Investigación Judicial

La Paz, 10 de junio (ANF).- La investigación y el respeto a la norma en los juicios penales en el país son de importancia secundaria y el proceso se inicia con la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia. El debido proceso queda transgredido desde un principio por el abuso de autoridad de parte de policías y fiscales y un juez que no cuestiona estos hechos.

El coordinador de proyectos de la Fundación Construir, Marco Loayza, señala que en la etapa policial y ante el Ministerio Público es donde el supuesto autor de un hecho se encuentra en mayor riesgo de ser vulnerado en sus derechos fundamentales.

“Se comienza habitualmente por una presunción de culpabilidad a pesar de las previsiones constitucionales y procesales sobre este principio y derecho humano básico dentro de cualquier proceso”, expresa.

A esto se suma la “terrible costumbre de mostrar a los presuntos autores ante los medios de comunicación, por hechos que aún no han sido probados en un debido proceso”.

El abogado y exjuez, Álvaro Melgarejo, indica que en esta etapa la fiscalía vulnera derechos porque nunca informa a la persona por qué la aprehende. “Los llevan a la policía y no les dicen qué es lo que pasa, en calidad de qué están aprehendidos”, afirma.

“Sin hacer una investigación profunda ya quieren detención, como si la detención fuera la regla”, apunta.

Previo a lo anterior está el abuso de la policía, que cuando aprehende a una persona “lo hace con violencia, lo hace con represión”.

Adelio Ticona Rojas recuerda que cuando fue aprehendido 20 policías llegaron a su casa. En todo momento fue increpado de “maleante” y amenazado por los efectivos, y su pareja fue golpeada y tratada de “puta”; casi sufre un desmayo por los problemas cardiacos que padece, pero los policías no repararon en eso.

La vulneración de derechos por parte de la Policía es moneda corriente, pero también depende mucho de los recursos económicos y estatus de la persona sindicada, lo que muestra que desde esta etapa la justicia asumida así por los operadores es clasista y se ensaña con los más pobres.

Andrés Gautier, del Instituto para la Prevención de la Tortura (ITEI), no ve que los fiscales tengan una “mentalidad científica” al momento de llevar los casos y afirma que se basan más en “creencias”.

“Esa pretensión, ese orgullo de un jurista, de un abogado, de un fiscal de tener un trabajo serio que se pueda mostrar al mundo entero, no existe”, remarca.

Cita como ejemplo el caso del médico Jhiery Fernández, en el cual los fiscales Edwin Blanco y Patricia Santos de manera enfática aseveraron en la audiencia cautelar que “la prueba de ADN va a demostrar que usted es culpable”. Es decir, la acusación ya estaba hecha sin tener la evidencia concreta. Gautier cuestiona la “clarividencia” de estas autoridades. No obstante, en el examen de ADN no se encontró información genética de Fernández.

Marco Loayza de la Fundación Construir también advierte que otro de los momentos de mayor vulnerabilidad para la violación de derechos se encuentra en la audiencia de medidas cautelares. Se presentan “hechos extraños como la notificación rápida al imputado, sin el conocimiento del abogado, a pesar de haber fijado domicilio procesal, o los cambios de lugares de audiencia”.

En ese sentido, el exjuez Melgarejo afirma que pese a que existe la normativa que indica cómo se deben seguir los procedimientos en los procesos penales, tanto a nivel policial, del Ministerio Público y Juzgados, no se aplican porque “se contrata a cualquiera”, para que asuma la administración de justicia.

“Decimos que se ha desprestigiado la justicia porque se contrata a cualquier adolescente (sic) con título académico que no tiene ni un año de experiencia para ser fiscal, por decir lo menos. Por lo menos que tome un curso de especialización y para eso necesitamos madurez y no abuso”, apunta.

Por su parte, Loayza remarca que es necesaria una reforma en el Ministerio Público que le permita un trabajo más estratégico y no tan reactivo, y que la Policía deje su formación militarizada para adoptar una formación mucho más técnica, especializada y con un fuerte componente de derechos humanos, para realizar un verdadero cambio en la administración de justicia.

En las cárceles del país el 70 por ciento de los detenidos están en calidad de preventivos, muchos sin imputación formal y sin abogados, otros con el expediente perdido, y solo el 30 por ciento tiene sentencia; todos ellos son resultado de las actuaciones de la policía, fiscalía y el juez, antes descritas.

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