Lo que se ve es “un atropello por ser figura en la noticia, y por dar una noticia de impacto y por decir ‘yo fui el que ha solucionado el proceso’”, señala el exjuez, Álvaro Melgarejo.
La Paz, 10 de junio (ANF).- Casos como el de Jonathan Quispe Vila, las explosiones en Oruro, Adelio Ticona, Bebé Alexander y Renato Cafferata, son algunos de los muchos procesos que muestran una carente mentalidad científica de la fiscalía para llevar adelante la investigación.
“La mentalidad investigativa en varios niveles no está dada y ahí se tendría que hacer un análisis general con especialistas de investigación para que se instaure en Bolivia, de una vez, un sistema serio de investigación y que se forme a los fiscales en la investigación científica”, expresa Andrés Gautier del Instituto para la Prevención de la Tortura (ITEI).
En el caso de la muerte del universitario de la UPEA, Jonathan Quispe, se manejaron hasta tres versiones distintas por el Ministerio de Gobierno, Ministerio Público y la Policía. Cada quien salió por separado a dar su parecer. ¿Y la investigación científica? “No existe, solo son afirmaciones sin base cierta”, expresa el exjuez Álvaro Melgarejo.
“Debió realizar la investigación la fiscalía con imparcialidad, con independencia, pero no realizamos investigación de esa forma ¿Qué hacen las autoridades?”, cuestiona Melgarejo.
Lo que se ve es “un atropello por ser figura en la noticia, y por dar una noticia de impacto y por decir ‘yo fui el que ha solucionado el proceso’”.
“En la conferencia de prensa aparece el Ministro de Gobierno, Carlos Romero; el Fiscal General, Ramiro Guerrero; y el comandante de la Policía, Faustino Mendoza, ante las cámaras, pero no el fiscal encargado del caso, el director de la investigación que debería brindar la información”, dice.
De otra parte, Gautier advierte que en muchos casos que sigue el ITEI lo primero que hace la fiscalía es detener y luego investigar. “Los fiscales como no tienen un sistema de investigación debido, y el Estado tampoco tiene los fondos necesarios y personal formado, realmente lo que les interesa es encontrar culpables, ser eficaces, entre comillas”, apunta.
Tras la segunda explosión de Oruro en febrero, y luego de varios días sin resultados, la Policía junto a la Fiscalía hizo público el identikit del “principal sospechoso de la explosión” quien se presentó y dijo no tener nada que ver con el asunto.
En el caso de Adelio Ticona, la fiscalía sostuvo su acusación en un “testigo clave” que supuestamente vio el crimen. En el expediente se registra que el testigo clave no se acuerda del color de la chamarra del acusado ni sabe si era hombre o mujer porque Ticona llevaba el cabello largo. Pero lo que pesó más para las autoridades judiciales fue la vestimenta de rockero de Ticona, lo que lo convirtió en el candidato ideal para cometer el crimen porque supuestamente “desprecia la vida”. Fue sentenciado a 30 años de cárcel, pero en la apelación la sentencia fue anulada y se ha ordenado otro juicio.
En el caso del médico Jhiery Fernández la fiscalía adelantó criterio al decir en la audiencia de medidas cautelares que la prueba de ADN que estaba en estudio lo encontraría culpable y por eso debía estar en la cárcel. El juez lo envió a San Pedro y el resultado de ADN, que salió dos días después, lo exoneró de culpa.
“Para mí es la expresión de una fiscalía que se basa en creencias, construye sus investigaciones sobre sus creencias, como un acto de fe, y cuántos juicios están basados sobre un acto de fe, y no hay vergüenza”, expresa Gautier.
Recuerda que cuando el magistrado Gualberto Cusi dijo que miraba en la hoja de coca para dar un veredicto, la sociedad y los fiscales se escandalizaron, pero “él no estaba tan lejos de sus colegas que ni tienen idea de lo que es investigación científica”.
El caso de Renato Cafferata merece un párrafo aparte. El juez lo sentenció a 30 años de cárcel sin haber oído su versión de los hechos; un policía “pierde” las pruebas clave y es sancionado solo con días de arresto; la fiscalía lo extorsiona, según la denuncia de la madre de Renato, para cambiarle de acusación; se vulneran los derechos fundamentales de la persona sin que ninguna autoridad se dé por enterada, lo que expresa una investigación científica ausente.
La falta de investigación científica, agrega Gautier, facilita la vulneración de derechos, y al perecer, “lo que caracteriza a la justicia moderna, que tiene instrumentos de investigación, desde el siglo XIX; aquí en Bolivia nunca se ha peleado por tener una justicia en debida forma”.
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