población ante un Gobierno central poco eficiente para resolver las demandas de su pueblo. A eso se suma que cada vez se está entrando a una conflictividad más intensa.

“La relación de Santa Cruz con el Gobierno central no es de reciente data, en los 90 las élites cruceñas se enfrentaron a (Gonzalo) Sánchez de Lozada porque estaba otorgando tierras en ese departamento; en el 2000 también cuestionan al gobierno de Banzer y Tuto Quiroga por la crisis económica y los casos de corrupción. En el 2003 Rubén Costas frente a Carlos Mesa pide autonomía en Bolivia y una adecuada distribución de los hidrocarburos; en el 2006 al 2008 hay otra serie de conflictos como de la media luna. Desde 2019 hay conflictos cada vez más largos, más intensos frente al Gobierno del MAS. Todo esto va a llevar a un cambio de orden político”, señaló el politólogo a ANF.

Tres muertos, más de 100 heridos y agresiones a la prensa

A las 00.00 del sábado 22 de octubre comenzó el paro cívico en Santa Cruz de la Sierra. La movilización, liderada por el gobernador Luis Fernando Camacho, las instituciones que conforman el Comité Cívico y el pueblo en general iniciaron esta medida que dejó tres muertes, más de 100 heridos, agresiones a la prensa y 25 detenidos tras registrarse enfrentamientos–además del uso de agentes químicos por parte de la Policía- entre los cívicos y grupos afines al MAS.

Tras el inicio del paro, ese mismo 22, en el municipio de Puerto Quijarro -frontera con Brasil- hubo un enfrentamiento entre masistas y vecinos que comenzaron a bloquear. El alcalde Luis Chambi -militante del MAS- ordenó que funcionarios desbloqueen el paso, es cuando Julio Taborga –quien también era funcionario edil- tras inhalar el humo ahogante de una granada de gas perdió la vida, contó su hijo, Diego Taborga. Él aseguró además que se pagó a brasileños y a ayoreos para atacar a los cívicos. Tres personas fueron detenidas preventivamente acusadas por la muerte del lugareño.

Paralelamente, el Gobierno determinó suspender las exportaciones de carne de res, azúcar, aceite, soya y sus derivados; sin embargo, pocos días después se levantó la medida para una parte de los productos y luego para el resto de los productos. Los exportadores perdieron un poco más de $us 230 millones, dinero que ya no pudieron recuperar.

El 28 de octubre otra persona murió tras sufrir un accidente de tránsito en San Ignacio de Velasco, el Gobierno culpó al paro.

Dos días después, hubo enfrentamientos entre grupos del MAS y gente que estaba a favor del paro en San Carlos, se informó que masistas atacaron un punto de bloqueo de los cívicos y se detuvo a una persona. El 31, este mismo bando marchó rumbo a la Gobernación para exigir la renuncia de Luis Fernando Camacho.

La violencia continuó, el 2 de noviembre, en Todos Santos, esta vez hubo enfrentamientos en La Guardia. Entre el 31 y el 2, nueve personas fueron detenidas.

Los ataques a la prensa se dieron el 22 de octubre y el mismo 2. Por un lado, un equipo de prensa de Gigavisión fue atacado por un funcionario de Vías Bolivia, y por otro, el periodista de Unitel, Mario Rocabado fue fuertemente golpeado por grupos de choque cuando cumplía su labor. Hoy, él continúa recuperándose.

El 9 de noviembre, tras chocar con un cable mientras conducía su motocicleta, Eduardo Arancibia perdió la vida en un punto de bloqueo. Tres personas fueron detenidas. Al día siguiente José Eduardo Sosa fue apuñalado en un punto de bloqueo. El Gobierno informó que se debió a una pelea de pandillas.

El 11 de noviembre fueron atacadas las oficinas de la Cámara de Industrias y Comercio, así como las oficinas de la Central Obrera Departamental (COD) en Santa Cruz y la Federación de Campesinos. Se detuvieron a 15 personas, entre ellas un camarógrafo de un portal de noticias.

