La dura lucha de los discapacitados no consiguió el bono, pero la actitud del Gobierno llegó hasta la ONU
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19DIC
Los discapacitados a su arribo a La Paz en abril. Fotos: María Angélica Michel/ANF
19 de Diciembre, 2016
Las personas con discapacidad en marzo emprendieron una caravana desde Cochabamba hasta La Paz, lugar donde permanecieron tres meses demandando una renta mensual de Bs 500. Sin embargo, luego de momentos de mucho conflicto y tensión, la sacrificada protesta fue levantada en julio sin haber logrado su cometido. Sin embargo, el caso fue debatido en el Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, que llegó a la conclusión de que la renta es un pedido legítimo.
María Angélica Michel
María Angélica Michel
La Paz, 19 de diciembre (ANF).- Entre una caravana desde Cochabamba hasta La Paz y una vigilia en la sede de Gobierno, la lucha de las personas con discapacidad, que demandaban una renta mensual de 500 bolivianos, se prolongó por más de cuatro meses. Pese al esfuerzo desplegado, el Gobierno no cedió y los manifestantes tuvieron que regresar a sus regiones con las manos vacías.
Sin embargo, más allá de la renta no conseguida, los discapacitados pusieron en evidencia su drama y exhibieron a un Gobierno que, entre los dirigentes, líderes de opinión y ciudadanía, fue considerado como insensible.
Ambos aspectos, la demanda de los discapacitados y el nuevo rostro del Gobierno, fueron exhibidos ante el Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU en agosto de este año, cuando la dirigente Rosemary Guarita logró colarse entre las sesiones para explicar que su sector había sido violentamente reprimido al exigir una renta mensual. El comité concluyó que era una demanda “legítima”.
La lucha de los discapacitados comenzó en realidad en enero de 2016 con una vigilia en Cochabamba, aunque el 21 de marzo sus integrantes, reforzados con comitivas de los otros departamentos, integraron una caravana que partió rumbo a La Paz, ubicada a 379 kilómetros de distancia.
Es así que el 25 de abril, los discapacitados llegaron a la sede de Gobierno despertando la solidaridad de universitarios, colegiales, trabajadores, voluntarios, médicos y ciudadanía en general, quienes salieron a las calles a recibirlos con aplausos y muestras de solidaridad.
A los pocos días, una comisión ministerial consiguió un acuerdo de 42 puntos con personas con discapacidad que no habían participado de la caravana y en el que no se contemplaba el pago de una renta mensual; el acuerdo fue rechazado por los miembros de la vigilia, porque sus representantes dijeron que se trataba de personas del sector que eran funcionales al Gobierno y beneficiadas por este.
Los tres meses de lucha estuvieron marcados por enfrentamientos. La policía arremetió contra los manifestantes con gases lacrimógenos y chorros de agua de los carros neptunos, provocando heridos entre los discapacitados, universitarios, activistas, además de detenidos y trabajadores de la prensa agredidos.
Los discapacitados intentaron en más de una ocasión ingresar a la plaza Murillo a fin de desarrollar un encuentro con el Presidente Evo Morales, pero fue imposible porque la Policía levantó un cerco, que en realidad fue una especie de jaula, alrededor de la plaza por 78 días.
También asumieron medidas extremas como las crucifixiones, extracciones de sangre. Además de colgarse de sillas de ruedas desde las alturas y desnudarse para mostrar sus heridas y laceraciones.
Asimismo trataron de conmover con medidas no convencionales. Enviaron mensajes en papeles en forma de avión que lograron atravesar las berras de metal puestas en el “kilómetro O”; tendieron un manto de flores al frente de la residencia presidencial; y se vistieron de basura porque dijeron que así los veían las autoridades.
En medio de su protesta también tuvieron que vestirse de luto; el 9 de junio dos personas con discapacidad de la vigilia de Cochabamba murieron atropelladas por una conductora en estado de ebriedad.
Fue una de las movilizaciones más largas en los años de democracia. En esos meses los resfríos, males estomacales, cansancio fueron parte de la rutina de la vigilia.
