Las distintas versiones evidencian la imposición orgánica y la dura sanción colectiva a la disensión con las medidas de presión en las comunidades, que actúan con la guía de los sindicatos y las organizaciones sociales.
La Paz, 19 de noviembre (ANF).- “Ser orgánico es acatar las decisiones que se toman en nuestras instituciones matrices, nosotros no podemos hacer nada fuera de eso”, expresa Simeón Charcas, dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios Quechuas de Potosí.
Mientras que, para el alcalde municipal de Betanzos del MAS, Juan Téllez, la decisión al ser orgánica, se tiene que acatar más allá de las interpretaciones que se puedan hacer a nivel personal.
La huelga nacional indefinida con bloqueo de caminos de agosto, convocado por la Central Obrera Boliviana (COB), el Pacto de Unidad y organizaciones afines al MAS, para exigir una fecha de elecciones generales, fue calificado de masivo y contundente por la dirigencia en Potosí. Muchos asistieron por temor a las multas y sanciones.
“Cada comunidad tiene una forma de organización, cómo van a acatar cuando hay una indisciplina, entonces, hay multas (con las) que se puede sancionar. Más que todo es la multa económica”, comenta Juan Canaza, dirigente campesino de Challajchi, provincia Cornelio Saavedra.
Alicia Huarachi, concejal municipal de Caiza D, dice que las comunidades participan de las medidas de presión bajo sanción económica, que se aplica a todos, sin excepción, “sean jóvenes o viejitos, por no pagar la multa asisten a los bloqueos”.
Benedicto Noguera, autoridad del mismo municipio, menciona que más que todo, la preocupación de la gente es el temor por la multa, no importa si están de acuerdo o no con la medida, deben acudir al bloqueo. A veces las sanciones implican cortar los servicios básicos.
“Algunos vecinos somos de bajos recursos, y por no pagar la multa estamos yendo a esos bloqueos. Parece que han acordado la multa por 100 bolivianos, y si incumplían con el pago de la multa, cortaban el agua”, refiere.
Las distintas versiones evidencian la imposición orgánica y la dura sanción colectiva a la disensión con las medidas de presión en las comunidades, que actúan con la guía de los sindicatos y las organizaciones sociales.
“Disciplinadamente se acata, es más que todo como en el Ejército, no puede haber un soldado indisciplinado, porque el soldado sabe muy bien que la orden es la orden, no se discute, lo mismo ocurre en las filas del sindicato en la comunidad”, refuerza Juan Canaza.
En los 12 días de bloqueo en Caiza D se observaron posiciones moderadas y radicales en la dirigencia de la protesta, entre quienes exigían una fecha fija para las elecciones generales y quienes demandaban la renuncia de la presidenta transitoria, Jeanine Añez.
Tras la promulgación de la ley el 13 de agosto, para realizar las elecciones el 18 de octubre, la Central Obrera Boliviana instruyó a las bases abandonar los puntos de bloqueo en las diferentes regiones del país. Para algunos, la determinación no fue bien recibida y quisieron continuar con los bloqueos, pero finalmente aceptaron la decisión. La tarea de limpiar las carreteras quedó en manos del gobierno.
Para Braulio Garnica, Corregidor de Tres Cruces, la movilización no consiguió lo que se demandaba en su totalidad. Llevar a cabo las elecciones nacionales el 6 de septiembre era la propuesta, sin embargo, valora la contundencia y masiva movilización de las bases durante los días de bloqueo, aunque muchos fueron forzados.
Según informes del subcomandante de la Policía de Potosí, Coronel Williams Torrejón, en el departamento se instalaron 19 puntos de bloqueo en las rutas a Oruro, Chuquisaca y Tarija. Una alfombra de piedras, montículos de tierra, árboles y ramas a lo largo de las carreteras impidieron el paso de insumos médicos, medicamentos, alimentos y vehículos de transporte, en plena pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19).
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