Exministro Santos cuando fue detenido. Foto: APG
La Paz, 21 de diciembre de 2023 (ANF).- Bolivia vivió más de 10 casos de corrupción en 2023. Entre los hechos más relevantes están el cobro de "comisiones" en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el caso coimas de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), las ambulancias "fantasma" en la Gobernación de Potosí, las denuncias contra el hijo del presidente Luis Arce, entre otros. Los principales denunciantes lamentan que las investigaciones no avancen, se cierren y que prime la impunidad para los presuntos autores vinculados, en su mayoría, al Gobierno y al MAS.
"Considero que hoy Bolivia está frente a un gobierno corrupto que protege, encubre, blinda a los delincuentes y que roban en competencia el día de hoy. Creo que es una línea de protección desde el nivel más alto, por eso es que no se dan muestras y señales de luchar contra la corrupción", remarcó el diputado "evista" Héctor Arce, quien denunció diversos hechos de corrupción.
El legislador masista recordó el caso "coimas" de la ABC que involucra a funcionarios públicos y el gerente de la empresa china Harbour Engineering Company (CHEC), ambas partes habrían acordado un pago de Bs 18 millones para que la empresa sea favorecida con la licitación de la construcción de la Doble Vía Sucre-Yamparáez. Sin embargo, a un año de la denuncia y con la “muerte” del testigo protegido Sandy R., el caso se archivó en julio de 2023 y se liberó a los implicados.
A este hecho, le sigue el escandaloso cobro de "comisiones millonarias" dentro del Ministerio de Medio Ambiente. El caso fue denunciado en marzo por el diputado "evista" Gualberto Arispe, pero quedó sin efecto hasta la aparición de la "recaudadora de las coimas", Claudia C., quien destapó en mayo las transacciones bancarias y compra de bienes e inversiones realizadas por la familia y allegados del entonces ministro Juan Santos Cruz.
El caso fue el más bullado del año porque salpicó a empresas que se adjudicaron proyectos, se usó dinero proveniente de préstamos internacionales e involucra a dirigentes campesinos que se habrían beneficiado con las coimas. Por otro lado, la entrega del dinero se hizo en efectivo presuntamente en el piso 18 de la Casa Grande del Pueblo, cuya edificación tiene máxima seguridad y alberga a otras altas autoridades de Estado. Producto de las denuncias, solo existen tres detenidos: el exministro Juan Santos, el sobrino de la exautoridad, Jhonny S., y su colaboradora en Pando, Viviana B.
Otros presuntos hechos de corrupción son los denunciados por los exministros Carlos Romero y Teresa Morales contra el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgarthen, por la compra de combustible con presunto sobreprecio. Sin embargo, el caso fue sobreseído.
La misma suerte corrió la denuncia que hizo el exmandatario Evo Morales contra el hijo del presidente Luis Arce por supuesto tráfico de influencias y presunto negociado para la explotación del litio. La denuncia fue admitida en octubre y archivada en noviembre.
“Algunos fiscales y jueces sometidos a las manipulaciones del oficialismo están haciendo mucho daño al gobierno de Lucho Presidente. Antes perseguían a militantes del MAS-IPSP por órdenes de los golpistas, ahora protegen la corrupción y los negociados familiares por instrucción de los divisionistas”, expresó Morales mediante su cuenta en X, tras enterarse del sobreseimiento a su denuncia.
El quinto caso de corrupción salpica al exgobernador de Potosí, Jhonny Mamani, quien suma tres procesos penales en su contra. Desde agosto, la exautoridad se encuentra con detención preventiva en la cárcel San Pedro de La Paz por el delito de legitimación de ganancias ilícitas en la compra de 41 ambulancias. Asimismo, es investigado por la adquisición con sobreprecio de pruebas de antígeno nasal a denuncia de la diputada Lissa Claros.
En mayo de 2022, se destapó el negocio de la internación de autos robados en Chile que involucró a la Policía Boliviana. Un año más tarde, volvería a relucir el hecho y esta vez generando una afectación directa al jefe de Estado, quien entregó un auto robado al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq). Luego de este suceso, se encontraron otros vehículos reportados como sustraídos en Chile, pero en posesión de instituciones estatales.
Por otro lado, el interventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), Bladimir Iraizos, fue suspendido del cargo tras la denuncia por el presunto intento de soborno al mallku de Hampaturi con 20 mil bolivianos a cambio de que los comunarios de esa región no pidan su renuncia.
El mismo mes de mayo, el diputado Héctor Arce denunció una serie de presuntos hechos irregulares en el Servicio General de Identificación Personal (Segip) de Cochabamba, que incluían cobros irregulares a cambio de la otorgación de licencias de conducir. Según la denuncia, los integrantes de ese esquema de corrupción alquilaron un departamento cerca al Segip, donde los viernes por la noche irían a repartirse el dinero recaudado.
En junio de este año, el dirigente campesino Omar Ramírez acusó al viceministro Arlem Lovera de direccionar de manera irregular donaciones de coca en coordinación con el ejecutivo de los campesinos de Yungas, Ernesto Mamani, y la pareja de éste. Según la denuncia, la pareja de Mamani realizaba solicitudes con documentos falsos de organizaciones sociales para recibir coca de donación y lucrar de manera privada.
La décima denuncia de corrupción implica al excanciller Fernando Huanacuni y su esposa. La senadora “arcista” Ana María Castillo dijo, en marzo, que la exautoridad ejerció de “lobista” para una de las empresas descalificadas en el proceso de adjudicación para la industrialización del litio y cuya institución tenía como representante a su cónyuge. La denuncia no prosperó.
Entre las últimas denuncias presentadas está la que involucra al vocero presidencial Jorge Richter por supuesto uso indebido de influencias y conducta antieconómica al “favorecer” con contratos millonarios a TV OFF. El diputado Héctor Arce también vinculó en este caso a dos viceministros dependientes del Ministerio de la Presidencia.
Para el diputado Andrés Flores, las denuncias presentadas en su mayoría por el bloque “evista” carecen de sustento legal y considera que es un “ataque político”. “Se ha estado viendo más show mediático y no así con denuncias formales. Para mí no tendría ningún valor”, dijo. Asimismo, enfatizó que en casos como el cobro de coimas en el Ministerio de Medio Ambiente la justicia debe obrar con el peso de la ley.
Otros datos
El Observatorio Ciudadano de Transparencia, presentado hace una semana por el Ministerio de Justicia, revela que entre julio y diciembre de este año se recibieron 1.665 denuncias por hechos de corrupción en todo el país. Cuyo desglose de datos señala que en julio se presentaron188 denuncias; agosto 292, septiembre 203, octubre 260, noviembre 297, y diciembre 175.
Del total, el departamento de La Paz registra 906 denuncias; le sigue Cochabamba con 196; Santa Cruz con 190, Oruro 106, Tarija 71, Beni 58, Potosí 40, Chuquisaca 36 y Pando 18.
Por otro lado, los casos acumulados al 2023 y que están en proceso de investigación suman 1.707. Los casos de legitimación de ganancias ilícitas son 730 y los casos de corrupción 1.221.
Para la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Samantha Nogales los casos de corrupción son “un fenómeno” que ha desbordado al gobierno de Luis Arce y plantea como desafío que el país salga de la lista de los estados más corruptos de la región.
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