Debido al desgaste físico y emocional, muchos decidieron retornar a sus regiones. Incluso el dinero del Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto sirvió para los que desertaron antes de tiempo.
Durante los últimos días detuvieron a personas que protestaban; tajearon las carpas; encarcelaron a un hombre con paraplejia acusado de haber violado una mujer con discapacidad intelectual; y encontraron un infiltrado de la Policía en la vigilia.
Ya con la movilización desgastada, el 29 de julio entre lágrimas y aplausos determinaran su retirada.
/MAMP/MVV/
Carlos Mariaca, activista por los derechos de las personas con discapacidad:
“La situación es más trágica en el área rural”
Carlos Mariaca, persona con discapacidad que lleva décadas luchando por los derechos de esa población, sostuvo que al Gobierno le hace falta desarrollar un criterio social, sensibilidad y conocimiento real de las necesidades de las personas con discapacidad en Bolivia, para una implementación adecuada de las políticas.
Señaló que temas como salud, inserción laboral, inclusión, educación y el pago de un bono mensual, son parte de una agenda pendiente que es incumplida por quienes tienen esa responsabilidad. Dijo que son demandas tangibles y latentes, primordialmente en el área rural donde la población es dispersa e impera la pobreza y el abandono, por eso un bono de Bs 500 se constituye en una necesidad apremiante.
“La voluntad política carece de criterios sociales para tomar en cuenta, que aún la demanda es tangible y latente en toda Bolivia, aun es más trágica en el área rural donde la población es dispersa y la pobreza se invisibiliza en el abandono”, explicó.
Mariaca aseguró que queda pendiente que las bases sociales se organicen y mantengan un pronunciamiento legítimo, haciendo eco de las necesidades ante la Cumbre Internacional a realizarse en Santa Cruz en 2017 y que fue propuesta por el Gobierno ante Naciones Unidas.
Agregó que en caso de que no se concrete el mencionado encuentro, quedará develado un actuar discriminador por parte del Gobierno.
Otro pendiente es la rearticulación del movimiento de las personas con discapacidad y demandar el cumplimiento de los derechos constitucionales y de las observaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
Al menos seis ciudades sufrieron racionamiento de agua, pero los planes más agudos se vivieron en La Paz, Sucre y Cochabamba. Hubo protestas sociales, rogativas y cambios políticos para encarar la situación.
El accidente del avión de LaMia, que dejó 71 muertos, entre ellos los integrantes del equipo de fútbol Chapecoense, desató un sismo en Bolivia. El gerente de la empresa fue piloto de Evo Morales. El encargado de dar la licencia a LaMia eran un amigo del Presidente y el hijo de la empresa aérea.
El Gobierno desplegó una agresiva campaña para acusar a los medios y periodistas independientes de formar un “cártel de la mentira”. Carlos Valverde y Humberto Vacaflor fueron acusados penalmente. Hubo periodistas detenidos y otros agredidos.
El MAS desplegó una intensa campaña para ganar el referéndum del 1 de febrero. Sin embargo, perdió. Faltando 18 días para la contienda electoral, el caso Zapata copó la agenda mediática y de las redes sociales. Morales atribuyó su derrota a “la mentira” sobre su exnovia. Ahora, el MAS aprobó cuatro vías para legalizar la postulación de Morales el 2019.
Existen 105 imputados, 10 con detenciones domiciliarias, 37 con detención preventiva, dos con medidas sustitutivas, 18 personas declaradas rebeldes y 20 con medidas cautelares. El senador Oscar Ortiz dijo que el faño económico superó los 500 millones de bolivianos.
Las personas con discapacidad en marzo emprendieron una caravana desde Cochabamba hasta La Paz, lugar donde permanecieron tres meses demandando una renta mensual de Bs 500. Sin embargo, luego de momentos de mucho conflicto y tensión, la sacrificada protesta fue levantada en julio sin haber logrado su cometido. Sin embargo, el caso fue debatido en el Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, que llegó a la conclusión de que la renta es un pedido legítimo.
María Angélica Michel
El gigante asiático es el mayor acreedor de Bolivia. Sus empresas se adjudican las grandes obras porque los créditos vienen atados a sus compañías. Las empresas nacionales no hallan forma de competir.
