La Paz, 15 de agosto (ANF).- El exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, afirmó que por la deplorable situación en que se encuentran las cárceles en el país, Bolivia siempre ha salido mal parada en la visita de comisiones de diferentes entidades internacionales. Indicó además que el Gobierno procura no firmar compromisos sobre el tema para evitar posibles denuncias a nivel internacional.
“Como estamos en condiciones tan negativas se prefiere dejar pasar (los convenios), (el Gobierno) no se quiere involucrar en temas penitenciarios porque sabe que va haber las denuncias a nivel internacional, eso ha sucedido en el tema de la tortura, eso ha sucedido con visitas de comisiones internacionales; siempre hemos salido mal parados porque las condiciones de las cárceles son deplorables, entonces se prefiere no incidir en este ámbito”, manifestó Llanos a ANF.
Indicó que existen solo algunos convenios específicos firmados como el de traslado de presos para cumplimiento de sentencias, o algunos acercamientos con el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Justicia Penal (Ilanud), que llegó a Bolivia para ver las condiciones de cárceles.
Pero al ser Bolivia signataria de las Naciones Unidas, está obligada a cumplir todos los tratados y convenios internacionales. Llanos indicó que la Dirección de Régimen Penitenciario solo explica a la comisión de personeros de la ONU cuando llegan al país sobre la situación de los penales, y no hay informes paralelos de la sociedad civil.
“Lo que está faltando ahí son los informes paralelos, las NNUU y otros reciben informes paralelos, es decir el Estado hace un informe y la sociedad civil hace otro informe, eso ha quedado vacío, no hay informe de la sociedad civil en Bolivia porque las oficinas de DDHH y otras han quedado copadas”, apuntó.
Llanos se refirió a que hay normas y reglamentos internacionales en temas carcelarios como las Reglas de Nelson Mandela o las Reglas de Tokio, y muchas otras, que se deben aplicar en el país, pero las actuales condiciones de los penales no lo permiten y ni siquiera se cumplen los mandatos constitucionales como la clasificación de presos.
“Entonces, qué le vamos decir al organismo internacional ¿que no se aplican los tratados porque estamos empezando en el tema carcelario?”, lamentó.
La investigación de ANF “
El precio de la vida en el penal de San Pedro” evidenció que el Gobierno no cumple ni los mínimos requerimientos de la normativa nacional sobre las cárceles del país y mucho menos los del ámbito internacional.
Pero estas vulneraciones de derechos humanos en las cárceles no pasan desapercibidas en países como Colombia o Perú donde los internos a propia iniciativa han iniciado procesos internacionales a sus gobiernos por el incumplimiento de las leyes.
“Ha habido una iniciativa a nivel de Sudamérica en Colombia, para que los privados de libertad hagan una demanda internacional a su Estado para que se cumplan estos convenios internacionales”, recordó.
Pero considera que en Bolivia no hay la fuerza ni la iniciativa de alguien para que se anime a hacer esta demanda internacional “porque así el Estado podría pagar enormes cantidades de dinero como sanciones y estaría obligado en plazos a cumplir con estas normas internaciones de las que somos signatarios”.
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