/Anuario 2018/ Infanticidios y feminicidios: La herida que crece
Compartir en:
21DIC
21 de Diciembre, 2018
Datos estadísticos dan cuenta de que la problemática del infanticidio continúa en ascenso toda vez que en 2016 hubo 34 casos; mientras que en la gestión 2017 se registraron 84 muertes.
La Paz, 21 de diciembre (ANF).- De acuerdo a datos del Ministerio Público, los casos de infanticidios y feminicidios en el país se incrementaron en Bolivia, entre enero y agosto 58 menores fueron asesinados y 85 (106 según datos no oficiales) mujeres murieron por la violencia machista. Lo que significa que en promedio cada cuatro días se mató a un niño y cada tres a una mujer.
Pero de acuerdo a expertas la herida puede ser mayor debido a la falta de denuncia e invisibilidad a la que muchos casos son sometidos.
Las agresiones físicas y sexuales hacia los menores de edad y las mujeres se cometen por lo general en el círculo más próximo a las víctimas, como la familia, de acuerdo a datos del Sistema Integrado de Gestión de Causas Penales de la Fiscalía General.
En julio de este año el entonces Fiscal General, Ramiro Guerrero, dijo que de acuerdo a un primer balance realizado en la gestión en curso, “se incrementaron en 15 y 20% algunos tipos de delitos”.
Comparando el primer semestre de este año con el mismo periodo pasado, resulta que la cantidad de infanticidios se incrementó en un 42% (con 37 casos hasta junio de 2018 frente a 26 del mismo periodo en 2017); mientras que en el caso de feminicidios, fue del 12% (61 a junio de 2018 frente a 54 en el mismo periodo de 2017).
Resta por conocer el reporte oficial de casos denunciados ante la Fiscalía, correspondientes al segundo semestre.
Infanticidios
La lista de los infanticidios este año es encabezada por el departamento de La Paz (con 32 casos), seguido por Santa Cruz (8), Cochabamba (7), Beni (4), Chuquisaca (2), Potosí (2), Oruro (2) y Pando (1). Mientras en Tarija no se reportó ningún caso.
Datos estadísticos dan cuenta de que la problemática del infanticidio continúa en ascenso toda vez que en 2016 hubo 34 casos; mientras que en la gestión 2017 se registraron 84 muertes.
Por lo general, los datos apuntan a que los agresores son cercanos a la familia, se identifica por ejemplo a padrastros o madrastras. No obstante este año cinco madres asesinaron a sus hijos, alegando situación de abandono y pobreza, luego intentaron quitarse la vida, en algunos casos lograron el cometido.
El primer mes del año registró varios casos. El 2 de enero, una madre embarazada (21) mató a su hijo de tres años en Santa Cruz, luego de que su pareja la abandonara.
El 4 de enero, un bebé de cuatro meses y su madre (16) fueron asesinados en Pucarani en La Paz, por la pareja de la menor. El 13 de enero, un niño de seis años murió tras una golpiza de su madre en Santa Cruz. El 23 de enero, un hombre mató a su esposa e hijo en Sucre. El 30 de enero, una pareja mató a su bebé recién nacido, en Santa Cruz.
El 25 de febrero, una niña de dos años murió tras una golpiza de sus padres, en El Alto. El 26 de febrero, una menor de dos meses fue abandonada en un bar de El Alto, tomando leche de mamadera se atragantó y no fue auxiliada por su progenitora.
El 19 de mayo en esa ciudad, ocurrió un triple infanticidio. La madre, una mujer de 22 años, envenenó a sus niños de 18 meses, 3 y 5 años para luego quitarse la vida. Según los vecinos, su esposo los abandonó.
En junio, una madre grabó un video para despedirse de su esposo, posteriormente envenenó a sus dos hijos, una de seis años y otro de un año, para luego quistarse la vida.
El pasado 14 de agosto en Cochabamba una mujer (25) tras una pelea con su marido, ahorcó a sus hijos de 1, 4 y 7 años y luego ingirió raticida. Los niños murieron y ella fue auxiliada a tiempo por su esposo que la encontró agonizando. Dejó una carta en la que decía que ya no aguantaba el maltrato de su familiar. La mujer fue internada y ahora se encuentra en la cárcel de San Sebastián, acusada de infanticidio.
Un caso similar ocurrió el 26 de ese mes en Potosí, una mujer (25) envenenó con raticida a sus tres hijos de 18 meses, 3 y 5 años, y luego ella también lo ingirió, pero sobrevivió.
Ante este panorama, en marzo, la directora general de la Niñez y Personas Adultas Mayores dependiente del Ministerio de Justicia, Ninoska Durán, aseguró que la lucha contra la violencia infantil es un tema prioritario para la cartera de Justicia y garantizó que ni un solo caso quedaría en la impunidad.
Asimismo, anunció que el trabajo irá enfocado primordialmente a la prevención, fomentando una cultura de la denuncia.
