Vivir con discapacidad, perseguir la salud, esperar el refugio
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19DIC
Foto: Marcelo Pérez
19 de Diciembre, 2021
En las tres gestiones de Evo Morales y ahora en la de Arce nunca otorgaron refugio a solicitantes venezolanos a quienes consideran “migrantes económicos”, mientras que el ACNUR ya catalogó a Venezuela como la “mayor crisis humanitaria de la región”.
La Paz, 19 de diciembre (ANF).- La crisis humanitaria en Venezuela forzó la salida de más de 6 millones de personas, y entre las diversas rutas que tomaron están los andes sudamericanos hasta llegar a Bolivia, un país que ha dejado de ser de tránsito para convertirse en uno de radicación.
Entre los migrantes van personas con diversos tipos de discapacidad y enfermedades discapacitantes que buscan la atención de salud negada en su país de origen por la calamitosa situación de un sistema sanitario colapsado.
En Bolivia, aunque el gobierno de Luis Arce lanzó un programa de regularización migratoria para quienes no tienen documentos en regla, aplica la política de negar la crisis humanitaria de Venezuela y las solicitudes de refugio basadas en la Declaración de Cartagena, sugerida por la Oficina de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
En las tres gestiones de Evo Morales y ahora en la de Arce nunca otorgaron refugio a solicitantes venezolanos a quienes consideran “migrantes económicos”, mientras que el ACNUR ya catalogó a Venezuela como la “mayor crisis humanitaria de la región”.
“Vivir con discapacidad, perseguir la salud, esperar el refugio” explora la situación de los migrantes venezolanos en Bolivia enfocando su atención en estos tres factores, que se ven tocados por las afinidades políticas e ideológicas entre los gobiernos de Caracas y La Paz.
La Agencia de Noticias Fides les invita a leer el reportaje que fue desarrollado en el marco del curso Puentes de Comunicación II de la Escuela Cocuyo, apoyado por DW Akademie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.
En las tres gestiones de Evo Morales y ahora en la de Arce nunca otorgaron refugio a solicitantes venezolanos a quienes consideran “migrantes económicos”, mientras que el ACNUR ya catalogó a Venezuela como la “mayor crisis humanitaria de la región”.
Entre enero y agosto de 2021, la Dirección General de Migración (Digemig) identificó 5.814 migrantes haitianos transitando por Bolivia de manera irregular, y en agosto y septiembre emitió 580 salidas obligatorias a personas haitianas.
La presidenta de la Comisión Nacional de Refugiados admitió que la institución no reconoce que exista crisis humanitaria en Venezuela y que deba aplicarse en su caso la Declaración de Cartagena.
En relación a la forma de ingreso a Bolivia, el 43,7% de la población migrante venezolana encuestada refirió haber ingresado por rutas alternas o pasos inhabilitados y el 1,6% tuvo ingreso denegado.
Indicó que el Ministerio de Gobierno al ser cabeza de sector junto a la policía está a cargo de todo el aparataje institucional y aplica la lógica de seguridad nacional, situación que se puede ver muy claramente en las fronteras.
La apertura de la política migratoria del Gobierno significó un menoscabo al derecho a la identidad de al menos el 70% de niños migrantes. Los requisitos son inalcanzables para la mayoría de las familias venezolanas integradas solo por uno de los padres. Las organizaciones piden un espacio de diálogo para superar este escollo que vulnera el derecho de los menores de edad.
El exministro de Defensa Javier Zavaleta y los analistas en seguridad Samuel Montaño y Jorge Santiestevan plantearon que la institucionalidad de las Fuerzas Armadas ha quedado lesionada tras la toma militar de la plaza Murillo por el general Juan José Zúñiga.
Raúl Uría, dirigente de la Juventud yungueña, está detenido en la cárcel de San Pedro hace 20 meses. Su abogado dice que no hay prueba de que es un "traficante de armas"; su madre suplica que sea liberado.
