La policía es la principal institución denunciada. Foto: El Periódico
La ANF en un reportaje El paraíso de los torturadores publicado este jueves mostró que pese a existir centenares de denuncias de tortura estos quedan en la impunidad y sin sanciones.
La
Paz, 16 de septiembre de 2022 (ANF).- Los diputados Renán Cabezas (MAS) y
Alejandro Reyes (CC), por separado, cuestionaron que ante las denuncias de
tortura en Bolivia, estos se mantengan impunes porque existe una “estrategia
mafiosa” que usan algunos policías.
“Muchos
de los policías tienen una estrategia mafiosa y es una estrategia donde se vulneran
derechos fundamentales, una serie de torturas”, declaró el diputado del
Movimiento al Socialismo, Renán Cabezas, al referirse a la “naturalización” de
la tortura.
El
reportaje de ANF: El paraíso de los
torturadores refleja que pesar de existir centenares de denuncias, ninguna
ha llegado a sentencia, lo que demuestra la impunidad y el fomento a la
tortura.
De
enero de 2013 a mayo de 2022, la Defensoría del Pueblo registró 1.033 denuncias
de tortura, de las cuales el 72% es contra de la Policía, 12% contra las
Fuerzas Armadas y el 4% contra Régimen Penitenciario y el Ministerio Público.
Cabezas
manifiesta que la tortura es un delito que está penado de acuerdo a la
Constitución y al Código Penal, sin embargo, reconoce que “falta aplicar que los
fiscales y jueces cumplan la ley”.
Su
colega de Comunidad Ciudadana Alejandro Reyes coincide en que en el país no se
cumplen las leyes. “Normativas existen, pero no existe cumplimiento de la ley”,
lo que genera un escenario de impunidad.
Dijo
que no debería existir ni una denuncia de tortura y atribuyó a la falta de
institucionalidad que ninguna denuncia llegue a una investigación seria con
sanción.
“No
prosperan por la falta de instituciones creíbles e independientes, falta de
justicia en el país, es parte de la crisis institucional”, manifestó el Reyes a
la ANF.
Lamentó
que estas conductas de tortura, generalmente para obtener información o para
inculpar a las personas, se estén normalizando, no obstante, están “penadas a
nivel internacional por tratados internacionales de los que Bolivia es
suscriptor.
En
abril de este año se conoció que la Fiscalía General del Estado tramitó desde
2019 hasta abril de este año 110 denuncias por tortura. Ninguna llegó a
sentencia.
El
diputado Cabezas cree que se están vulnerando derechos, además de no cumplirse
la norma, observó los nexos de la Policía con la Fiscalía y la Justicia.
Comprometió
una investigación, anunció que solicitará una petición de informe a la Defensoría
del Pueblo porque no prosperan los casos en los que se han identificado a
policías y militares como los más denunciados.
Añadió
que también “vamos a denunciar a jueces y fiscales que hubieran omitido sus
funciones”, porque son los responsables de investigar y que estos casos no
queden en la impunidad.
Reyes
apuntó a recuperar la independencia e institucionalidad de la Defensoría del
Pueblo como una de las principales entidades que deben velar por la vigencia y
respeto de los derechos humanos.
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