Velorio del viceministro Illanes en el Palacio de Gobierno.. Foto: ABI
Mery Vaca
La Paz, 19 de diciembre (ANF).- Cuando el entonces viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, fue tomado como rehén por los cooperativistas que bloqueaban la carretera La Paz-Oruro, nadie imaginaba que ese sería su último día en este mundo.
Aquel 25 de agosto, el Ministerio de Gobierno emitió un tuit en el que informaba que Illanes estaba secuestrado y que había pedido auxilio en tres ocasiones. Luego, ese mensaje sería utilizado como evidencia de que el Gobierno conocía que la autoridad estaba en peligro y que, pese a eso, no había activado un plan para rescatarlo o para frenar el desbloqueo, lo que finalmente sucedió en horas de la tarde, a la misma hora en que Illanes era brutalmente asesinado en un cerro contiguo a la carretera.
Cooperativistas mineros, los aliados políticos del Gobierno, habían golpeado a Illanes hasta matarlo, en medio de un bloqueo de carreteras rechazando la sindicalización y exigiendo que se les permitiera hacer convenios con empresas transnacionales para la explotación de minerales, algo que el Gobierno rechazó tajantemente porque aseguró que era una forma de enajenar los recursos naturales de Bolivia.
El primer bloqueo de caminos comenzó el 10 de agosto, el que derivó en el secuestro masivo de policías y la detención también masiva de cooperativistas. Finalmente y después de un intercambio de retenidos, 10 cooperativistas fueron enviados a la cárcel de San Pedro de La Paz.
En ese contexto, el 23 de agosto el sector retomó sus movilizaciones exigiendo la liberación de sus compañeros, además de la atención a sus demandas ya conocidas.
En esta ocasión, la Policía actuó con dureza para desbloquear las carreteras, lo que derivó en el secuestro de Illanes, quien finalmente sería asesinado a golpes en las cercanías de la población de Panduro, donde el mismo día fue asesinado el minero Rubén Aparaya.
El conflicto se saldó con seis muertos, de los cuales, cinco eran mineros (Pedro Mamani, Fermín Mamani, Severino Ichota, Rubén Aparaya y Freddy Ambrosio) y uno era el viceministro de Régimen Interior.
Tras esos hechos, el gobierno inició una dura arremetida judicial contra los dirigentes cooperativas a los que terminó enviando a la cárcel de Chonchocoro, entre ellos, al máximo dirigente de la Federación de Cooperativistas Mineros de Bolivia (Fencomin), Carlos Mamani, que hasta hacía poco compartía testera con Evo Morales en los actos oficiales del denominado proceso de cambio. En cambio, a la conclusión del año, no existe ningún detenido o procesado por la muerte de los mineros.
El poder de los cooperativistas radica en su gran cantidad de electores, pero también en la posibilidad que tienen de usar dinamita en sus movilizaciones.
El año 2015, las cooperativas mineras tenían 119 mil socios. En el caso de Potosí, la mitad de la población se mueve en torno a la economía de las cooperativas.
En ese marco, los cooperativistas no solo se beneficiaron durante el gobierno de Morales con concesiones mineras, sino también obtuvieron una cuota política de siete legisladores en el actual periodo legislativo, además de viceministerios y otros cargos en el aparato estatal. Incluso, llegaron a tener un vocal del Órgano Electoral Plurinacional.
El conflicto de agosto marcó un quiebre en esa relación. De hecho, el Gobierno emitió decretos para ajustar las clavijas de los cooperativistas, entre ellos , uno para revertir concesiones inutilizadas y otro para anular los contratos suscritos con empresas privadas.
Sin embargo, poco a poco, el Gobierno ha ido reestableciendo la relación con los nuevos dirigentes del sector, puesto que los anteriores están en la cárcel.
Esta relación turbulenta no solo se registró con los cooperativistas, sino también con la Central Obrera Boliviana (COB), que salió a protestar en contra del despido de los trabajadores de la estatal Enatex, que fue cerrada por quiebra.
Sin embargo, además de protestas callejeras, los dirigentes mantienen la alianza con el Gobierno, que también incluye cuotas de poder.
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Henrry Oporto, sociólogo:
“Preveo una relación conflictiva entre Gobierno y cooperativistas”
El analista Henrry Oporto vaticina más conflictos en la relación entre cooperativistas mineros y Gobierno porque el problema de fondo es la caída de los precios de los minerales que afecta a este sector.
“Preveo una relación conflictiva entre Gobierno y cooperativas, más allá de la dirección del sector”, dijo el especialista.
Explicó que el último conflicto ha marcado un punto de inflexión en la relación entre los cooperativistas y el Gobierno, pese a los esfuerzos que ha hecho últimamente el Órgano Ejecutivo por recomponer la relación.
“El telón de fondo es que a raíz de la caída de precios de los minerales, de los últimos años, el sector cooperativo es el más golpeado por la crisis de precio, por el hecho de ser el sector más vulnerable, más atrasado, eso explica que muchas cooperativas hayan cerrado operaciones, esta nueva situación en la minería condiciona mucho la relación”, explicó Oporto.
En su criterio, si no se produce una subida sustancial del precio de los minerales, cosa que es poco probable, según dijo, buena parte de las cooperativas van a seguir castigadas lo que puede convertirlas en “contestatarias al Gobierno”.
En cambio, según Oporto, la relación entre la COB y el Gobierno no sufrirá muchos cambios porque la nueva dirigencia “parece estar totalmente cooptada por el Gobierno”.
Según dijo, desde hace varios años, la COB ha perdido la independencia por lo tanto se espera que siga alineada al Gobierno.
