La Paz, 4 de agosto (ANF).- La pandemia ha expuesto varias situaciones críticas que permanecían latentes en América Latina. La enorme magnitud de la migración interna de la región es una de ellas. Una realidad invisible en su magnitud y drama social cotidiano. Millones de personas han dejado su país buscando mejores oportunidades en otro país, y así como los paises no estaban preparados en el momento de la expulsión y salida de sus connacionales, tamboco lo estaban para un retorno repentino, ahora agravado por la covid-19. Esos retornantes son de los que han quedado más desprotegidas en el contexto actual, sin oportunidades en el país que los recibió ni una bienvenida digna en su país de origen, atrapados entre la miseria y la pandemia.
Las historias no solo son solo de venezolanos, que es el grueso de la diáspora de la región. Ocurren también con bolivianos y peruanos que emigraron por un trabajo quedaron varados en el país austral. También en Paraguay, donde temporeros que regresan de Argentina y Brasil esperan por semanas en los albergues a que los dejen ingresar.
“El tema migratorio siempre ha estado subordinado al fondo de las prioridades de las políticas públicas tanto de los estados huésped como los Estado expulsores de migrantes”, explica Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, la respuesta que han dado los estados era la de esperarse.
“Hay un gran déficit de manejo de políticas y de sensibilidad con el respeto a los derechos constitucionales de las personas. El tema del retorno presenta una molestia para los Estados de origen de los migrantes. Es una molestia porque ni siquiera lo esperaban, ni siquiera lo tenían pensado”, agrega.
Es la situación de Francisco Brito, un venezolano de 70 años que cruzó la frontera colombo-venezolana el 27 de marzo con el objetivo de asegurarse una mejor calidad de vida y reencontrarse con su hijo que vive en Bogotá, capital colombiana. Pero, a los 15 días, se vio obligado a volver.
Emigró a Colombia de manera irregular, 13 días después de se cerraran las fronteras. Pero no pudo llegar a Bogotá. Permaneció esas dos semanas en Cúcuta, ciudad fronteriza. Se quedó sin dinero y le tocó volver por una trocha, escuchando tiros sobre su cabeza. Pero en el regreso se encontró con que su país ahora exigía permanecer en un albergue improvisado 14 días antes de volver a casa.
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Francisco es uno de los más de 81.000 venezolanos que en cuatro meses han decidido regresar porque se quedaron sin sustento en el país de acogida. Las historias de los venezolanos que en tiempo de pandemia caminan de regreso han acaparado la atención de medios internacionales. Estas historias se repiten en otros países de la región.
Seis días después de que Francisco ingresó a Venezuela, también de manera irregular, José, paraguayo de 27 años, logró entrar a su país después de tres días a la intemperie en la frontera entre Brasil y Paraguay. Tenía dos meses en la ciudad de Sao Paulo cuando tuvo que volver porque perdió su trabajo en un centro comercial.
Pero, pese al cierre de frontera decretado en Paraguay el 24 de marzo, entrar al país no fue tan complicado como cumplir el requisito de aislamiento social que, en teoría, son 14 días. Para José fueron 76, en condiciones tales que acabó por contagiarse de covid-19 en el intertanto.
Esas condiciones de abandono son similares a las que tuvo que vivir Sofía, boliviana de 25 años, en un campamento levantado por los propios migrantes en el límite fronterizo entre Chile y Bolivia, en pleno desierto. Con el agravante de que ella, después de esperar respuesta del Gobierno boliviano durante 10 días, volvió a su hogar para encontrarse con el rechazo de su propia comunidad, que le exigía irse de su casa porque sabían que venía de Chile, país con una alta tasa de contagios.
Un mes después de que Sofía llegó a casa, su compatriota Boni Flores, de 23 años, esperaba, sin recursos, poder cruzar la frontera para reencontrarse con su esposa e hija. Boni no alcanzó a estar entre los primeros bolivianos que regresaron como consecuencia de la pandemia y por eso no tuvo cupo en albergues oficiales. En el camino fue estafado por una “coyote” que le quitó el poco dinero que había ahorrado, y luego, al intentar llegar a pie a la frontera, fue detenido por carabineros.
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Hacia el centro del continente americano hay historias similares. Juan, nicaragüense de 38 años, logró cruzar la frontera para ingresar a su país el 22 de abril. Pero antes de lograrlo permaneció cinco días en la frontera entre Honduras y Nicaragua. Justo en medio de un puente, en una especie de tierra de nadie. Los cuerpos de seguridad de Honduras no lo dejaban dar vuelta atrás y los policías de su país no le permitían entrar.
Los gobiernos, no tienen en primera línea de prioridad garantizar el derecho al retorno de sus connacionales. Aunque ya permiten el paso de nacionales en las fronteras, con la condición de que cumplan cuarentenas como medida preventiva, el rechazo, trato indigno y condiciones insanitarias han sido evidentes en los casos de Francisco, José, Sofía, Boni, Juan y los grupos que viajaban con ellos.
Los albergues, en vez de ser instancias controladas para prevenir el ingreso del virus, se han vuelto núcleos de infección, y, aún después de superarlos, muchos se encuentran con el rechazo de su comunidad. Una suerte de xenofobia invertida -contra los mismos connacionales que han retornado- se ha expandido como el virus por toda la región.
#HuellasDeLaPandemia, un trabajo colectivo de varios periodistas de la región miembros de su Comunidad Periodística, recoge las historias de varios migrantes que reflejan las consecuencias de este desamparo estatal. Para conocerlas ingrese
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