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Y en un caso extremo y evidente en el que la víctima no puede ni ponerse de pie por los golpes recibidos, también queda justificado con el argumento de que “el que provocó al policía fue la otra persona (la víctima), el policía simplemente se defendió”.
La Paz, 20 de septiembre de 2022 (ANF).- Los efectivos de la policía pese a que reciben cursos en Derechos Humanos e incluso abordan un acápite sobre tortura, solo los principales denunciados en aplicar este delito de lesa humanidad con fines de intimidación, venganza y hasta investigación.
El activista de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, con más de 20 años en la defensa de los derechos, aseguró que dentro de la institución verde olivo se ha institucionalizado esta práctica que va en contra de la dignidad de la persona y donde prevalece el principio de culpabilidad. Mientras más grave sea el delito por el que es acusado una persona, la tortura aplicada es mayor.
“La mayoría de los policías pasa cursos de derechos humanos, lo pasa como una mención, y dentro de eso hay un acápite de tortura, tratos inhumanos y degradantes, pero simplemente como teoría, así que supuestamente ningún policía tortura porque sabe que está mal, y tampoco aplica tratos inhumanos y degradantes, pero en la práctica es contrario”, dijo Inca a ANF.
Señaló que en noviembre 2019 fue tan palpable el uso de la tortura y tratos crueles por parte de la policía que arremetió contra gente inocente que solo pasaba por el lugar del conflicto, pero “fueron detenidos y sometidos a tratos inhumanos y degradantes, y si era acusado de terrorista o sedicioso el maltrato era mayor”.
De enero de 2013 a mayo de 2022, la Defensoría del Pueblo registró 1.033 denuncias de tortura, de las cuales el 72% es contra de la Policía, 12% contra las Fuerzas Armadas y el 4% contra Régimen Penitenciario y el Ministerio Público. Ningún caso llegó a sentencia. El reportaje de ANF “
El Paraíso de los torturadores” pone en evidencia que existe una alianza entre autoridades del Órgano Judicial y la Policía para invisibilizar e impedir que se llegue a una sentencia por tortura en el país.
Inca refirió que los comandantes de la Policía que fueron citados a la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que investiga la vulneración de los derechos en la crisis política de octubre y noviembre de 2019, respondieron a las preguntas que no está en su formación torturar y tampoco ordenaron que se torture.
“La mayor mayoría de los comandantes que daban sus informes decían que ellos habían pasado cursos de derechos humanos y que no estaba en su formación el torturar, el ordenar torturar ni violar derechos humanos, sin embargo, en sus mandos ocurrieron todos esos casos de maltrato hacia la población”, señaló el activista.
Y al ser preguntados qué hizo para evitar esta situación, simplemente respondieron: “di una orden” para que no ocurra. Y al ser consultados si se identificó a los oficiales y suboficiales implicados, respondieron: “No me dieron parte”. “Con eso se solucionó el problema para ellos”, refirió Inca.
“Así que en la policía nadie tortura, esa es la manera de cómo se va camuflando y encubriendo estos actos” ilegales y de lesa humanidad, apuntó.
Inca enfatizó que es parte de la formación de la policía aplicar la tortura y va a ser difícil eliminarla, más aun teniendo en cuenta que quienes investigan estos casos de tortura son sus mismos camaradas.
“Ellos tienen su unidad de sanción interna de estos hechos, ya sea de maltratos, de abuso de autoridad, incumplimiento de su ley administrativa, pero igual pasa, porque son los mismos policías los que hacen el papel de investigar y de sancionar, en otras palabras, son juez y parte, por lo tanto, toda denuncia que sea presentada queda impune”, apuntó.
Agregó que en el mejor de los casos, en un proceso que siguió contra un sargento que agredió a una señora particular y la amenazó de muerte, hubo una sanción con tres días de arresto.
Para la policía tiene más relevancia y mayor posibilidad de sanción las faltas disciplinarias de sus efectivos como llegar tarde o con el uniforme incompleto, sin embargo, los casos de tortura no tienen registro.
El coronel Sergio Bustillos agregó que en el tiempo que lleva en la dirección de la FELCC, y antes en la FELCV, no conoció ningún caso de abuso contra investigados y que quien normalmente hace la denuncia es la víctima. En caso de que el jefe policial se entera del abuso a un investigado en su dependencia, “tiene que pedir la investigación a otra instancia” de la policía.
Los policías evitan utilizar la palabra tortura, trato inhumano y degradante, señaló Inca, y prefieren decir que la víctima “se cayó, se golpeó, nadie lo tocó, es decir no hubo acto de maltrato inhumano y degradante” y así “no tener entonces nada en el registro”.
Y en un caso extremo y evidente en el que la víctima no puede ni ponerse de pie por los golpes recibidos, también queda justificado con el argumento de que “el que provocó al policía fue la otra persona (la víctima), el policía simplemente se defendió”.
Estos casos ocurren porque nunca va pareja la investigación con un médico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) pese a que es su obligación para prevenir los excesos. “Un médico forense al no estar encubre cualquier acto de maltrato físico”, remarcó el activista.
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