Trabajadoras del hogar, sin empleo ni salud en la pandemia
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8JUL
Foto: ANF
8 de Julio, 2021
Las trabajadoras del hogar no pueden acceder a un seguro de salud por una ley estancada hace 18 años.
La Paz, 8 de julio (ANF).- Las restricciones por el Covid-19 han agudizado la situación de precariedad laboral de las trabajadoras asalariadas del hogar que ya venían atravesando desde siempre. En el tiempo de cuarentena fueron echadas a la calle, obligadas a tomar vacación y frente al cierre de escuelas han asumido una sobrecarga laboral que se extiende más allá de las ocho horas de trabajo, muchas se han quedado sin poder cobrar salarios y sus beneficios sociales.
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La pandemia del coronavirus se llevó más de 50 vidas en las cárceles de Bolivia en la gestión 2020. Las autoridades para esta gestión desarrollaron una estrategia que, si bien va rindiendo resultados, aún no cubre las necesidades básicas de los privados de libertad que perviven en hacinamiento, precariedad sanitaria, amenaza constante de las enfermedades y abandono sicológico.
Jacqueline Garrido de la organización Ciudadanía manifestó que la modalidad de teletrabajo “agudizó” la sobrecarga en el trabajo de cuidados para las mujeres.
Por las limitaciones para ofertar sus productos, en los diferentes centros de abasto y poblados aledaños, se vieron obligadas a reducir los precios, incluso hasta la mitad, con tal de garantizar la venta. Las deudas bancarias son otra preocupación.
Maritza es una joven de 36 años, que salió huyendo de su casa por las agresiones de su pareja, ahora está acogida junto a sus dos hijos en el Albergue de La Paz. Contó a ANF los pasajes de violencia que vivió.
ANF entrevistó a internos de cinco secciones del penal de San Pedro, al Director Nacional de Régimen Penitenciario y realizó una revisión del Censo Carcelario 2019 para evidenciar que los cobros ilegales y las extorsiones continúan.
Los casos registrados por la Defensoría del Pueblo por extorsión y cobros irregulares a privados de libertad corresponden de enero a junio de la presente gestión, en centros penitenciarios de Santa Cruz, Beni y Tarija.
ANF evidenció, en la región de Rurrenabaque del departamento del Beni, casos de decesos y contagios por Covid-19 en pueblos indígenas, entre ellos ancianos que en muchos casos enfrentan la enfermedad con medicina tradicional.
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El exministro de Defensa Javier Zavaleta y los analistas en seguridad Samuel Montaño y Jorge Santiestevan plantearon que la institucionalidad de las Fuerzas Armadas ha quedado lesionada tras la toma militar de la plaza Murillo por el general Juan José Zúñiga.
Raúl Uría, dirigente de la Juventud yungueña, está detenido en la cárcel de San Pedro hace 20 meses. Su abogado dice que no hay prueba de que es un "traficante de armas"; su madre suplica que sea liberado.
