Estas celdas, remarcó Gautier, son el reflejo de la mirada que tienen los policías sobre las personas a quienes detiene, que, según sus acciones, deben ser tratadas sin derechos, deben dormir en el piso, sin ningún tipo de abrigo, y son los familiares quienes deben cubrir todas las necesidades.
La Paz, 20 de septiembre de 2022 (ANF).- El desinterés de las autoridades políticas y las condiciones en que se encuentran las infraestructuras judiciales muestran que en el país existe todo un sistema que sostiene la aplicación de la tortura en el país, señaló Andrés Gautier, responsable del área terapéutica del Instituto de Terapia e Investigación (ITEI).
“Sí, la tortura es un sistema en el país y eso se puede ver en que hasta hoy ningún político se ha preocupado por las condiciones de las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), que son nauseabundas, frías e inadecuadas, que lo que pretende es solo castigar, maltratar a la persona que llega ahí, todo el sistema es para denigrar al ser humano”, dijo Gautier a ANF.
Estas celdas, remarcó Gautier, son el reflejo de la mirada que tienen los policías sobre las personas a quienes detiene, que, según sus acciones, deben ser tratadas sin derechos, deben dormir en el piso, sin ningún tipo de abrigo, y son los familiares quienes deben cubrir todas las necesidades.
Y lo que es lamentable, dijo Gautier, es que “ningún político hasta ahora ha dicho algo para que se hagan debidas celdas para los detenidos”.
La tortura -física, psicológica, biológica y sexual- sigue su ruta por los pasillos judiciales hasta llegar a las cárceles donde quienes torturan son principalmente los delegados de los internos y lo hacen con aquiescencia de los policías y del personal penitenciario.
“La tortura es una violación atroz de los derechos humanos”, señaló en un mensaje el secretario general de la ONU, António Guterres, y agregó que “bajo ninguna circunstancia se debe permitir que los crímenes de los torturadores queden impunes y se deben desmantelar y transformar los sistemas que permiten la tortura”.
Las consecuencias que se producen en las víctimas son numerosas y afectan tanto a la salud física como a la psicológica, siendo esta última, normalmente, la más difícil de reparar. “El uso de la tortura y otros malos tratos destruye a las personas, corroe el Estado de derecho, menoscaba el sistema de justicia penal y erosiona la confianza de la población en las instituciones públicas y el Estado al que representan”, señala Amnistía Internacional.
En Bolivia pese a más de mil denuncias por tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, el sistema judicial en más de 10 años no emitió ninguna sentencia, lo que ha devenido en un derrotero de impunidad en el país, como lo evidencia el reportaje “
El Paraíso de los torturadores”.
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