Sin embargo, un reporte de la Fiscalía General dado a conocer en abril dio cuenta de que únicamente se registraban tres condenados de 21 infanticidios ocurridos en todo el país. Un caso en desarrollo de juicio, 12 en etapa preliminar y cinco en etapa preparatoria o investigativa. En 2017, las cifras cerraron con 84 infanticidios, de esos solo 46 con sentencia.
Análisis
La abogada Marisol Quiroga, activista en Derechos Humanos (DDHH), manifestó que la cifra podría ser incluso mayor, ya que sobre todo en el área rural los casos no son denunciados. “El tema de infanticidio es muy grave, sobre todo en áreas rurales, los matan y los entierran sin ninguna certificación”.
Señaló que no se trabaja en prevención pero tampoco se procede a la sanción. “Estamos desprotegiendo a los niños dejando que los maltraten y los maten.
Además deberíamos generar políticas públicas integrales, este año hemos estado casi a diario con casos aberrantes de violencia física en contra de los niños”, remarcó.
Quiroga sostuvo que los gobiernos locales tampoco están haciendo su trabajo, citó las falencias de atención en el caso de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, donde se debería contar con abogados institucionalizados y especializados, es decir un equipo multidisciplinario. Asimismo la escasa capacitación de la Policía y la falta de respuesta oportuna del Sistema Judicial, ensombrece aún más el panorama.
Los feminicidios siguen en aumento
De acuerdo a la Fiscalía hasta septiembre de este año en Bolivia se registraron 85 casos. En Santa Cruz ocurrieron 17 casos, Cochabamba 22, La Paz 17, Oruro 9, Tarija 7, Chuquisaca 5, Potosí 5, Beni 2 y Pando registró un feminicidio.
"85 hechos de feminicidio registrados en Bolivia entre enero y septiembre 2018. Datos estadísticos por departamento", señaló un reporte de la Fiscalía publicado en sus redes sociales en septiembre.
En marzo, el ahora exfiscal Ramiro Guerrero lamentó los hechos de violencia extrema cometidos contra la mujer por su condición de mujer. “No es una cuestión de hacer leyes para combatir esta situación, sino que desde el hogar, la familia, la escuela y la universidad tenemos que trabajar en inculcar valores a nuestros hijos”, dijo a la prensa.
Según los datos proporcionados por el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, a una semana de concluir el 2018, se identificaron 106 casos. En ese sentido denunciaron que la impunidad y la retardación de justicia, derivaron en que la violencia contra la mujer no encuentre freno.
El 2014, fueron 118; 2015, 117; 2016, 109; 2017,115 y el 2018 también sobre pasaron los 100 casos, “estos es muy preocupante, las autoridades no determinan la alerta nacional y es más grave el tema de la impunidad”, sostuvo Griselda Sillerico, quien es parte del Observatorio.
“Estos son los casos que se conocen y con seguridad hay muchos más. La Ley 348 tipifica el feminicidio con 30 años, pero eso no es garantía, de igual forma las familias tienen que peregrinar por justicia. Las cifras duelen, pero duele más la impunidad”, señaló.
El feminicidio se incorporó como tipo penal a través de la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia en 2013. Datos muestran que desde la implementación de la norma, se registraron 455 casos de feminicidio en el país.
Sillerico lamentó que el tema no sea prioridad en la agenda política, “la agenda está por otro lado y las mujeres siguen muriendo”.
En noviembre de este año la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) informó que Bolivia se constituye en el primer país en América del Sur, con la prevalencia más alta de feminicidios. Por lo que al finalizar el año ONU Mujeres exhortó a las autoridades judiciales a cumplir y hacer cumplir las leyes y sancionar a los responsables de los hechos de violencia.
Análisis
Quiroga también se refirió al tema: “Lo que tenemos que preguntarnos es cuán preparado está el sistema para dar una respuesta, cuántos jueces y fiscales especializados tenemos, que asuman con responsabilidad la muerte de una mujer, no los tenemos”.
Aseveró que el Ministerio Público hacen pésimas investigaciones, “tenemos incluso casos de feminicidios que han ido sin el protocolo de autopsia, ahí nos refleja cuál es la preparación que tiene el fiscal que está llevando el caso”, dijo.
Identificó barreras para el acceso a la justicia, que los cobros que se hacen, la falta de instancias judiciales en provincias y otros factores, además la mayoría de los familiares de la víctima quedan con la guarda de los nietos y ellos no pueden encarar esos gastos.
“La Fiscalía no hace la investigación de oficio, espera a que los familiares entreguen las pruebas y cuando las familias dejan el proceso se procede al sobreseimiento, y si llegan a juicio no llegan con pruebas, por lo que se derrumban los casos”, explicó.
Prevención:
De acuerdo a la especialista no hay políticas de prevención, “las políticas de prevención debían haber sido adoptadas desde el nivel central y desde los gobiernos autónomos y no se ha hecho nada de eso, por lo tanto no hemos cambiado la cultura despatriarcalizadora”, dijo.
Otro tema importante son las limitaciones de la justicia en el área rural, manifestó que “ahí no hay nada, esos casos caen por sí solos, si llegan al Tribunal llegan sin prueba, el Ministerio Público hace acusaciones aberrantes, sin perspectiva de género, sin un trabajo técnico jurídico”.
