Avasallamientos en marzo de 2023. Foto: Red Uno
La Paz, 19 de diciembre de 2023 (ANF).- Los avasallamientos continuaron en aumento en esta gestión 2023, son grupos organizados, armados, cada vez más violentos, impunes y están bajo la sombra del poder político. Santa Cruz es el principal objetivo en las tomas ilegales.
“Los avasallamientos son constantes y en diferentes puntos de Bolivia, acá en Santa Cruz se dio más en la provincia Guarayos. Esto demuestra la falta de derecho que tiene el Estado, la falta de voluntad por poner orden. La justica está en un retroceso, ese orden lo tendrían que poner las autoridades; sin embargo, estamos en un momento en que los policías, fiscales y jueces se cuadran a estos grupos irregulares porque tienen poder político”, señaló a la ANF, la abogada Raquel Guerrero a modo de evaluación de la gestión.
El 2 de diciembre de este año, un grupo de encapuchados agredió a varios comunarios asentados en la Subcentral Pailitas, en el municipio El Puente de la provincia Guarayos, con el objetivo de tomar terrenos. Los atacantes portaron armas y cohetes para amedrentar a sus víctimas.
Durante el enfrentamiento nueve personas resultaron heridas, varias con impactos de perdigones. Se registró un muerto, un supuesto avasallador de los interculturales de San Julián.
Para Fundación TIERRA el objetivo principal de los avasalladores -en general- es tomar posesión física de las tierras y posteriormente legalizarlas en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Justifican sus acciones, los avasalladores afirmaron que son comunidades nuevas fundadas por familias pobres y sin tierras. Algunos de estos grupos, incluso tienen autorizaciones con firmas y sellos de entidades públicas. “No ocultan sus conexiones políticas con las autoridades de alto rango del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS); al contrario, se presentan como militantes con poder político y con derecho a apropiarse a la fuerza de las tierras”, según esa organización experta en tema agrario.
Entre algunos casos que se registraron este año están: en febrero, 35 policías que se encontraban patrullando en el predio privado de Santagro, provincia Guarayos, fueron violentamente atacados por grupo de gente, del total 20 efectivos resultaron heridos. En marzo, un grupo de avasalladores instalado en esa empresa atentó contra las personas que ingresaron a cosechar soya.
En otro caso, los dueños del predio El Tinto, en Pailón, denunciaron que avasalladores tomaron por la fuerza sus tierras y los amenazaron con escopetas.
En septiembre, el Gobierno identificó tres organizaciones criminales implicadas en los avasallamientos, esto tras registrarse violentos enfrentamientos en El Alto y que dejó un saldo de más de 10 heridos y cinco arrestados.
A principios de este mes, Pobladores de San Carlos, también en Santa Cruz, denunciaron el asentamiento de supuestos interculturales campesinos que ocuparon cerca de 400 hectáreas de un total de 1.247 siendo que es reserva natural.
Para la abogada Guerrero, grupos armados que bajo la sombra de una bandera whipala actúan con mucha violencia y agresividad. “Si no hay estado de derecho, esto se va a volver un desborde”
Su relación con el poder político está demostrada, por ejemplo, en el caso Las Londras, donde un grupo de personas entre ellas siete periodistas fue agredido violentamente –hoy continúa el proceso y no hay los culpables detenidos- la profesional pudo comprobar que, al día siguiente del violento avasallamiento, “el director del INRA (de Santa Cruz) fue para controlar (la situación), y fue recibido con guirnaldas”
“Si el Estado no pone orden en tierras que es de todos los bolivianos, entonces entran los grupos y la contraparte (afectados) se van a unir, se van a tener que, por lógica, armar o usar otros métodos para hacer respetar sus terrenos y propiedad”.
En otro caso, ya son cuatro meses –desde el 3 de agosto de este año- que los hermanos Yusin K. R. y Alchi K. R. se encuentran detenidos preventivamente en la cárcel de Palmasola por un delito que no cometieron y no fue comprobado. Según versiones actuaron en defensa de su propiedad, tomada por avasalladores. Continúan en prisión.
“Como asesores legales vemos un problema serio a futuro. Ellos tienen hasta la facultad para dictar resoluciones como la 011/23 y hasta le dan lectura en un medio público, en la misma hablan de condena de muerte siendo que en Bolivia no hay ello”, enfatizó la abogada que también es defensa de los periodistas del caso Las Londras.
Una ola de avasallamientos de tierras recorre el territorio nacional, siendo Santa Cruz el departamento más afectado, señaló Fundación TIERRA. Por lo general, ellos se valen de todo tipo de armas como machetes, palos, petardos, bombas molotov, cachorros de dinamitas, e incluso portan armas de fuego.
A su vez, los afectados conformaron grupos de autodefensa para desalojarlos. Los enfrentamientos dejaron inevitablemente saldos trágicos de gente expulsada, personas heridas, secuestradas, incluso muertos a bala.
En diciembre del año pasado, el director ejecutivo Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, informó que en Bolivia hay 208 casos de avasallamiento a la espera de ser resueltos.
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