Mientras todo eso sucedía, en Trinidad, Beni, el Gobierno inició el trabajo de la Comisión Técnica en la que autoridades del país buscaban definir con exactitud el consenso para definir la fecha del censo ante seis propuestas, de las cuales tres planteaban que se realice en 2023. La mesa técnica determinó que el Censo de Población y Vivienda se realice en marzo o abril de 2024 y que los resultados se podrían conocer cinco meses después.

El 13 de noviembre, el cabildo cruceño determinó extender el paro a la espera que la Asamblea Legislativa eleve a rango de ley el Decreto Supremo 4824 que establece esta fecha, así como la redistribución de recursos por coparticipación para septiembre del mismo año. El 28, el pleno de los diputados aprobó la norma, ese día, representantes del Comité Pro Santa Cruz decidieron deponer la protesta, luego de 36 días del paro cruceño. El 2 de diciembre el presidente Luis Arce Catacora promulgó la ley

“En Bolivia es evidente que cada vez hay muy poca confianza en los políticos, pero también muy poca confianza en lo que entendemos como democracia representativa, porque hay muy poca fiscalización de parte de los controles sociales ciudadanos que están muy debilitados. El Gobierno es muy débil para entender a los conflictos y se radicaliza cuando se trata de enfrentarlos, hay muy poco consenso desde el Gobierno como desde el Comité Cívico Cruceño. El conflicto ha desnudado que el Estado es poco eficiente a la hora de resolver demandas, que hay un descontento generalizado en Bolivia”.

Quema del mercado “paralelo” de coca, dirigente continúan preso

Según la Ley General de la Coca, solo existen dos mercados que pueden vender de forma legal esta hoja: la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), en La Paz; y la de Sacaba, en Cochabamba. Sin embargo, existe otro mercado “paralelo” dirigido por el dirigente aliado al MAS, Arnold Alanes y que fue abierto a mediados de junio de este año.

Esa fue la razón principal para que los cocaleros de Adepcoca y dirigidos por Freddy Machicado –hoy preso- se movilicen contra el Gobierno exigiendo su cierre definitivo. En agosto comenzaron las movilizaciones en la zona de Villa Fátima y Villa El Carmen.

Fueron varias semanas de protestas violentas con dinamitas y gasificaciones constantes y enfrentamientos entre los sectores de Alanes y Adepcoca; incluso los vecinos exigieron la expulsión de ambos por miedo a más daños en sus viviendas y contra los vecinos.

Plácido Cota, quien participaba de las manifestaciones con la asociación, perdió la mano y sus órganos internos quedaron expuestos tras la explosión de una dinamita. Los médicos solo le dieron 20% de posibilidades de sobrevivir, pero tras siete operaciones y descanso por más de un mes se repuso.

Debido a que no obtuvieron la respuesta esperada, el 8 de septiembre más de 1.000 cocaleros de los Yungas que apoyaban a Machicado llegaron a la sede de gobierno. De forma violenta, tomaron el mercado clandestino y quemaron gran parte de sus instalaciones, además de quebrar sus vidrios. El grupo de Alanes intento defender su sede, pero terminaron huyendo. Se registraron heridos, gasificación y dinamitazos. Se registraron al menos 25 heridos.

Tras este incidente, el 14 de septiembre la Policía aprehendió a Freddy Machicado por la destrucción de ese mercado y al día siguiente la Justicia le dio detención preventiva por seis meses.

Por otro lado, 22 fueron detenidos también a consecuencia de esos enfrentamientos. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, los acusó por la tenencia de artefactos explosivos.

Hoy ambos mercados continúan con la comercialización de esta hoja. Tras un mes de la quema, los cocaleros del bloque de Alanes reabrieron nuevamente el mercado.

“Estamos adentrándonos a una conflictividad casi más intensa, de descomposición porque es obvio que la democracia no está satisfaciendo los intereses de la gente a nivel más general”

MVL