Hace más de 20 años el Comité contra la Tortura (CAT) recomendó al Estado boliviano adecuar en el Código Penal la figura legal de la tortura a estándares internacionales, sin embargo, este proceso no llega a concretarse.
La ANF en un reportaje El paraíso de los torturadores publicado este jueves mostró que pese a existir centenares de denuncias de tortura estos quedan en la impunidad y sin sanciones.
Y en un caso extremo y evidente en el que la víctima no puede ni ponerse de pie por los golpes recibidos, también queda justificado con el argumento de que “el que provocó al policía fue la otra persona (la víctima), el policía simplemente se defendió”.
Estas celdas, remarcó Gautier, son el reflejo de la mirada que tienen los policías sobre las personas a quienes detiene, que, según sus acciones, deben ser tratadas sin derechos, deben dormir en el piso, sin ningún tipo de abrigo, y son los familiares quienes deben cubrir todas las necesidades.
Lamentó que, en más de 20 años de recomendación del Comité contra la Tortura para reformar el tipo penal, los legisladores de entonces, desde 2001, no se hayan interesado en hacerlo, al igual que el actual gobierno que “tampoco está escuchando las recomendaciones internacionales que van en contra de la tortura”.
Ledezma reconoció que en el país “no existe un marco legal amplio para prevenir la tortura” debido a que solo hay normas generales como la Constitución Política del Estado, que prohíbe la tortura, y el Código Penal, pero “no existe un marco normativo y menos una política pública, en general, de prevención de la tortura”.
En el caso tramitado, la Comisión remarca que al tratarse de “graves violaciones de derechos humanos, el Estado no podrá oponer prescripción u otras eximentes de responsabilidad penal para incumplir esta recomendación” de iniciar una investigación y dar con los responsables en un plazo razonable.
El exministro de Defensa Javier Zavaleta y los analistas en seguridad Samuel Montaño y Jorge Santiestevan plantearon que la institucionalidad de las Fuerzas Armadas ha quedado lesionada tras la toma militar de la plaza Murillo por el general Juan José Zúñiga.
Raúl Uría, dirigente de la Juventud yungueña, está detenido en la cárcel de San Pedro hace 20 meses. Su abogado dice que no hay prueba de que es un "traficante de armas"; su madre suplica que sea liberado.
El Paraíso de los torturadores
Hace más de 20 años el Comité contra la Tortura (CAT) recomendó al Estado boliviano adecuar en el Código Penal la figura legal de la tortura a estándares internacionales, sin embargo, este proceso no llega a concretarse.
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La ANF en un reportaje El paraíso de los torturadores publicado este jueves mostró que pese a existir centenares de denuncias de tortura estos quedan en la impunidad y sin sanciones.
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Y en un caso extremo y evidente en el que la víctima no puede ni ponerse de pie por los golpes recibidos, también queda justificado con el argumento de que “el que provocó al policía fue la otra persona (la víctima), el policía simplemente se defendió”.
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Estas celdas, remarcó Gautier, son el reflejo de la mirada que tienen los policías sobre las personas a quienes detiene, que, según sus acciones, deben ser tratadas sin derechos, deben dormir en el piso, sin ningún tipo de abrigo, y son los familiares quienes deben cubrir todas las necesidades.
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Lamentó que, en más de 20 años de recomendación del Comité contra la Tortura para reformar el tipo penal, los legisladores de entonces, desde 2001, no se hayan interesado en hacerlo, al igual que el actual gobierno que “tampoco está escuchando las recomendaciones internacionales que van en contra de la tortura”.
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Ledezma reconoció que en el país “no existe un marco legal amplio para prevenir la tortura” debido a que solo hay normas generales como la Constitución Política del Estado, que prohíbe la tortura, y el Código Penal, pero “no existe un marco normativo y menos una política pública, en general, de prevención de la tortura”.
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En el caso tramitado, la Comisión remarca que al tratarse de “graves violaciones de derechos humanos, el Estado no podrá oponer prescripción u otras eximentes de responsabilidad penal para incumplir esta recomendación” de iniciar una investigación y dar con los responsables en un plazo razonable.