En 2016 se consolida una reconfiguración de la frontera minera y petrolera con el ingreso más invasivo a reservas naturales, parques nacionales y áreas protegidas. La norma se flexibilizó para modificar procedimientos de consultas y tiempos.
Bolivia crece menos de lo previsto, sus ingresos han caído, sus exportaciones se han desplomado, el déficit es histórico en los últimos 11 años y la Navidad llega, esta vez, sin doble aguinaldo.
Son socios del Gobierno. A cambio de concesiones y cuotas políticas, respaldan el denominado proceso de cambio con su voto y con la dinamita en la mano. El 25 de agosto, asesinaron al entonces viceministro de Régimen Interior en medio de un bloqueo de caminos. Del otro lado, cayeron cinco mineros también asesinados.
Desde la aprobación de la Ley 348, en 2013, hasta la fecha, se registraron 437 hechos de feminicidio, según el Observatorio para la exigibilidad de los derechos de las mujeres, y la tendencia siempre ha ido en aumento. Los especialistas señalan que la normativa no es suficiente ya que ni siquiera llega a disuadir al potencial infractor.
El cochabambino llegó a la presidencia de la FBF con la premisa de reestructurar los estamentos del máximo ente del fútbol boliviano. Sin embargo, Rolando López poco o nada pudo hacer para cumplir con dicha agenda, pero se convirtió en protagonista de las polémicas del 2016.
A partir de la vida privada de la primera autoridad del país y un supuesto tráfico de influencias se generó este año una cadena de noticias que acaparó la atención de la opinión pública por varios meses. La joven, que dice haber tenido un hijo con el Primer Mandatario, se hizo rica rápidamente. Luego, una jueza determinó la inexistencia del menor.
Compras irregulares, empresas quebradas, incumplimiento de contratos, entre otros, son los casos por los que se procesa a militares de alto rango. Desde oficiales, almirantes y generales hasta el Comandante de las FFAA se vieron implicados en estos hechos.
El médico boliviano Franz Freudenthal fue invitado a dar una exposición TED, realizada en Vancouver, Canadá, tras las cual fue ovacionado de pie. Freudenthal es creador de un dispositivo que cura cardiopatías congénitas y que se usa en todo el mundo.
En una sesión privada realizada ante la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las NNUU, en Ginebra, Suiza, la dirigenta Rosemary Guarita denunció los actos represivos sufridos por los discapacitados bolivianos.
El sacerdote, junto a su colega, el también español Mauricio Bacardit, recibió en mayo el Cóndor de Los Andes por su compromiso por los pobres. Albó criticó a los adulones y defendió el derecho a ser un “librepensante”.
Los hay de uno y otro lado. Son aduladores y desprovistos de capacidad crítica. Fingen ceguera y sordera. Sus principales enemigos son los profesionales meritorios.
Es consecuente, disciplinado, creativo y casi siempre quiere llegar “hasta las últimas consecuencias”. Puede ser un payaso que arranca sonrisas, un minero con la dinamita en la mano que provoca miedo, o un discapacitado en silla de ruedas que arranca más de una lágrima.
Los minibuseros son esos personajes paceños indispensables para la marcha diaria de la ciudad, pero a la vez, son repudiados por gran parte de la ciudadanía, la que los culpa por el mal servicio que prestan.
Jueces, fiscales y abogados conforman verdaderos entramados delincuenciales que dejan al ciudadano en la indefensión. El dinero es lo único que mueve los juicios para uno u otro lado, sin importar si es justo o injusto el veredicto.
El exministro de Defensa Javier Zavaleta y los analistas en seguridad Samuel Montaño y Jorge Santiestevan plantearon que la institucionalidad de las Fuerzas Armadas ha quedado lesionada tras la toma militar de la plaza Murillo por el general Juan José Zúñiga.
Raúl Uría, dirigente de la Juventud yungueña, está detenido en la cárcel de San Pedro hace 20 meses. Su abogado dice que no hay prueba de que es un "traficante de armas"; su madre suplica que sea liberado.
