La acción policial y militar en octubre de 2003. Foto: Erbol
El dirigente de la Asociación de víctimas de la Guerra del Gas, Patricio Quispe, adelantó que en marzo o febrero del próximo año se conocerá si dan luz verde a la apelación, aunque dijo que los familiares de las víctimas están “esperanzados” en hallar justicia.
La Paz, 19 de diciembre (ANF). - Ha pasado 15 años desde que ocurrió el 2003 la denominada “Guerra del Gas” o la “masacre de octubre negro” que dejó más de 60 muertos y 400 heridos. Y la justicia no llega a quien considera el principal responsable de ese hecho luctuoso, el expresidente Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada, que vive en Estados Unidos (EEUU), aunque su estatus de inmigración no está claro.
El 5 de marzo de este año se llevó adelante un juicio Civil en Florida, EEUU, en contra de la exautoridad y el exministro Carlos Sánchez Berzaín. Ambas exautoridades bolivianas fueron acusadas de ordenar a las Fuerzas Armadas el uso de fuerza letal para reprimir la protesta social.
En el proceso fueron hallados culpables por el jurado y se estableció una compensación económica de 10 millones de dólares a las víctimas. Sin embargo, en mayo, el juez del caso James Cohn revirtió el fallo por falta de pruebas.
Tras ser liberado de responsabilidad por el juez, Goni presentó contrademanda a las víctimas y sus abogados por los costos y perjuicios que le causó el proceso.
Goni en el banquillo de los acusados
Las víctimas de octubre de 2003 y su equipo de abogados calificaron de “un gran logro” que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, estuvieran en el banquillo de los acusados.
En ese juicio se demostró que murieron personas inocentes y la crisis generó escasez de alimentos y carburantes.
Pasaron por la corte familiares de los fallecidos, militares, soldados, sacerdotes, exautoridades del Gobierno y la alcaldía paceña, incluyendo los demandados, así como expertos forenses y en balística.
El dirigente de la Asociación de víctimas de la Guerra del Gas, Patricio Quispe, remarca que, tras los 15 años de la masacre, la lucha sigue latente, pero lamenta que la justicia del país, y en EEUU, no hayan alcanzado a los “culpables: Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín”.
“Nos duele que se haya revertido el fallo, pero nuestra lucha se mantiene. Lo más grave es que ahora ellos (las exautoridades) nos han enjuiciado por un monto millonario”, indica.
Quispe considera que la decisión del juez James Cohn fue por influencia del “poder político y económico”.
“Nosotros sentimos que cuando el juez Cohn ha revertido el fallo en mayo, ha sido porque ellos son hombres muy poderosos, tienen dinero, influencias. Creemos que eso ha influenciado en esa decisión, eso nos llama la atención”, dijo a ANF.
El representante cree que si el expresidente Carlos Mesa hubiera ido a declarar como testigo de las víctimas en el juicio, “quizá los resultados serían diferentes, pero no fue cuando lo necesitábamos, eso faltó y el juez rechazó la sentencia”.
Otra víctima, Jesusa Ticona, señala que luego de 15 años no se halló justicia y cree que fueron utilizados por políticos.
La apelación
Tras el resultado adverso, los abogados de los familiares de las víctimas de octubre apelaron la decisión del juez estadounidense ante la Corte de Apelación del Circuito 11.
"Esto puede durar uno o dos años y haremos la apelación inmediatamente. Creemos que el juez se equivocó, porque el pueblo, a través del jurado, dijo que las muertes fueron provocadas", indicó otro de los defensores de las víctimas, Thomas Becker, tras conocer la sentencia de Cohn.
El dirigente de la Asociación de víctimas de la Guerra del Gas, Patricio Quispe, adelantó que en marzo o febrero del próximo año se conocerá si dan luz verde a la apelación, aunque dijo que los familiares de las víctimas están “esperanzados” en hallar justicia.
“Ese tipo de situaciones tardan mucho, pero nuestros abogados nos han informado que en febrero o marzo se va saber si va o no va la apelación. Estamos acostumbrados a esperar y lo vamos hacer, tenemos la esperanza de que se haga justicia”, dijo el líder de las más de 50 personas que conforman su organización.
La presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, señala que hay vulneración en los derechos humanos de las víctimas y uso político del tema, sin embargo, considera la importancia de conocer la verdad.
“Hay que saber qué pasó. En este juicio no aparece toda la verdad”, dice. Carvajal afirma que Goni debería “dar la cara” y compensar a las víctimas de octubre negro.
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