VIVIR LA DEMOCRACIA EN BOLIVIA

La Paz, 9 de octubre (ANF).- El 10 de octubre de 1982 Bolivia recuperó la vida democrática e inició el período más prolongado de institucionalidad en la historia del país. Hasta el 2002 los bolivianos acudieron a las urnas en seis oportunidades para elegir a sus autoridades nacionales.

Después de casi dos décadas marcadas por la presencia de gobiernos de facto, el general Guido Vildoso, en 1982, entregó el poder a Hernán Siles Zuazo, ganador de las elecciones de 1980.

Para el expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), Bolivia tuvo muchos intentos de democracia que no se pudieron concretar. Para él en 1982 “es la primera experiencia” y ya cumplimos 35 años, “por eso yo celebro la instauración de la democracia”.

“Se genera toda esa dolorosa transición de más de cuatro años, con 10 presidentes de por medio, asesinatos, los héroes de la calle Harrington, para finalmente después de la victoria electoral de la UDP se acepte y se dé inicio a la restauración de la democracia en Bolivia”, señala.

Recuerda que hasta la década de los 80 los políticos se “sacaban los ojos” entre nacionalistas y proimperialistas y tenían como forma de gobierno el golpismo militar.

“Si un militar era medio progresista lo apoyaba la izquierda; si el otro era medio conservador lo apoyaba la derecha, pero a ninguno se le exigía democracia”, señala.

Más allá de los errores o aciertos que han marcado esta etapa, agrega, como el gobierno de crisis de la UDP, la capitalización de Gonzalo Sánchez de Lozada, la reelección de Hugo Banzer, la elección de Evo Morales y la nacionalización del gas, “queda este periodo con una sola unidad y se demuestra con el referéndum del 21 de febrero de 2016 (…) hay una nueva ideología política en Bolivia que es la ideología política de la democracia”.

Sin embargo la llegada de la ansiada etapa democrática con el Gobierno de Hernán Siles Suazo en 1982, también fue el inicio de una gran resistencia y crisis económica, factura que pasaron los regímenes dictatoriales y los intereses de partidos de derecha.  

Para José Pimentel Castillo, exdirigente minero y actual presidente de Corporación Minera de Bolivia (Comibol), la crisis de la UDP fue una frustración para el pueblo boliviano.

“Fue una celada que le hicieron los partidos de derecha  a la izquierda porque le entregaron el poder en medio de una crisis económica y además le obligaron a mantener un sistema económico político que no lograba la autonomía y la independencia nacional para aplicar políticas propias”, apunta.

Refiere que la UDP “trajo una crisis a la izquierda y al movimiento obrero, que finalmente dio paso a la democracia pactada, una democracia controlada que inviabilizó una democracia participativa y popular”.

A partir de esta crisis surge la democracia de los partidos políticos donde es Presidente no necesariamente el que consigue la mayor cantidad de votos.

La democracia pactada, agrega Pimentel, estaba basada en un acuerdo de pequeñas minorías donde imperaba el cuoteo político y bajo el control del parlamento se podía dominar  el poder, dominar el Estado y finalmente acallar cualquier protesta.

En esa coyuntura “las resistencias fueron muchas, la Marcha por la Vida fue uno de los grandes epílogos de la lucha del proletariado minero, pero también la lucha política que se tradujo en el apoyo a sectores populistas como Condepa (Conciencia de Patria) y UCS (Unidad Cívica Solidaridad), ensayos políticos que finalmente no dieron resultado”.

Solo a partir de 2003, indica, podemos decir que el pueblo encontró un camino propio para liberarse y “fue la acción de las masas que finalmente irrumpió y rompió con el sistema de partidos políticos”.

Carlos Borth, político y exasesor de la Central Obrera Boliviana (COB), expresa su visión sobre estos años de la democracia pactada que finalmente terminarán con una crisis de Estado.

Tras el fracaso de la UDP, señala, el siguiente gobierno, el de Víctor Paz Estensoro, dio paso al decreto 21060, “un programa neoliberal clásico con una política de shock para sacar al país de la profunda crisis económica a la que la UDP lo había conducido”.

