Los casos registrados por la Defensoría del Pueblo por extorsión y cobros irregulares a privados de libertad corresponden de enero a junio de la presente gestión, en centros penitenciarios de Santa Cruz, Beni y Tarija.
La Paz, 16 de agosto (ANF).- Según denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo, los cobros obligados y maltratos a privados de libertad por parte de efectivos policiales y delegados de los internos continúan en los recintos penitenciarios del país. Entre los involucrados también están funcionarios de Régimen Penitenciario.
Los motivos siguen siendo los mismos: cobros coactivos por residencia, para el funcionamiento del penal y por seguridad por parte de los delegados; y extorsión por policías a cambio de no ejecutar medidas disciplinarias y cobros indebidos para que los internos puedan acceder a sus derechos.
Los casos registrados por la Defensoría del Pueblo por extorsión y cobros irregulares a privados de libertad corresponden de enero a junio de la presente gestión, en centros penitenciarios de Santa Cruz, Beni y Tarija.
En enero, privados de libertad de la carceleta de Guayaramerín, en Beni, exigieron la devolución de 150 bolivianos que les fue impuesto por el Director de ese centro penitenciario, por concepto de “acompañamiento a cobrar el Bono contra el hambre”.
Los internos demandaron la renuncia del funcionario por realizar cobros indebidos. Las personas privadas de libertad que cobraron su Bono contra el hambre indicaron que “llegando a la cárcel pagaban el monto de 150 bolivianos al suboficial ‘Marzo’”.
Los cobros también se hacen a privados de libertad de la tercera edad que les corresponde la Renta Dignidad, como fue la denuncia de E.J.A. que cada que sale a recoger su beneficio debe pagar al gobernador de turno 50 bolivianos.
El interno de iniciales A.C.C. también denunció que cuando ingresó al recinto, “el suboficial Marzo lo llevó a su oficina y le pidió 500 bolivianos para no meterlo a población”.
En febrero, en la carceleta de Montero, en Santa Cruz, un interno denunció que en el recinto penitenciario se les impuso medidas de aislamiento en una celda de 5 x 6 metros a más de 20 personas, lo que constituye en un tipo de tortura, según el Instituto contra la Tortura (ITEI).
A las condiciones infrahumanas en el recinto se suman los cobros irregulares para salir de esa situación, extorsiones y el tráfico de alcohol y drogas “que son de conocimiento de la guardia de seguridad del centro penitenciario”.
En el mismo mes, en la carceleta de Riberalta, en Beni, el familiar de un privado de libertad denunció reiteradas agresiones físicas por parte de otros internos que le exigían dinero por concepto de pago de limpieza del patio, celdas y residencia.
“A consecuencia de no cancelar estos cobros ilegales realizados por los mismos internos, fue agredido por el delegado Torrejón, y a consecuencia de este hecho el afectado hirió a uno de los internos con arma blanca”, se lee en parte de la denuncia.
Por este hecho fue imputado por el delito de tentativa de homicidio y puesto a disposición del juez, quien dispuso la detención preventiva del interno por este nuevo hecho en la carceleta pública de Guayaramerín, con la finalidad de resguardar su integridad física.
La familia lamenta que los guardias de la cárcel pese a que conocían esta situación, nunca hicieron nada para impedir las agresiones, y ahora su pariente debe afrontar un nuevo proceso penal por defenderse.
En el mismo mes, en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, privados de libertad denunciaron públicamente ser víctimas de extorsiones por parte del interno Libertad Walter T.O.
En abril, en el penal de Morros Blancos, en Tarija, según información de una funcionaria del Sepret (Servicio para la Prevención de la Tortura) a la Defensoría del Pueblo, un privado de libertad fue culpado por los policías de haber colaborado en la fuga de otro interno. Como castigo fue llevado al bloque de máxima seguridad, lo que fue aprovechado por los policías para extorsionarlo. Le pidieron dinero a cambio de sacarlo del lugar.
En el mismo mes, y en el mismo recinto penitenciario, un interno recluido por la ley 1008 denunció agresiones físicas reiteradas. Teme por su integridad física y por su vida. Los agresores le dijeron que pararían solo a cambio de dinero.
En el mes de mayo, en el mismo recinto, un interno denunció ser víctima de extorsión por parte de dos suboficiales, miembros de la seguridad del recinto penitenciario. Los policías le habrían obligado al interno a entregarles la suma de 1.500 bolivianos para que no lo trasladen al bloque de máxima seguridad, después de que éste hubiera tenido conflicto con otro interno.
El interno denuncia que no le notificaron para acudir a la audiencia disciplinaria y que directamente fue convocado a Dirección, donde no se le habría dado la palabra para defenderse.
Refiere además que un Mayor de la Policía lo amenazó con sacarlo de su celda, que ocupa desde hace varios años, y hacerlo agredir en el bloque de máxima seguridad.
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