Jueces, fiscales y abogados conforman verdaderos entramados delincuenciales que dejan al ciudadano en la indefensión. El dinero es lo único que mueve los juicios para uno u otro lado, sin importar si es justo o injusto el veredicto.
Luis Callisaya
La Paz, 30 de diciembre (ANF).- Deberían ser independientes el uno del otro, pero en realidad son muy amigos porque ellos saben que los juicios no se ganan en los estrados, sino en las parrilladas de fin de semana. Jueces y fiscales llegan a formar consorcios para administrar “justicia” en función a sus intereses.
Esta amistad, lejos de ser una buena noticia, es una muy mala práctica que ha derivado en hechos de corrupción como cobros irregulares, extorsiones, manipulación de la Justicia y hasta operativos que incluyeron el robo de pertenencias de las víctimas e intentos de detención del ciudadano que se atrevió a denunciar la corruptela.
Pero, un consorcio estaría incompleto si no tuviera la tercera pata del trípode, la del abogado, que es el que negocia, cobra y extorsiona a nombre del juez y del fiscal corrupto.
Se sabe que en la persona del juez recae la responsabilidad de administrar la justicia de manera equilibrada que sancione al infractor de algún delito que atente al orden de la sociedad.
Esa es, en realidad, pura teoría. Papel mojado. Los jueces en los mencionados casos se han visto descubiertos pidiendo cuantiosas sumas de dinero para liberar a los litigantes de alguna acusación o tranzando resoluciones judiciales con el fin de modificarles e inclinar la justicia a favor de quien le pague más.
No van directo al grano, se hacen rogar y luego de larga charla prometen “ayudar” a la víctima o al acusador a cambio de tal suma de dinero.
A estas alturas y después de una degeneración de la administración de justicia, no faltan los litigantes que acuden a sus reuniones con jueces, fiscales y abogados provistos de una grabadora, aunque sea oculta en el sombrero, y sólo así el país puede conocer la forma en que se maneja la justicia.
Pero, estos operadores no solo son corruptos, también son chicaneros, largueros y burócratas a conveniencia. Los litigantes gastan su vida entera visitando juzgados, rogando a actuarios, pagando a notificadores para ver que una y otra vez, decenas de veces, la audiencia clave haya sido suspendida.
No importa si de por medio hay mujeres asesinadas y violadas, niñas ultrajadas, hombres denigrados, o dineros públicos robados. No importan las víctimas, importa el que paga más.
El caso de los fiscales es igual o peor, porque ya no si quiera se guardan las formas, o cómo se explica la existencia de asociaciones de víctimas de tal o cual fiscal, como si de defenderse de una pandilla se tratara.
El fiscal por ley es el que dirige las investigaciones para que un determinado caso se esclarezca y los infractores sean sancionados como corresponde. Eso es teoría, papel mojado, otra vez.
La extorsión es moneda corriente para no encarcelar a tal acusado o para no sindicarlo en algún caso. No falta el que abiertamente dice que hablará con un juez amigo para librar de culpa a un determinado imputado.
Así las cosas, la gente vive con el Jesús en la boca para no tener la mala suerte de caer en esta red formada por abogados, fiscales y jueces porque, entrar ahí es fácil, pero salir puede costar toda una vida. O, puede costar la vida.
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