“La famosa frase de Víctor Paz Estensoro graficó el momento que vivía Bolivia, cuando dijo: ‘el país se nos muere’, con ello justificó los sacrificios que también representaba el Decreto 21060, una política dura de regulación, el mundo lo estaba haciendo y Bolivia no podía estar al margen de eso”, señala.

La política pactada comenzó a partir de esa experiencia. Recuerda que con el Gobierno dividido y el Ejecutivo sin mayoría parlamentaria, lo único que quedaba era pactar.
 
“En esa época la regla era que si ningún candidato sacaba la mitad más uno, el parlamento elegía. Todos los gobiernos a partir de Paz Estensoro querían mayoría parlamentaria para viabilizar sus políticas. Lo que se conoce como democracia pactada que era una necesidad, no había otra forma, funcionó durante casi 20 años”.

Pero lamentablemente “con los pactos vinieron los cuoteos y la corrupción. Los partidos comenzaron a distribuirse las pegas del aparato estatal”, refiere Borth.

MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario), ADN (Acción Democrática Nacionalista) y el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) eran los tres partidos más importantes, “pero con el tiempo se debilitaron, se desprestigiaron y el voto se dispersó más porque la gente dejaba de creer en el modelo”.

Recuerda que se necesitaron de más aliados para realizar el pacto, hasta que se llegó a la denominada megacoalición. Se suman Condepa, UCS y una facción del MBL (Movimiento Bolivia Libre).   

“El voto se dispersaba más porque se perdía credibilidad en el modelo. Cada semana un escándalo de corrupción, cada semana aparecía algo que le quitaba confianza en el modelo democrático”, apunta.

Los presidentes

En esta etapa, a Hernán Siles Suazo le sucedieron ocho presidentes, producto de siete procesos electorales: Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), Jaime Paz Zamora (1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), Hugo Banzer Suárez (1997-2001), Jorge Quiroga Ramírez, por sucesión constitucional (2001-2002), nuevamente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), Carlos Mesa (2003-2005), Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), los dos últimos también por sucesión constitucional, y Evo Morales (2006 a la fecha) que aspira a un nuevo mandato pese a que las leyes no le permiten

Para Pimentel, por el descrédito de los partidos políticos que pasaron a ser llamados tradicionales, “la democracia tal y como había sido concebida en la época de la resistencia, recuperó su originalidad volviendo al seno de los movimientos sociales para el control del Estado y sus actuaciones” a partir de 2006.

Aportes de la democracia

En los inicios del periodo democrático, la institucionalidad se fue ampliando continuamente. A la elección por voto de Presidente, Vicepresidente, senadores y diputados, en 1985 se sumó la de concejales municipales. Las reformas a la Constitución Política del Estado (CPE) de 1994 introdujeron la figura de los diputados electos en circunscripción uninominal. Y el 2006, por primera vez, los bolivianos votaron para elegir prefectos departamentales.

En 1993, un acuerdo político dio nacimiento a un órgano electoral que se ha caracterizado por la organización de “procesos de votación transparentes”. En ese período, la democracia representativa se enriqueció con mecanismos de democracia participativa. Las reformas de 2004 introdujeron el referéndum y la iniciativa legislativa ciudadana, y la nueva Constitución reconoce la revocatoria de mandato, entre algunos puntos a destacar.
Para Guillermo Richter, exconstituyente del MNR, con el desarrollo de la democracia se logró niveles de entendimiento político y hubo grandes consensos, pero divorciados de los grandes cambios que exigía el país.

“Tenemos que reconocer que los partidos que conquistamos la democracia y después alternamos en el poder, pensamos unos más que otros en un sentido político de ganar el poder, pero sin preocuparnos en las exigencias históricas como el bien común y el bienestar colectivo”.

Como MNR en la Asamblea Constituyente “tratamos de compatibilizar dos elementos fundamentales para que la democracia sea participativa, abrir los espacios de participación y preservar la democracia con una presencia más activa de la ciudadanía, por eso se introdujeron formas democráticas en la Constitución Política del Estado”.

Para Jaime Paz Zamora el principal aporte de la era democrática fue la institucionalización, con normativa como la primera ley del Ministerio Público, la Reforma Judicial, la Ley de Partidos Políticos, la instauración de la Corte Nacional Electoral (CNE).

Otros aportes son el ingreso a la era del gas con el descubrimiento de megacampos como el de San Alberto y la exportación de gas a Brasil.