“En el área rural se están enterrando a las mujeres y señalan otros motivos de muerte, es la realidad”, contó.
Qué hacer
“Lo que deberíamos hacer es generar un seguimiento constante a la administración de justicia. El Ministerio Público, tiene que visibilizar cuántos casos están con acusación, cuántos están con sobreseimiento, y en la Justicia, señalar cuántas sentencias se tiene”, demandó Quiroga.
Entonces concluyó que “el Estado no está viendo con la responsabilidad correspondiente y no está calculando la magnitud del problema de significa el feminicidio”.
“Se está matando a las mujeres y se está dejando en la impunidad, la situación en la que quedan los niños huérfanos también es terrible, elevamos los niveles de vulnerabilidad de los niños porque los dejamos a expensas de las abuelas, los tíos, con restricciones económicas”, sostuvo.
Activistas en derechos humanos coinciden en que la problemática del infanticidio y la del feminicidio no son una cuestión de cifras y datos, sino una problemática social muy fuerte en el país, que tiene que ver con visiones machistas y patriarcales y formas de violencia cultural y estructural contra los más débiles, frente a políticas de prevención y la actuación judicial que no son efectivas.
La explotación ilegal del oro no sólo se dio a través de sociedades ilegales, también a través del avasallamiento que terminaron consolidándose a favor de los ilegales, como el caso del cantón Arcopongo.
El principal órgano judicial de las Naciones Unidas concluyó, por 12 votos contra tres, que “Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para Bolivia”.
El Sínodo de los Obispos sobre la Juventud fue un acontecimiento eclesial a nivel mundial en el que la Iglesia Católica dio a los jóvenes un papel central para conocer sobre sus preocupaciones y necesidades, al mismo tiempo hacerlos coprotagonistas de la vida de la misión de la Iglesia.
Las notas seleccionadas hacen hincapié a las problemáticas crónicas y aún no superadas por el Estado, y su administrador el Gobierno, pese a la propaganda recurrente sobre un cambio en el país.
A tal punto llegó la desesperación que los pacientes protagonizaron una protesta en la plaza Murillo y alrededores de la Casa Grande del Pueblo para pedir al presidente Evo Morales que los ayude, pero fueron reprimidos por la Policía.
El Papa Pablo VI, defensor de la vida y la familia; Monseñor Oscar Romero, que se atrevió a criticar el poder en El Salvador; y, Nazaria Ignacia March, religiosa que trabajó por la dignidad de las mujeres en Bolivia, son considerados modelos de servicio, según el llamado del Evangelio.
Muestra de la lógica perversa de condenar sin pruebas así como ver en todos los litigantes a un potencial criminal -vigencia de la presunción culpabilidad-, es que las cárceles del país están llenas de detenidos preventivos.
La jornada del 21 de febrero arrancó con un bloqueo de calles en ocho departamentos del país. Simultaneamente, el MAS y sus organizaciones afines protagonizaron otras movilizaciones en apoyo a Morales y su repostulación en eje central.
La CIDH tiene denuncias de políticos y entidades de la sociedad civil en contra de la repostulación de los mandatarios, el MAS asegura que se busca la profundización de los cambios en el país.
El dirigente de la Asociación de víctimas de la Guerra del Gas, Patricio Quispe, adelantó que en marzo o febrero del próximo año se conocerá si dan luz verde a la apelación, aunque dijo que los familiares de las víctimas están “esperanzados” en hallar justicia.
Los hechos muestran la necesidad de que el Gobierno desarrolle una revolución no solo penitenciaria sino judicial, para despoblar las cárceles del país y establecer control en las mismas.
Arturo Sosa, SJ Prepósito General de los Jesuitas, llegó a Bolivia en el mes de julio. Entre otros eventos, tuvo un encuentro con los pueblos indígenas del Beni donde pudo escuchar sus preocupaciones y demandas ante la vulneración de sus derechos.
El 2018 fue el año en que indígenas amazónicos denunciaron ante la 17 sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (Unpfii) en Nueva York, la vulneración de sus derechos.
Datos estadísticos dan cuenta de que la problemática del infanticidio continúa en ascenso toda vez que en 2016 hubo 34 casos; mientras que en la gestión 2017 se registraron 84 muertes.
La Agencia de Noticias Fides (ANF) presenta un análisis estadístico de su trabajo durante el 2018, un ejercicio que realiza de cara al siguiente año para el que ya se van preparando muchos cambios en pos de mejorar la calidad de su labor periodística.
El exministro de Defensa Javier Zavaleta y los analistas en seguridad Samuel Montaño y Jorge Santiestevan plantearon que la institucionalidad de las Fuerzas Armadas ha quedado lesionada tras la toma militar de la plaza Murillo por el general Juan José Zúñiga.
Raúl Uría, dirigente de la Juventud yungueña, está detenido en la cárcel de San Pedro hace 20 meses. Su abogado dice que no hay prueba de que es un "traficante de armas"; su madre suplica que sea liberado.
