VIVIR LA DEMOCRACIA EN BOLIVIA

La Paz, 9 de octubre (ANF).- Angélica Siles recuerda que salieron de Sucre prácticamente huyendo por defender la nueva Constitución Política del Estado durante la Asamblea Constituyente, donde, añade Rebeca Delgado, se gestó el pacto social cuyo contenido es notablemente “democrático y garantista”, pero que el Gobierno no la cumple ni respeta.

La crisis del sistema de representación política dio paso a una de las mayores expresiones democráticas en el país, la victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) con el 54% de respaldo electoral que aceleró la instalación de la Asamblea Constituyente en 2006, para construir un nuevo pacto social que luego el pueblo refrendó en un referéndum.

ANF conversó con cuatro exconstituyentes: Víctor Borda, Rebeca Delgado, Guillermo Richter y Angélica Siles, sobre el valor de la democracia en Bolivia, sus avances y retrocesos a 35 años de su recuperación, de gobiernos de facto que limitaron las libertades y derechos universales.

Existe una coincidencia básica entre todos, la Constituyente ratificó en la Constitución Política del Estado (CPE) la democracia representativa e introdujo otras formas como la participativa y la intercultural, reconociendo a sectores sociales históricamente excluidos como las 36 naciones y pueblos indígenas y las mujeres.

Además incorporó al menos 102 artículos sobre derechos individuales y colectivos. “El espíritu del constituyente fue fortalecer, no la democracia representativa, sino la participativa”, aclara Borda.

Para Delgado la norma Constitucional es “notablemente democrática y garantista”. Señala que la cuarta parte de su contenido está referida a derechos, pero también a “obligaciones y límites” a los Órganos del Estado y a las autoridades estatales en la administración del poder.

El “complejo” escenario de la Constituyente permitió que se “diversifique” el sistema de participación política y amplió los horizontes de la institucionalidad democrática porque incorporó figuras nuevas de participación como el referéndum o las autonomías.

El retroceso democrático

Pero a 11 años del gobierno de Evo Morales y a ocho años de la Asamblea Constituyente, Delgado advierte un sistemático retroceso de la democracia. Normativamente la CPE puede ser un “orgullo”, pero en la práctica vira hacia su incumplimiento, indica.

Un pacto social que se quiere desconocer, afirma Angélica Siles. El MAS apunta a “desconocer todo el proceso constituyente por el que casi morimos en Sucre por defender esta Constitución”; Siles interpela al oficialismo por negarse a respetarla.

Esta es precisamente la devaluación de la democracia a la que el Gobierno conduce, explica Delgado al identificar que “lo más grave” es la falta de independencia de los Órganos del Estado, la desinstitucionalización, el “debilitamiento” del Tribunal Supremo Electoral y que el Legislativo haya dejado de ser el primer poder del Estado.

Por su parte, el exconstituyente Richter cree que fallan las “políticas de consensos” esenciales en todo sistema democrático, por el “maniqueismo pernicioso” del Gobierno que cree que la democracia debe tener un sentido de clase, y que la oposición piensa que todo lo que hace el gobierno choca con una visión moderna de democracia.

Otro de los grandes retrocesos respecto a la visión de “avanzada” de la Constitución es la promulgación de leyes que vulneran derechos, como en el caso de los pueblos indígenas o del medio ambiente y la Madre Tierra.

“Es una Carta Magna de avanzada, el gran problema es que las personas que la promovieron y el MAS terminan desconociéndola y nos damos cuenta de que no estaban convencidos política e ideológicamente en relación a este tipo de Estado”, comenta Delgado.

El valor del voto y los límites del poder

El análisis de Delgado no es optimista, asegura que se está transitando a un desgobierno, donde manda la fuerza política más que la razón, lo que considera peligroso, responsabilidad que les atribuye a los circunstanciales detentadores del poder.

“Llevan a mayor desgobierno, mayor desinstitucionalización, manipulación de la justicia y eso será muy difícil de recuperar, el principio de legalidad, y se ahondará más con los hechos de corrupción”, sostiene.

Expresión de esta situación es la intención del MAS de persistir en la “reelección indefinida”, “legalidad” que busca a través de un cuestionado Tribunal Constitucional. “¿En qué queda la democracia participativa, en qué queda la decisión del soberano? No se está cumpliendo y empieza a existir una crisis institucional”, advierte Siles.

Explica que el MAS intentó la reforma constitucional a través de un referéndum (21 de febrero de 2016), uno de los mecanismos de participación directa más importantes, pero como los resultados fueron contrarios a sus intereses, impulsó otro mecanismo, una “acción de inconstitucionalidad abstracta” para anular cuatro artículos de la Carta Magna.

Opositores y sectores de la sociedad civil han cuestionado que el Gobierno no respete “los límites” que los políticos acordaron en la Constitución y que se pretenda desconocer la decisión soberana del pueblo que se expresó el 21 de febrero de 2016.

El presidente Evo Morales está a la cabeza del gobierno desde el 2006, su primer mandato no fue computado para efectos de las próximas elecciones, por lo tanto este periodo 2016-2020 es considerado su primera reelección continua.

Guillermo Richter evoca los debates de la Constituyente, cuando se planteó la “reelección indefinida”, pero que se introdujo la “alternabilidad política” como un elemento fundamental del sistema democrático y que se optó por una “solución negociada”, ampliar por una vez de manera continua la reelección del Presidente y Vicepresidente.

Pero para Borda la Constitución no es perfecta sino “dialéctica”, por los cambios permanentes en la sociedad. Asegura que el valor del referéndum está previsto en la CPE, pero que tienen derecho a usar todos los mecanismos legales para plantear que el Presidente sea nuevamente su candidato, porque los “derechos no pueden ser limitados”.

Delgado retruca y dice que se vulneran los principios democráticos. “La acción no tiene nada de jurídica, es una decisión política, se utiliza la justicia constitucional por una decisión político partidaria, o diríamos que es una maniobra política que nada tiene que ver con los derechos humanos”, protesta.

Richter apela a “respetar el sistema institucional de la democracia, es decir respetar la Constitución, eso es absolutamente fundamental”, porque Bolivia tiene experiencias aleccionadoras sobre los intentos por ampliar el ejercicio del poder en el siglo XIX y XX, afirma.

Mientras que las diversas oposiciones aún no han logrado levantarse desde la crisis de 2003 y 2005. Los intentos de unidad para hacer frente al MAS en los procesos electorales siguen siendo esfuerzos dispersos.

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