El rol de los movimientos sociales

Para el expresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y actual rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, es necesario reivindicar el rol de los movimientos sociales en su lucha por la democracia durante los gobiernos de dictadura.

“El rol patriótico y muy valioso de la Central Obrera Boliviana (COB), de la Federación de Mineros, de la Confederación de Campesinos y de muchas organizaciones sociales, quienes han dado su vida por reconquistar la democracia”, destacó.

Indicó que se trató de dirigentes obreros y campesinos de la época que gracias a sus principios y formación política, hicieron una gran contribución al proceso democrático del país. Sin embargo, lamentó que ya en democracia las nuevas generaciones de dirigentes hayan sido corrompidas por los gobiernos de turno.

“Hubo un problema de corrupción muy fuerte en las filas sindicales, por eso es que hay una diferencia muy importante entre los dirigentes de hoy y los de ayer”, remarcó Albarracín.

Dijo que dirigentes como Juan Lechín, Simón Reyes, Huracán Ramírez, entre otros, se cuentan con los dedos de la mano por su integridad, y “no hay punto de comparación con los actuales dirigentes, porque muchos de ellos se han vendido, han perdido su carácter altruista, han perdido el horizonte, no entienden la razón de ser de una organización sindical”.

Crisis estatal

El cuoteo, la corrupción, la ejecución de políticas económicas foráneas y la desatención de las mayoría fue introduciendo a los partidos políticos y al Estado en una aguda crisis, y expresión de esta etapa son algunos hitos en el periodo democrático fruto de la resistencia de la población y de algunas instituciones del Estado. Algunos hitos de esta crisis son la llamada Guerra del Agua en el año 2000, pasando por la Crisis de Febrero y Octubre Negro en 2003.

Bolivia fue en los años ochenta y noventa un laboratorio para los experimentos del Fondo Monetario Internacional, que recomendaba el ajuste del gasto público y la privatización de empresas estatales. El alumno más destacado fue Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente por primera vez en 1993, que en cuestión de dos años vendió las cinco compañías más grandes del Estado: hidrocarburos, telecomunicaciones, líneas aéreas, electricidad y ferrocarriles.

Todas estas operaciones no sirvieron para mejorar las condiciones de vida del pueblo, y Goni empezó a ser llamado "vendepatria" por muchos ciudadanos.

El año 2000 en Cochabamba, la población se levantó en contra de una de las corporaciones más poderosas del mundo y recuperó un bien básico: el agua.

Al ser privatizado el servicio, el  precio del agua subió demasiado, lo que generó amplias protestas de trabajadores y campesinos. Las huelgas y manifestaciones dejaron la ciudad aislada, hasta el punto que el Gobierno firmó un acuerdo para revisar tarifas.

Las protestas se reanudaron cuando no se respetó el compromiso y se recrudecieron con la llegada del Gobierno de Hugo Bánzer, exdictador militar en los años setenta. Por la dimensión de la protesta, a inicios de 2000 la transnacional Bechtel se marchó de Bolivia, el contrato del agua quedó cancelado y se instaló una nueva compañía bajo control público.

Crisis de Febrero

El 9 de febrero de 2003 el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada hizo conocer un proyecto de ley de impuesto al salario, propuesta que fue rechazada por la población y liderada el 11 de febrero por el batallón del Grupo Especial de Seguridad de la Policía. El Gobierno intentó sofocar esta situación con efectivos militares que terminó con el saldo de 9 policías, 4 militares y 3 civiles muertos.

La guerra del Gas

El país no volvió a la calma y nueve meses más tarde, en octubre, se produjeron nuevas revueltas que marcaron en la historia de Bolivia un antes y un después en el sistema económico político y social.

La revuelta de la que participaron varios sectores de la sociedad boliviana, fue en rechazo a la exportación del gas (hacia Chile), movilizaciones que fueron contenidas por las Fuerzas Armadas, con el lamentable saldo de aproximadamente 65 muertos, muchos de ellos de la ciudad de El Alto, aledaña a la Sede de Gobierno.

Tras la revuelta popular y una seguidilla de huelgas de hambre por todo el país, Gonzalo Sánchez de Lozada renunció el 17 de octubre de 2003 y huyó a Estados Unidos.

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