La ANF destaca ocho temas en su anuario 2023

La Paz, 22 de diciembre de 2023 (ANF). - La falta de acuerdos en la Asamblea Legislativa para llevar a cabo la preselección de candidatos al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional y la “intromisión” del poder Ejecutivo, derivaron en el fracaso de las elecciones judiciales. A eso se suma la baja credibilidad y la prórroga de mandato de los magistrados hechos que ahondan la crisis del sistema de justicia. 

El abogado Eusebio Vera consideró que ese proceso fallido fue el peor fracaso del gobierno de Luis Arce, tomando en cuenta que el ministro de Justicia, Iván Lima, incumplió con su promesa de transformar la justicia, incluso se conformó una comisión de notables para encaminar ese trabajo, pero que al final se disolvió. 

“Es el peor fracaso del gobierno de Luis Arce, para ello tenemos que ir a la génesis, porque debemos recordar que cuando Iván Lima fue designado como ministro de Justicia prometió transformaciones positivas en todo el Órgano Judicial, pero lo que pasó es que empeoró. Él ya no quiso transformar o realizar cambios, más bien se dedicó a controlar al Órgano Judicial en favor personal y de su partido en función de gobierno”, afirmó. 

Al respecto, el abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia apuntó a la Asamblea Legislativa como responsable del fracaso de las elecciones judiciales, tomando en cuenta que lanzaron una convocatorita y un reglamento que no estaban sujetos a la Constitución Política del Estado (CPE). 

“Inicialmente, la Asamblea Legislativa es la responsable de esa situación ya que desde la elaboración del reglamento se observaron y registraron varias inconsistencias, que vulneraban la Constitución Política del Estado”, afirmó. 

La ruta crítica

El 27 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de convocatoria y reglamento para la preselección de candidatos para las elecciones judiciales a partir de esa fecha corrían los plazos para el desarrollo de la primera etapa. El 13 de abril, una sala constitucional del Beni dejó sin efecto esa convocatoria tras emitir un fallo a raíz de un recurso legal que interpuso el abogado Miguel Ángel Balcázar Ruiz.

En su intento por reencaminar el proceso, el 20 de abril, la Asamblea Legislativa aprobó una segunda convocatoria y reglamento, pero también fueron observadas por el diputado de Creemos Fabián Ayala que presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). 

Mientras los plazos para las elecciones judiciales se acortaban, el 31 de julio el TCP emitió un fallo en el que declaró inconstitucional el reglamento y la convocatoria a la preselección de candidatos a las elecciones judiciales, exhortó a la Asamblea crear condiciones para la construcción de los consensos políticos necesarios a fin de que dicha convocatoria se apruebe mediante ley y por dos tercios. 

En consecuencia, el 31 de agosto, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de “Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024” en el que se recortaron los plazos, para lograr que las elecciones se lleven a cabo este año. Además, se incluyó una disposición transitoria en relación a la improrrogabilidad de las actuales autoridades de justicia. 

Empero, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados remitió el proyecto normativo a cuatro entidades, entre ellas el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que presentó una consulta de control de constitucionalidad al TCP. Esa instancia observó la ley y, sobre todo, la disposición adicional sexta que establecía que, desde el 2 de enero de 2024 hasta el día de posesión de los magistrados, electos por el voto popular, el personal subalterno de estas instituciones implementará una transición eficiente y ordenada para que las nuevas autoridades elegidas asuman sus despachos en condiciones adecuadas.

Finalmente, el martes 12 de diciembre, el TCP con su declaración constitucional 0049/2023, determinó la extensión o prórroga del mandato de sus magistrados, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y de los miembros del Consejo de la Magistratura, hasta que se elija a sus reemplazantes.

Vera aseguró que esa resolución es ilegal y va en contra de la norma suprema, advirtió que la prórroga de mandato puede ser por más de dos años, tomando en cuenta que no se puso un plazo para que continúen en sus cargos. Además, dijo que la siguiente elección judicial también puede ser cuestionada y no es seguro que se lleve a cabo ya que el 2024 se realizará el Censo de Población y Vivienda y las elecciones primarias. 

“Nos estamos tropezando con el censo que debe llevarse a cabo en marzo del 2024, las elecciones primarias que debe realizarse a finales de ese año o inicios de 2025, ya son dos elecciones y se hubiese una convocatoria para unas elecciones judiciales ya sería la tercera convocatoria, que sería totalmente ilegal. En base a ese parámetro no nos vaya a extrañar que los magistrados se queden otros 3 o 4 años más, porque no han puesto un límite en su resolución”, añadió.

Reforma judicial 

Por otra parte, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, dijo que es necesario la modificación de la Constitución para cambiar la modalidad de selección de las altas autoridades del Órgano Judicial. 

“Para mí no es la mejor vía de que las elecciones judiciales se realicen por la vía del voto, tiene que haber un cambio en la Constitución y se pueda lograr una elección por meritocracia. Este es el único país en el mundo que lo hace, se politiza al poder judicial, las elecciones fueron un fracaso y eso se demuestra en el accionar de los magistrados que responden a quienes los apoyaron”, señaló. 

La sociedad civil a través de los Juristas independientes impulsó una iniciativa ciudadana para llevar adelante una reforma parcial de la Constitución Política del Estado, específicamente en el ámbito judicial. 

La idea de reformar la justicia a través de ese mecanismo nació a raíz de la “crisis y pérdida de credibilidad” que se ha generado en la administración de Justicia. Además, en Bolivia “no existe una correcta y verdadera administración de justicia”, porque no es un servicio de calidad y la mayoría de la ciudadanía no tiene acceso a ella. Y criticaron el modelo de elección porque fracasó.

La iniciativa no llegó a prosperar porque pese a los esfuerzos no lograron la cantidad de firmas para la realización del referéndum. Los impulsores atribuyeron a la campaña que hizo el Gobierno contra la iniciativa al desahuciarla desde el principio y a la norma que inviabiliza este tipo de iniciativas que nacen de la sociedad civil.

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